La anulación de la amnistía fiscal no tendrá efecto alguno para los 31.000 acogidos.
El Constitucional avala que no se revisen las regularizaciones, que ya han prescrito.
El Tribunal Constitucional (TC) dio ayer un varapalo verbal y jurídico a la amnistía fiscal, si bien su sentencia no tienen ningún impacto a efectos prácticos para los 31.529 acogidos a la regularización de 2012. El dictamen declara «no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad» las declaraciones tributarias «firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica». Es decir, el TC avala las declaraciones presentadas.
Unas regularizaciones que ya han prescrito, al haber pasado más de cuatro años desde que acabó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal en noviembre de 2012. La disposición anulada de la amnistía fiscal consideraba como renta declarada lo incluido en esta declaración especial. «Por tanto no es posible imputar por esos bienes y derechos un incremento de patrimonio», señala el socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo. Fuentes de Hacienda rechazan que la sentencia cuestione el fondo de la regularización, sino la forma de aprobarla.
¿Puede Hacienda investigar las declaraciones de la amnistía fiscal? Sí, de hecho lleva haciéndolo desde 2013 pero no de forma aislada, sino cruzada con más información como la declaración de bienes en el exterior. La Agencia Tributaria tiene una macrobase de datos con todo ello.
La amnistía afloró 40.000 millones de euros hasta entonces ocultos a los ojos del Fisco. La regularización establecía un gravamen del 10% sobre las rentas afloradas, si bien posteriormente la Dirección General de Tributos precisó que solo se pediría sobre los ejercicios no prescritos, es decir, los cuatro últimos que arrancaban en 2008. Por ello, en lugar de recaudar el 10% de lo declarado, se ingresaron 1.200 millones, solo un 3% y por debajo del objetivo de 2.500. En su momento Hacienda se reunió con despachos para convencer a los futuros acogidos, ante la posibilidad de que el Fisco les investigara. Finalmente, la mayor parte de las regularizaciones se presentaron en los últimos días de plazo.
Amnistiados conocidos
Rodrigo Rato, exvicepte. del gobierno y exministro de Economía y Hacienda, presentó la amnistía fiscal el último día de plazo en 2012, el 30 de noviembre, y pagó al Fisco 11.533 euros, un 3,35% de los 344.213 euros que afloró.
Oleguer Pujol. El hijo pequeño del clan Pujol, regularizó tres millones de euros gracias a la amnistía fiscal. Su hermano Josep también afloró otros dos millones.
José Ángel Fernández Villa, sindicalista de UGT. El secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias durante 34 años que tuvo un papel clave en las movilizaciones mineras de finales de los ochenta regularizó 1,4 millones de euros con la amnistía fiscal.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, presentó la amnistía fiscal, aunque Hacienda se la denegó por presentar datos «inveraces». El extesorero del PP afloró 10,9 millones de euros procedentes de una empresa uruguaya
Diego Torres, antiguo socio de Iñaki Urdangarín, se acogió a la amnistía fiscal y regularizó una cuenta en Luxemburgo en la que tenía 160.000 euros.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SIEMPRE LLEGA TARDE O NO LLEGA Y LUEGO NO RESUELVE NADA ¿PARA QUÉ SIRVE?
LO QUE NO PAGARON ESTOS SEÑORES LO PAGÓ LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA, ESO ES UNA INJUSTICA ¡SR TRIBUNAL CONSTITUCIONAL¡ Y EL FALLO SIN EFECTO OTRA INJUSTICIA OFENSIVA PARA EL CONTRIBUYENTE Y DA COMO SALDADA LA DEUDA DE LOS DEFRAUDADORES.VERGONZOSO.
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