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jueves, 27 de septiembre de 2012

INQUIETUDES

La Asamblea Nacional-París(foto J.A.Miyares)
NOTICIAS INQUIETANTES
El aumento de los intereses se come el ahorro de todos los Ministerios.

El Ejecutivo aprueba los Presupuestos para 2013 con subidas de impuestos y más gasto
Recurre a la hucha de la pensiones por 3.063 millones para pagar las jubilaciones
Aprueba nuevas figuras tributarias por valor de 4.375 millones de euros
El Gobierno ha aprobado hoy unos Presupuestos para 2013 con un recorte del gasto de los Ministerios del 8,9%, el equivalente a 3.883 millones de euros, para cumplir con el objetivo de déficit exigido por Bruselas para el próximo ejercicio: un 3,8% del PIB para la Administración central y la Seguridad Social. Este esfuerzo, sin embargo, queda muy superado por el repunte en la partida de intereses, que avanza en un 33% hasta los 9.742 millones de euros por culpa de las tensiones que sufre España en los mercados.

Por tanto, este incremento del desembolso que el Estado debe realizar para financiarse, apartado al que destinará un total de 38.600 millones en 2013, más que duplica el ahorro generado por la rebaja en las partidas de los Ministerios. Según ha reconocido el Ministro de Hacienda, se trata de una situación "lamentable" que ha descrito como una "consecuencia" de la crisis, pero que hay que asumir por ley.

No obstante, el aumento de los gastos no se queda ahí, ya que también crecen las transferencias a la Seguridad Social con vistas a garantizar la cuantía de las prestaciones. Para ello, traspasará a este organismo 6.662 millones. Dentro de este apartado, el Gobierno ha tenido que echar mano del fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones por 3.063 millones, para pagar las prestaciones, que subirán un 1% en 2013. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha querido aclarar si se procederá a actualizar las prestaciones en función de la desviación del IPC. En noviembre, después de las elecciones en Galicia y País Vasco a finales de octubre, tendrá que tomar una decisión.

En total, el gasto del Estado aumenta un 5,6% con 8.933 millones, hasta un total de 169.775 millones de euros. El 63,3% de este dinero se destinará a gasto social.

En el capítulo de medidas previstas pero que al final no han salido adelante, el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en la rebaja anunciada en las cotizaciones. "Para garantizar la estabilidad del sistema, no lo vamos a poder hacer", ha argumentado Montoro, que ofreció esta medida como contrapartida a la subida del IVA que no gustaba a los empresarios.

Tributos para aumentar los ingresos
Del lado de los ingresos, junto al aumento del IVA ya anunciado, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas tributarias con el objetivo de recaudar 4.375 millones de euros en 2013 y 2014. En este apartado, se pondrá en marcha un impuesto a los premios de loterías, a los que gravará con un tipo del 20%, que hasta ahoran estaban exentos de pagar a Hacienda. Con este impuesto, que ha sido propuesto durante el último mes por el PSOE, la Agencia Tributaria espera recaudar 824 millones.

Además, espera ingresar 90 millones del impuesto a las plusvalías en el primer año incluido en el IRPF, la misma cantidad que obtendrá por la supresión de la deducción fiscal a la compra de vivienda. Otros 300 millones de recaudación adicional provendrán de la actualización de activos de las empresas y calcula unos 2.731 millones por el límite del 70% a las amortizaciones. Por último, Hacienda confía en captar 700 millones gracias a la prórroga del impuesto de patrimonio.

En cuanto al alza del IVA, el aumento del tipo general y reducido proporcionará unos ingresos extras en 2013 de 6.966 millones frente a lo previsto para 2012 en un entorno de caída de la actividad. Se incluyen también cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades, aunque esto no evitará que caigan sus ingresos en un 2,9% hasta los 19.012 millones, y en los impuestos especiales, que sí suben, un 8,3% hasta los 19.956 millones.

