NO PUEDO PUBLICAR FOTO PORQUE PICASA-GOOGLE ME QUIERE COBRAR POR ELLO.
LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA. AHORA HABRÁ “JUSTICIA” SÓLO PARA LO S RICOS, PARA QUIEN PUEDA PAGARLA ,YA FUNCIONABA DE POR SÍ SÓLA MUY MAL PUES ARRIAMABAN EL ASCUA A LOS PODEROSOS Y A PARTIR DE AHORA LOS ICOS Y PODEROSOS AVASALLARÁN A LOS MÁS HUMILDES Y SE IMPONDRÁ LA LEY DE L A SELVA EL MAS PODEROSO Y DEPRAVADO TRIUNFARÁ A COSTA DEL DÉBIL. ES UNA TROPELÍA A LA CONSTITUCIÓN, “TODOS LOS CIUDANOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, ¡MENTIRA SEÑORES GALLARDÓN Y RAJOY¡ OTRO MORDISCO A LA SOCIEDAD DEL BIESNETAR CIUDADANO.
La Abogacía alerta de la imposibilidad de pagarlas al no publicarse el correspondiente impreso
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley en la que seaprueban las tasas judiciales, que quedan situadas entre los 100 y los 1.200 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entrará en vigor mañana. Sin embargo, tal como está advirtiendo el Consejo General de la Abogacía a sus asociados, mañana no se podrá hacer efectivo el pago de la nueva norma ya que el ministerio no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales.
El preámbulo de la norma publicada hoy señala que "subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos". Y añade que la norma "pone todo el cuidado" en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social "no afecte al derecho a acceder a la justicia", tal como señala el preámbulo.
La diferencia básica de la nueva ley de tasas es que retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso, para las que las tasas son una novedad. Hasta ahora solo eran de aplicación para las empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros, para las que ahora ha habido un incremento. Ahora se aplicará a todos, excepto a los beneficiarios de justicia gratuita (turno de oficio). Además, es la primera vez que se imponen precios en la jurisdicción social.
El Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la medida alegando un intento de paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, ha logrado poner de acuerdo a jueces y abogados, además de a usuarios, de los que ha recibido numerosas numerosas críticas, ya que consideran que, a partir de su aplicación, la justicia no será igual para los ricos que para los pobres. Las nuevas tasas se han interpretado también como un copago judicial.
Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales firmaron un manifiesto conjunto en el que exigían la retirada de la ley por la defensa del servicio público. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se reunió ayer con representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, para aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales, después de que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, anunciara que llevarán la norma al Constitucional, ya que consideran que vulnera la igualdad de los españoles y el acceso al derecho de tutela efectiva.
Las prisas del Gobierno por aprobar la norma toparon además con el plante de la toda la oposición, que exigía más calma para estudiar bien las medidas.
UNA DEMOCRACIA PUTREFACTA POR POLÍTICOS CORRUPTOS Y JUECES VENDIDOS A LOS FAVORES POLÍTICOS.
Interior sigue sin saber de dónde salió el supuesto “borrador” policial.
El documento no está en el expediente, y el ministerio sospecha que ha sido elaborado a partir de datos de materiales de distinta procedencia, incluyendo denuncias anónimas
El Ministerio del Interior asegura que el supuesto borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que pone bajo sospecha de haber cometido graves delitos de corrupción a dirigentes de Convergencia i Uniò —entre ellos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol—, y sugiere que se enriquecieron de forma ilícita a través de las comisiones del Palau de la Música, es “irregular”. No consta como parte de la investigación y, según Interior, ayer aún se desconocía su autor. Es un documento que podría haber sido elaborado de forma extraoficial solo para filtrarlo a un medio de comunicación, según indica un portavoz del ministerio. El diario El Mundo ha ido desgranando dicho borrador desde el viernes, nueve días antes de que se celebren las elecciones catalanas, razón por la cual Mas acusa al Gobierno de haber cometido un delito electoral; de tratar de condicionar las elecciones con un informe, según él, inventado.
El documento, según la versión del Gobierno, no existe oficialmente. Interior, sin embargo, hace un quiebro: admite que es irregular, pero dice que la mayor parte de sus afirmaciones están en “material disperso” acumulado en investigación del caso Palau. ¿Cuál es este material? Por un lado, cuatro informes judicializados entre noviembre de 2001 y mayo de 2012. Pero estos informes, incorporados al sumario, no incluyen acusaciones contra Mas, su padre o Pujol, principal novedad del borrador fantasma del que ni la Policía ni Interior se hacen responsables. Por lo tanto, ¿en qué material se basa esta denuncia en concreto? Según Interior, en otros papeles de la investigación: minutas policiales, escritos anónimos y papeles de confidentes, entre otros.
