La puerta abierta de Navarra a la anexión vasca.
Los nacionalistas tienen como objetivo celebrar la consulta para unirse a Euskadi que permite la disposición transitoria cuarta de la Constitución, pero ahora carecen de la mayoría suficiente.
Navarra tiene una particularidad notable que marca una diferencia esencial con el resto de las comunidades españolas: la existencia de la llamada disposición transitoria cuarta en la Constitución, que deja abierta la posibilidad de una anexión al País Vasco. Esta disposición otorga al Parlamento navarro la posibilidad de convocar una consulta vinculante para decidir si la comunidad se incorpora al País Vasco, como han pretendido los nacionalistas desde el comienzo de la Transición.
La actual presidenta del Gobierno de Pamplona, Uxue Barkos, ha manifestado que ella votaría a favor de la unión de los dos territorios, pero que, por el momento, no se plantea esa consulta porque no existe una mayoría a favor entre los 640.000 habitantes de Navarra, de los cuales más de 250.000 viven en Pamplona y su entorno.
«Navarra es un reino con cerca de doce siglos de historia. Y además es más grande territorialmente que la suma de las tres provincias vascas. Por ello, es un objeto de deseo del nacionalismo vasco, que necesita reinventarse con una tradición histórica de la que carece», manifiesta Javier Esparza, líder de UPN, el partido más votado en las anteriores elecciones autonómicas y que ha gobernado Navarra durante dos décadas.
Efectivamente, Navarra se consolidó como Reino durante la Reconquista. Alrededor del año 820 –las fechas no están claras– un noble llamado Iñigo Arista se coronó como Rey de Pamplona, inaugurando una estirpe que continuaría hasta que Fernando el Católico tomó la ciudad en 1512 y anexionó el Reino de Navarra a Castilla y Aragón.
El régimen foral
Navarra fue un virreino hasta 1841, fecha en la que, tras la división del Estado en provincias realizada por Javier de Burgos, se firmó la llamada Ley Paccionada. Esta suponía la liquidación del viejo régimen feudal y la transformación en una provincia de Navarra a cambio del reconocimiento de sus fueros.
Este régimen foral sería mantenido y ampliado durante más de un siglo, incluyendo la etapa del general Franco. En 1982, tras una compleja negociación política, el Parlamento español aprobó la Ley de Amejoramiento, que es la norma por la que se rige Navarra.
Esta disposición se acoge a la tradición foral y, por ello, basa su legitimidad en la Ley Paccionada. Dicho con otras palabras, el Estado español aceptó reconocer los fueros que ya regían desde hace siglos en el territorio navarro. Por eso, esta comunidad es la única que carece de Estatuto de autonomía. Su marco jurídico se enmarca en esa tradición foral que se remonta a la historia de Navarra como reino.
«En unos momentos de continuos ataques y de involución en los que se plantea un recorte de las competencias, hay que recordar que los derechos históricos de Navarra están recogidos en la Constitución de 1978», subraya Uxue Barkos. Y así es porque la disposición adicional primera de la Carta Magna dice lo siguiente: «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», en clara alusión a Navarra.
Esta fuerte identidad histórica que siente la población de esta comunidad no impide al nacionalismo vasco reivindicar una anexión a Euskadi, ya que tanto Geroa Bai, la coalición a la que pertenece Uxue Barkos, como Bildu defienden que los orígenes y la trayectoria de Navarra están vinculados al pueblo euskaldún. Ello está avalado por relatos como el del escritor Francisco Navarro Villoslada, de ideología carlista y conservadora, que publicó en 1877 una novela titulada «Amaya o los vascos en el siglo VIII». «La aspiración de una integración existe, pero no hay una masa crítica. Por eso, no la ponen en marcha», afirma María Chivite, secretaria general del PSN.
