El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
España se libra de la multa de Bruselas por incumplir el déficit.
La Comisión establece unas nuevas metas fiscales muy duras para España y Portugal, con objetivos del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% en 2017.
En un sorprendente movimiento de última hora y después de más de tres horas de tensa reunión, la Comisión Europea ha decidido hoy cancelar la multa a España y Portugal pese a los continuos incumplimientos de los objetivos de déficit, según informan las fuentes consultadas y a falta de que Bruselas lo comunique oficialmente. España llevaba días presionando. Italia y Francia se oponían a las sanciones. Pero Bruselas ha encontrado finalmente una escapatoria que le permite no estrenar las sanciones del Pacto de Estabilidad con dos de los países más golpeados por la reciente crisis financiera y que más recortes han aplicado.
España y Portugal se exponían a una multa de hasta el 0,2% del PIB: unos 2.200 millones en el caso español. La Comisión presentó el lunes tres opciones: la cancelación del procedimiento de infracción —la posibilidad preferida por el comisario Pierre Moscovici—, la multa máxima (esos 2.200 millones, que quedaron descartados) y una sanción de 1.100 millones propuesta por el vicepresidente Valdis Dombrovskis. Esa cifra se consideraba demasiado castigo. Dombrovskis ha planteado hoy hasta 500 millones de multa, pero finalmente el ala dura de la Comisión Europea ha salido derrotada.
A cambio, Bruselas establece unas nuevas metas fiscales muy duras para España y Portugal, con objetivos del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% en 2017 y el 2.2% en 2018. La Comisión estrechará la vigilancia sobre las cuentas públicas, con informes trimestrales. Y quiere un presupuesto austero para 2017, con un recorte estructural de 5.000 millones —sin tener en cuenta el ciclo económico—.
Algunos de los principales expertos internacionales habían manifestado días atrás su rechazo a la sanción alegando que sería contraproducente en la tesitura actual, con un ramillete de riesgos económicos y políticos al acecho que han podido pesar en la decisión de Bruselas.
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