La investigación judicial sobre el caso Palau nació por el desfalco que presuntamente perpetraron el presidente de la Fundación, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, cifrado en 24 millones de euros, según el informe de Hacienda que obra en el sumario. Más tarde se abrió una pieza separada ante los indicios de que parte de esos fondos se habían desviado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) vehiculando los pagos a través de su fundación, la Ramon Trias Fargas.
Los informes oficiales de la Policía y los complementarios de Hacienda hablan de los indicios de financiación irregular del partido y acusan a algunas empresas, especialmente a la constructora Ferrovial, de haber pagado comisiones por obras públicas al Gobierno de Pujol. Ferrovial, presuntamente, habría abonado grandes sumas al Palau en concepto de mecenazgo, dinero que en realidad servía para pagar las comisiones por obras como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. El Palau de Millet hacía de intermediario en esos pagos, que representaban el 4% del importe de adjudicación. El reparto se hacía de la siguiente manera: 2,5% para el partido y el 1,5% restante para Millet, Montull y colaboradores.
El informe oficial de la UDEF que detallaba esa presunta financiación irregular fue el último presentado ante el juez en mayo, y gran parte de su contenido se había publicado. Desde entonces, el magistrado no ha pedido nuevas diligencias a la policía ni se le han presentado de oficio. Los documentos judicializados no acusaban a los “líderes políticos” de CDC ni a “sus familiares directos”.
Pero, según el borrador policial fantasma, el reparto del 1,5% para Millet, Montull y colaboradores incluía también el desvío de fondos a “cuentas personales de los dirigentes” del partido. En concreto, se habla de las familias Mas y Pujol y también de Felip Puig, consejero de Interior. El firmante del borrador pide un nuevo análisis de toda la documentación de la investigación junto con “otra facilitada por colaboración anónima”. Se cita, también, la supuesta aparición de unos “testigos voluntarios” que habrían explicado esas comisiones y detallado el presunto patrimonio de los dirigentes. No se explica por qué toda esta información no ha sido tratada por la UDEF que lleva la investigación y enviada, si así se consideraba pertinente, al juez.
El borrador acusa además a los Mossos d’Esquadra de ocultar al juez una carta anónima que incluía “datos y documentos muy sensibles relacionados con la familia Pujol y con Artur Mas”, según El Mundo. Losmossos lo niegan y se han querellado por injurias y calumnias contra los autores de las informaciones.
La carta presuntamente escondida por los mossos, del 24 de noviembre de 2011, incluía supuestamente información sobre un entramado societario de la familia Pujol y sobre las supuestas comisiones que el padre de Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que habría desviado parte a su hijo Artur. Los indicios que presenta el borrador en contra del padre de Mas son que, en 2008, se encontraron dos depósitos en Liechtenstein a su nombre con más de un millón de euros, que en ese momento él mismo reconoció tener otra cuenta en Suiza con más de dos millones, y que, según la policía, “no hay ninguna operación que permita justificar que guardase tanto dinero en un banco”. No consta, en este caso, relación concreta de estas cantidades con el Palau, al menos en el borrador.
El documento hace una relación exhaustiva de las sociedades e inversiones de los Pujol. La relación con el caso Palau se basa, según el borrador, en una supuesta anotación de documentos del Palau en la que se señala que quedaba pendiente de pago “el 20% de lo asignado a Palau a JP hijo”, y que su padre ya había sido informado, “como siempre”. No explica el borrador tampoco por qué este hecho no ha sido comunicado al juez ni si esos archivos acaban de ser encontrados. En el caso de Puig, habla de otra supuesta anotación de 250.000 euros que debían entregarse en su casa.
El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha rechazado la validez del informe. El viernes, el juez emitió un comunicado público en el que afirmaba “desconocer la existencia” de ese documento. Pijuan no había ordenado a la UDEF nuevas pesquisas sobre la presunta financiación irregular de CDC y recordó a la unidad de policía judicial que “no puede llevar a cabo investigaciones sin el mandato del juez”.
El lunes, una nueva información acusaba a los mossos de intentar destruir pruebas que incriminaban a los líderes del partido y de ocultárselas al juez. El borrador policial añadía que Pijuan retiró del caso Palau a la policía catalana por esas presuntas irregularidades. El mismo juez remitió ese día otra nota en la que desmentía las noticias: que losmossos estén apartados del caso y que esos fueran los motivos para encargar esa parte de la investigación a la UDEF. Según fuentes judiciales, la unidad del Cuerpo Nacional de Policía cuenta con muchos más recursos humanos y materiales, por lo que puede afrontar con más garantías el caso.
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