El ministro de Fomento lamenta «la falta de responsabilidad política que aboca a que los españoles vayan a tener que pagar una sanción europea de su bolsillo».
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha criticado la «falta de responsabilidad» de los partidos políticos que han tumbado el real decreto-ley de reforma de la estiba. La decisión de estas formaciones, indicó en una comparecencia posterior al Pleno del Congreso, «aboca a que los españoles tengan que pagar una sanción muy importante, que vendrá directamente de su bolsillo».
De la Serna subrayó que «no se puede obligar a las empresas» a asumir las limitaciones de contratación y competencia que establece la actual normativa española, rechazada por la Unión Europea. Las formaciones parlamentarias «tenían la mayoría» para modificar esta legislación, pero la «intención» que ha guiado la votación para la convalidación del decreto, añadió, «ha sido otra». El texto normativo «cumple con las garantías de empleo» y «difícilmente se pueden encontrar pegas».
El Gobierno no descarta que se pueda alcanzar un acuerdo en la mesa de negociación colectiva la semana que viene entre patronal y sindicatos. Pero el titular de Fomento advirtió de que el tiempo apremia, ante la amenaza de la sanción de la UE. «La única propuesta que hemos podido ver en el pleno ha sido un palo al Gobierno pagado por el bolsillo de los ciudadanos».
Defensa del real decreto-ley
En la defensa del real decreto-ley para la reforma de la estiba, que hoy se vota en el Pleno del Congreso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicato esta mañana a las formaciones parlamentarias que la derogación del texto normativo no supondría un golpe al Ejecutivo, un ataque político a la Administración de Mariano Rajoy, sino una multa que deberán asumir los ciudadanos españoles. «No existe tal daño al Gobierno, el daño se produciría al conjunto de los españoles, que van a tener que pagar esa multa. No piensen tanto en el Gobierno como en ellos», solicitó el titular de Fomento a los grupos de la oposición durante su intervención en el hemiciclo, acompañado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como única representante del Gobierno.
De la Serna recordó que dicha reforma viene impuesta por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y, por tanto, a ello se debe su tramitación con carácter de urgencia. «Está a punto de caer», dijo, una segunda sanción con sanciones de 134.107 euros diarios, «como puso de relieve la comisaria de Transportes», Violeta Bulc, el pasado 7 de marzo durante su intervención en la Cámara Baja. El ministro añadió que «ya se adeudan cerca de 23 millones de euros», acumulados tras una primera sentencia, cuantías que «se pueden salvar si se aprueba el real decreto-ley».
«El Gobierno estaba obligado a hacer lo que ha hecho», reconoció, tras referirse a los dos años de negociaciones entre patronal y sindicatos, de las que nacieron diversas propuestas que chocaron con la doctrina de la Comisión Europea, que veta la normativa española de la estiba por impedir la libre contratación de trabajadores. «El Gobierno no ha tenido margen libertad» para fijar «los términos» de la reforma, ya que debía respetar «las limitaciones» de Bruselas, «como se puede acreditar» en las comunicaciones con el Ejecutivo comunitario.
El real decreto, detalló, parte de una base muy esquemática, con el único propósito de responder a las exigencias de Bruselas, y emplaza a la negociación colectiva a patronal y sindicatos para que en ese marco determinen las nuevas condiciones laborales y las garantías de empleo: «El real decreto ley es muy sencillito, no tiene prácticamente nada, no entra en otro tipo de consideraciones».
En este sentido, De la Serna desgranó los puntos de la propuesta de acuerdo tripartipo que trasladó ayer el Ejecutivo a los agentes sociales, cuyos pilares son el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo, reconociendo la subrogación de los empleados en los nuevos centros portuarios de empleo y en las empresas; un programa de prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con un 70% del salario, la fijación de medidas de productividad para las firmas de la estiba a través de los convenios colectivos y una comisión de seguimiento para supervisar el cumplimiento de los términos del diálogo social.
El ministro subrayó el «carácter extraordinario» de dichas ayudas, que incluso pueden generar «cierta discriminación» frente a otros trabajadores del sector privado. «Algunos dicen que el Gobierno va más allá de lo que debería hacer. No lo sé. Sé que con este esfuerzo se consigue esta garantía y es un esfuerzo sin precedentes en el sector privado. Pensamos que este esfuerzo facilita el acuerdo».
UN VOTO QUE CUESTA 134.000 EUROS DIARIOS AL BOLSILLO DE LOS ESPAÑOLES Y LAS PENSIONES CONGELADAS¿ES JUSTO?¿UN CAPRICHO?
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