Vivimos en una sociedad donde con frecuencia se repite la idea de que solo los expertos tienen la autoridad para opinar sobre ciertos temas. Sin embargo, esa visión es incompleta y peligrosa: el derecho a opinar no depende de títulos académicos, sino de la inquietud, la experiencia y la capacidad de reflexionar.
Quien ha trabajado, estudiado, practicado deporte, leído o simplemente ha observado con atención el mundo, ya posee elementos suficientes para interpretar la realidad. La opinión no exige ser un erudito, sino un ciudadano comprometido que no se conforma con ser un espectador pasivo. Porque la pasividad, aunque cómoda, abre la puerta a los corruptos, a los oportunistas y a quienes ocupan lugares en la vida pública que no merecen.
Opinar es, por tanto, un acto de compromiso. Y el compromiso incomoda: molesta, genera desacuerdos, despierta críticas. Pero esa es precisamente la riqueza de la vida democrática: el contraste de ideas, siempre desde la educación y el respeto. Cada persona es dueña de sus opiniones, pero también responsable de lo que expresa y de cómo lo argumenta.
El derecho a opinar no significa creerse superior, sino ejercer un principio básico de ciudadanía. Lectores, oyentes y televidentes no deben tragarse todo lo que reciben: tienen el derecho –y la obligación– de confrontar, discrepar y exigir explicaciones.
En definitiva, opinar es un acto de libertad y también de responsabilidad. Callar puede parecer más fácil, pero participar con honestidad y criterio es un deber ciudadano. Solo así evitaremos que el debate público quede en manos de los menos decentes y de los más audaces en aprovecharse de la indiferencia colectiva.
Porque callar es cómodo, pero opinar con compromiso es construir sociedad.
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