A pesar de ello, el nacionalismo vasco es hegemónico en el norte de Navarra, donde Geroa Bai y Bildu gobiernan en la gran mayoría de los municipios. Eso se percibe a simple vista en Echarri Aranaz, Lacunza, Arbizu y otros ayuntamientos limítrofes, donde las dos únicas banderas que ondean en los edificios son la ikurriña y la estelada del independentismo catalán. Ni rastro de la enseña de Navarra y no digamos de la española.
Las calles de Echarri Aranaz están llenas de pintadas que reivindican la libertad de los presos vascos y la autoderminación de Navarra. Ningún comercio exhibe rótulos en castellano. «Estuve una vez en Echarri Aranaz y me tuve que marchar por miedo a que me insultaran o agredieran. Los escoltas me pidieron que saliera corriendo de allí», dice un ex consejero de UPN. Bildu gobierna esta localidad de 2.500 habitantes con un 71% de los votos en las pasadas elecciones municipales.
«Los nacionalistas tienen una hoja de ruta basada en la lengua, los símbolos y el territorio, que son los pilares de la construcción nacional. Su objetivo es claro: la anexión de Navarra por parte del País Vasco. Por eso, la primera propuesta de Bildu en esta legislatura fue el reconocimiento del derecho a decidir», declara Ana Beltrán, líder y portavoz del PP.
Ana Beltrán sostiene que el Gobierno de Uxue Barkos está provocando el cambio de residencia y el éxodo fiscal mediante una política impositiva que lastra el desarrollo económico de la comunidad. «El Gobierno de Navarra, en lugar de hacer caso a empresarios y ciudadanos, presume de haber incrementado la recaudación, algo lógico si tenemos en cuenta que está sangrando a todos los navarros», sostiene.
Según sus datos, el aumento de los impuestos reportará a las arcas de la Hacienda foral alrededor de 20 millones adicionales en dos años, a lo que se suman los 200 millones más de financiación que Uxue Barkos ha logrado en su negociación del Convenio Económico entre Navarra y el Estado.
Beltrán pertenece a una familia de tradición empresarial y subraya que los navarros pagan muchos más tributos que los de otras comunidades. «Pedimos al Gobierno que retire dos impuestos que nos parecen injustos: el relativo a los bienes afectos a la actividad empresarial en el Impuesto del Patrimonio y el Impuesto de Actividades Económicas, que sólo rige en nuestra comunidad y que sufren de manera especial los autónomos», apunta la líder del PP.
Uxue Barkos refuta estas afirmaciones, subrayando que «la fiscalidad es una herramienta de redistribución de la riqueza» y que el incremento en la recaudación de impuestos va a sufragar las políticas sociales y la recuperación del medio ambiente. «Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad a la hora de establecer y recaudar impuestos. Ahí reside la base de nuestro autogobierno. Los tributos propios representan el 97% de nuestros ingresos no financieros y de aquí tiramos para llevar a cabo nuestras políticas», dice.
Barkos defiende sus palabras con datos: Navarra ha disminuido su deuda y ha sido calificada por Standard and Poor’s como la comunidad más solvente de España; ha obtenido el año pasado un superávit fiscal; tiene el nivel de paro más bajo del Estado (por debajo del 10%) y el año pasado se crearon más de 800 sociedades mercantiles en la comunidad, que es de las pocas que supera el promedio comunitario de renta.
Un inversor y abogado navarro de 79 años, afincado en Madrid desde 1971, subraya que los nacionalistas «quieren borrar todo lo que huele a pasado. Había una tradición de pequeños empresarios que está desapareciendo poco a poco», manifiesta.«Navarra es muy grande y me da pena lo que está sucediendo. Antes no podían con nosotros, pero ahora nos han doblegado. Nadie se quiere complicar la vida. Yo me considero primero navarro pero a la vez español», concluye.
Esta sensibilidad es cuestionada por el periodista Iván Giménez, autor de «El corralito foral», libro en el que sostiene que el navarrismo de nuevo cuño que representa UPN fue creado por una oligarquía financiera para proteger sus intereses y para frenar las aspiraciones de integración con el País Vasco.
