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viernes, 1 de marzo de 2013

GALLARDON QUIERE IMPONER SU VERDAD ABSOLUTA.

EL PODER JUDICIAL YA ESTÁ BASTANTE MANIPULADO POR LOS GOBIERNOS, SIN IR MÁS ALLÁ. LA JUSTICIA TIENE QUE SER INDEPANDIENTE SÓLO FIEL A LAS LEYES Y NO AL GOBIERNO DE TURNO.

La propuesta para reformar la LOPJ busca evitar presiones sobre la actuación judicial.(Falacia)
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) podría prohibir a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales. Esta es una de las propuestas que contiene el texto entregado ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por la comisión de expertos presidida por el magistrado Luis María Díez-Picazo. El ministro también recibió el borrador de la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial de manos del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado, mientras que el magistrado Manuel Marchena le hizo entrega de la propuesta para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Presión interna
Según el artículo 45 del borrador de reforma de la LOPJ, «los jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados». La medida, que es una nueva «norma de conducta» para la carrera, tiene como fin proteger a los jueces de la «enorme presión» que supone que sus propios compañeros opinen o critiquen sus decisiones en los medios de comunicación.

«Conductas perturbadoras»
Por otra parte, y siempre con el objeto de «reforzar la independencia judicial», se dotará de eficacia a los acuerdos adoptados por el CGPJ para amparar a los jueces que se sientan perturbados en su independencia. Frente a «graves perturbaciones del exterior», el Consejo podrá dictar «una orden de cesación de la conducta perturbadora».

Quienes no la cumplan podrían incurrir en la comisión de un delito contra la Administración de Justicia. Será el órgano de gobierno de los jueces el que determine si realmente se produce esa grave perturbación y quien ponga los hechos en conocimiento del fiscal si persistiera la conducta perturbadora, venga de quien venga, prensa, politícos, etcétera.

Los jueces que actúen individualmente y se sientan presionados podrán solicitar el apoyo de otros dos magistrados para tomar las decisiones de forma colegiada en cualquier fase del procedimiento.

La propuesta de los expertos incluye otras novedades como la financiación de las asociaciones judiciales solo a través de las cuotas de los afiliados (y no vía impuestos) para protegerlas de «condicionamientos e instrumentalizaciones exteriores». Los expertos también proponen incluir un examen de aptitud psicológica de los aspirantes a juez que hayan aprobado la oposición.



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