"Son unos Presupuestos de crisis para salir de la crisis", ha destacado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha destacado que, además de la partida por intereses y las transferencias a la Seguridad Social, aumenta la partida para las becas.

El Gobierno ya había anunciado un amplio paquete de medidas para reducir el gasto del personal de la Administración. Entre otras medidas, se congelará el salario de los funcionarios por tercer año, se reducirá el número de días de libre disposición, se endurecerán las condiciones por incapacidad temporal y se congelará la oferta de empleo público. Aunque este año no vayan a cobrar la paga extra de Navidad, el Ejecutivo asegura que para el próximo ejercicio volverán a hacerlo.

Por otra parte, el Gobierno también ha puesto en marcha un plan para incentivar la venta de automóviles con una ayuda de 2.000 euros dentro de un abanico de reformas que buscan aumentar la competitividad y el libre mercado. En cuanto al cuadro macroeconómico que acompaña a estos Presupuestos, el Gobierno mantiene la previsión de caída del 0,5% del PIB, proyección que no tiene crédito en los mercados ya que los organismos internacionales y los servicios de estudios privados prevén una caída de más del doble.

El Gobierno usará 3.063 millones del Fondo de Reserva para pagar pensiones.
Los Presupuestos para el próximo ejercicio vuelven a dejar en el aire la actualización con el IPC de los pagos

Las penurias económicas de la Seguridad Social han llevado al Gobierno a echar mano del Fondo de Reserva este año para poder pagar las pensiones, según ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En concreto utilizará 3.063 millones. Lo máximo que permite la ley.

El Gobierno incluirá en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2013 una revalorización de las pensiones, un 1% según ha anticipado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sobre la actualización, Montoro ha dicho que se "sigue vigente la normativa de revalorización", pero no ha aclarado si está en sus planes cambiarlo a corto plazo. Esa normativa dice que en noviembre se revisan las pensiones en función de la evolución del IPC. Es decir, si a comienzos de año, crecieron un 1% y la inflación de noviembre es superior, el Gobierno tendría que compensar a los pensionistas con una paga y consolidarla en la paga del proximo año. Pero la incógnita sigue en el aire.

El Parlament pide la celebración de una consulta sobre la independencia.
La resolución la han aprobado los 84 diputados de CiU, ICV, ERC y Solidaritat
El PSC se ha abstenido y el PP y Ciutadans han votado en contra

El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una resolución para promover una consulta de autodeterminación de Cataluña la próxima legislatura. La votación ha contado con el apoyo de 84 de los 135 diputados de la cámara catalana (CiU, ICV, ERC y Solidaritat), la abstención del PSC (25 votos) y la oposición del PP (18) y Ciutadans (3).

El texto aprobado constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda "determinar libre y democráticamente su futuro colectivo” e insta al Gobierno catalán “a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura”, que comenzará tras las elecciones anticipadas del 25 de noviembre. El diputado socialista Ernest Maragall ha roto la disciplina de voto en este punto de la resolución y ha votado a favor, como ya hizo en la votación del pacto fiscal.

El Gobierno advierte a Mas que recurrirá al Constitucional para parar su consulta.
Subraya que la consulta sería inconstitucional y debe autorizarla el Gobierno
"Hay mecanismos para detener la consulta y el Gobierno está dispuesto a usarlos"
Afirma que afectaría a la organización territorial, sobre lo que decide "el conjunto del censo"

El Gobierno ha lanzado un claro aviso a Artur Mas desde la mesa del Consejo de Ministros: que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional para detener cualquier intento de convocar un referéndum de autodeterminación. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ha sido taxativa: "La consulta sería inconstitucional, lo que conllevaría la suspensión automática de la decisión de convocar el referéndum. Es decir, se va directamente al Tribunal Constitucional y se suspende la convocatoria de ese referéndum con solo que lo pida el Gobierno". Y ha dejado otra cosa clara: hay instrumentos "jurídicos y judiciales" para parar la consulta y "el Gobierno está dispuesto .

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