Javier Esparza cree que los nacionalistas vascos quieren crear las condiciones para la celebración de esa consulta que la Constitución deja abierta y piensa que esta disposición transitoria fue una concesión del Gobierno de Adolfo Suárez al PNV. «UPN nació en ese momento de la Transición para defender los intereses de los navarros. Suárez quería que el PNV apoyara la Constitución a cambio de consentir la anexión de Navarra, pero al final no logró ese respaldo. El problema viene desde entonces», explica.
Esparza afirma que UPN ha sido el partido más votado en todas las elecciones y que sus expectativas son poder liderar el próximo Gobierno en torno a una mayoría no nacionalista. «Creo que todo va a depender de muy pocos votos. Para nosotros, es esencial la posición del PSOE, que puede decantar la balanza de uno a otro lado», manifiesta.
«Política de bloques»
María Chivite no quiere precisar la estrategia de alianza de los socialistas navarros, pero advierte: «Es un error practicar una política de bloques. No hay que alimentar la confrontación. Estamos a tiempo de evitar un proceso a la catalana».
Pero las profundas grietas que fracturan la sociedad navarra se han visto en la agresión de militantes de la izquierda abertzale a los guardias civiles de Alsasua. «No es un episodio aislado. A los dirigentes y militantes del PP nos han sacado carteles como torturadores e intentan condicionar nuestra vida privada. Sufrimos un amedrentamiento constante», señala Ana Beltrán.
Juan Carlos Laboreo, presidente de Afapna, explica que sufre una intimidación permanente y que tiene que escuchar insultos cuando pasea por algunas calles de la capital. «Nadie me puede dar lecciones. Yo he sido director de un instituto y profesor de euskera. Pero eso les da igual. No respetan nada», comenta. Todos los líderes de los partidos constitucionalistas coinciden en que la agresión en Alsasua, sea considerada o no terrorismo por la Justicia, es una muestra del clima de intolerancia creado por el nacionalismo radical en algunas zonas de Navarra. Y consideran que Uxue Barkos debería haber adoptado una posición contundente de condena de estos hechos.
«Ha mantenido una postura equidistante. No es de recibo que su Gobierno apoyara la manifestación de solidaridad con los agresores que están en la cárcel», dice un exdirigente de UPN.
Uxue Barkos lo niega y argumenta que el Ejecutivo que preside ha creado una dirección general de Paz y Convivencia para ayudar a todas las víctimas sin excepción. «Acudí personalmente a visitar a los heridos de Alsasua nada más producirse la agresión. La he condenado con toda rotundidad. Si mi Gobierno apoyó esa manifestación fue porque defendíamos la proporcionalidad de las penas. Nunca hemos querido interferir en la acción de la Justicia ni justificar unos hechos reprobables. Gobernamos para todos», afirma la presidenta.
Paralelismo con Cataluña
Precisa que «no hay ningún paralelismo con Cataluña» porque la situación de Navarra «es muy distinta». «Estamos en un momento de impulso. Somos un Gobierno que ha funcionado bien a pesar de estar formado por cuatro partidos. Todos hemos respetado los acuerdos y las decisiones se han tomado por consenso», afirma Barkos.
«Discrepamos en algunas cuestiones, pero hemos avanzado en materia de protección social, área en la que ha habido un incremento del presupuesto. Mantenemos una relación cordial con todos los socios y eso incluye a Podemos», señala Marisa de Simón, líder de IU.
Esa buena relación podría verse amenaza por la proximidad de las elecciones que se celebrarán en mayo o junio del año próximo, que podrían propiciar un cambio de alianzas. Ni el PSN ni IU descartan una alianza con Geroa Bai y Podemos, dejando fuera a Bildu, para crear una nueva mayoría. Habrá que esperar un año para saber lo que votan los navarros en unas urnas en las que se juega el futuro de Navarra. La campaña ya ha empezado.
ESTE PAIS NO TIENE ARREGLO, NO HAY POR DONDE COGERLO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario