Nos enseña una sentencia popular, y hay silogismos concluyentes que así lo certifican, que un tonto hace un ciento si le dan lugar y tiempo. El lugar puede ser España, sin que de ello se desprenda ningún tipo de exclusividad original. La afirmación alcanza cualquier lugar del mundo donde la humanidad asentó sus reales, donde el hombre manifiesta su existencia. Dicho con otras palabras: todos los países tenemos nuestros propios tontos domésticos, o tontos de base, génesis de esa reproducción de la necedad en progresión geométrica que, en no pocos casos, llega a alcanzar cifras de siete dígitos. Esto que acabo de recordar es un refrán que nos interroga a la vez que alerta sobre la facilidad que tienen los populismos para colonizar nuestras tripas y hacernos caer en la red de la simpleza argumental con el objetivo de obtener confianza y apoyo. Usan la palabra como arma psicológica destructiva de cualquier pensamiento humanista. Para cuando nos damos cuenta del engaño o estafa mitinera, el populismo ya cobró su factura política de carácter cavernario. De nosotros depende desconfiar y hacernos refractarios al pensamiento ultra, a la verborrea fácil que nos muestra el engaño de una España en derribo asediada por la cultura woke. Curiosamente, las calamidades sociales asociadas a fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático provocado por la depredación industrial, son obviadas por el negacionismo de pensamiento reduccionista y simplista al servicio del poder empresarial, económico y financiero.
Ascendamos ahora al siguiente eslabón en la cadena de la desconfianza institucionalizada en España: la ideología política invasora de la institución judicial, puesta de manifiesto en las resoluciones de los procesos jurídicos al servicio de determinadas organizaciones políticas. Llama la atención cómo pasados diez días desde la condena conservadora al ya exfiscal general del Estado desconocemos la redacción de la fundamentación jurídica en que se apoya la condena. Esta anomalía judicial, por tanto democrática, da pie a distintas interpretaciones, todas ellas corrosivas, dentro del espacio legal, para un Estado de Derecho. Da la sensación de que el sector conservador de la sala segunda del Supremo no sabe cómo hilar la teoría de hechos probados sin que se les caiga todo el andamiaje imaginativo, sin pruebas reales que lo sustenten. Es como si ahora, después de las prisas condenatorias lanzadas al espacio mediático, tuvieran que ajustar el desenlace a un nudo gordiano que no saben cómo deshacer. Hay demasiados ojos dispuestos para el análisis de esa sentencia. Una posible metedura de pata de los señores Marchena y Arrieta puede llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de que el TC abra una grieta en el fallo, y dejar con las posaderas al aire a toda la Justicia española. Es lo que tiene creerse indestructible y proyectar fobias ciegas sobre uno de los poderes del Estado, despreciando el riesgo que esto supone para la credibilidad institucional. La independencia judicial como hecho garantista de fiabilidad es una quimera, un trampantojo retórico diseñado para la perpetuación de las mayorías conservadoras.
El último eslabón que cierra el círculo de la desconfianza ciudadana lo protagonizan Ábalos, Koldo y Cerdán, con distinto impacto social, pero con idéntica contribución a la desafección y pérdida de credibilidad sobre las instituciones representadas por la izquierda socialista y el progresismo más utópico. El ingreso en prisión, primero de Cerdán y ahora de Ábalos y Koldo, exige la cabeza de Pedro Sánchez al frente de la secretaría general del PSOE. Haría bien el presidente del Gobierno en convocar primarias y abandonar el despacho del número 70 de la madrileña calle Ferraz, con la finalidad de dar tiempo suficiente a su nuevo inquilino o inquilina para preparar un cartel ganador de cara a la consulta electoral, decisión exclusiva de Pedro Sánchez. Enrocarse en la permanencia solo contribuye al montaje escénico de otro circo ultra como el visto este domingo en los jardines del Templo de Debod, donde tanto asistentes como convocantes exigían algo más contundente y dramático que el anticipo electoral. El nacionalismo españolista se impacienta y reclama con insistencia lo que cree le pertenece por gracia divina. Precisamente, la perversión de los nacionalismos excluyentes e incluyente es creerse dueños y señores de la tierra que pisan.
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