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sábado, 20 de diciembre de 2014

LOS PARAÍSOS FISCALES DEBERÍAN QUEDAR ARRASADOS

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Pujol i Soley, caso cerrado en Liechtenstein.

El juez del Tribunal de Justicia del Principado de Liechtenstein, Michael Jehle, decidió, según ha confirmado EL PAÍS, archivar la investigación sobre posible blanqueo de dinero del ex presidente del gobierno catalán Jordi Pujol i Soley.
  El juez no ha encontrado, tras consultar con las entidades financieras del Principado, cuentas bancarias de Pujol i Soley. El ex presidente ya había negado, el pasado 22 de octubre, tener cuentas en el Principado.
  La existencia de esta investigación ha trascendido a mediados de octubre pasado por filtraciones del Ministerio del Interior español. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró a TVE el pasado 13 de octubre que existía una investigación.
 Después de filtrar Interior la información a la prensa, Fernández Díaz pretendía haber "confirmado" la noticia. "He hecho una llamada telefónica esta misma mañana para confirmar la información", explicó. "Forma parte de la cooperación policial y judicial internacional", dijo.
 El 21 de octubre pasado, trascendía una comunicación electrónica de Interpol del 8 de octubre, filtrada a los medios. La agencia informaba al juzgado número 31 de Barcelona, donde se investiga el patrimonio oculto de la familia Pujol, que un juzgado de Liechtenstein había iniciado diligencias sobre la existencia de cuentas bancarias de Pujol i Soley.
 Interpol Madrid trasladaba una solicitud de Interpol Vaduz en la que se pedía datos de filiación y antecedentes de Pujol i Soley por parte del juez de Liechtenstein al juzgado 31, a raíz de "las diligencias criminales abiertas por el Tribunal de Justicia del Principado con el número 14 UR.2014.405". Las diligencias respondían a la "sospecha de blanqueo de dinero".
   Con todo, el origen de la investigación o los promotores de la misma, no ha trascendido hasta ahora.
  El pasado 22 de octubre, el juez Jehle, en una conversación con este diario, prefirió omitir el nombre de los promotores de las diligencias. “Si la investigación da resultados ya aparecerá el promotor”, dijo, enigmático, Jehle.
   Tras varias comunicaciones con este periódico, el fiscal general de Liechtenstein, Robert Wallner (en la foto que abre esta entrada), contestó a EL PAÍS quién había instado la investigación del juez Jehle.
   “Mi Oficina, la Oficina del Fiscal General, ha solicitado al juez instructor  que asumiera la investigación”, escribió en un correo electrónico Wallner a este periódico, el 24 de octubre.
  La confirmación del origen de las dilgencias por iniciativa del Ministerio Público del Principado hace verosímil, según fuentes jurídicas consultadas en Liechtenstein, el hecho de que la investigación surgió por petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Liechtenstein, un organismo administrativo que mantiene relaciones con la entidad homóloga española Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracción Monetarias), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad,
 La UIF, que dirige Daniel Thelesklaf (foto abajo), no puede, según la ley que regula sus actuaciones, instar directamente a un juez a abrir investigaciones. Debe hacerlo a través del Ministerio Público de Liechtenstein.
  Ayer, el director adjunto o número dos de la UIL de Liechtenstein, Michael Schöb, optó en conversación  telefónica con este periódico por guardar silencio. “Nosotros no podemos emitir opinión alguna sobre esta investigación. Corresponde al juez Jehle tratar el asunto”, dijo.
   La UIL se había dirigido al Sepblac, el 10 de septiembre de 2014, a partir de informaciones recogidas en medios de comunicación donde se mencionaba presuntas cuentas bancarias de Jordi Pujol i Soley, Pujol Ferrusola y Artur Mas, y sobre la empresa Brantridge Establishment, utilizada en operaciones de Pujol Ferrusola, para recabar datos oficiales y judiciales.
JuanManuelVegaSerrano                  Daniel Thelesklaf
 El Ministerio del Interior filtró a la prensa el contenido de dicha comunicación pero las informaciones omitieron el hecho relevante de que la UIL se refería a informaciones recogidas en "medios de comunicación". Es decir: datos públicos.
 El Sepblac, que dirige Juan Manuel Vega (foto a la izquierda), aprovechó la circunstancia para dar un salto y pedir más datos. El 17 de septiembre escribió a la UIL: “Cualquier información que puedan dar sobre Brantridge Establisment, como la identidad de sus propietarios, cualquier nexo entre Artur Mas y cualquiera de los miembros de la familia Pujol (...) sería muy apreciada”.
 Fuentes jurídicas señalan que estas comunicaciones parecían buscar titulares de prensa de cara al referéndum convocado por el Gobierno catalán del 9 de noviembre de 2014.
  La juez titular del juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, acaba de dar cuenta esta misma semana de que ha resuelto, según auto del 11 de diciembre, cursar una comisión rogatoria a Liechtenstein para solicitar que el juez Jehle aporte datos en relación a un posible delito de blanqueo de capitales de "Jordi Pujol i Soley o algunos de los demás imputados en esta causa" (diligencias número 14 UR.2014.405).
  Asimismo, solicita que "se hagan gestiones oportunas ante las entidades financieras radicadas en dicho país a fin de determinar la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo a nombre de los imputados Jordi Pujol i Soley, Marta Ferrusola Llados, Marta Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola y Pere Pujol Ferrusola, o en los que estos figuren como apoderados o autorizados o presenten un vínculo jurídico de cualquier naturaleza".
  La decisión de cerrar el caso supone un anticipo de respuesta en relación con Jordi Pujol i Soley.
 La investigación instada por el Ministerio Público de Liechtenstein canalizó el interés de las autoridades españolas, vía el Sepblac y la UIL, por conocer si Pujol i Soley tenía cuentas bancarias en el Principado.
  En otros términos, las diligencias han sido resultado de una petición de España y no de la apreciación o hallazgo de indicios de  manera independiente por parte de las autoridades de Liechtenstein, como el Ministerio de Interior, a través de las filtraciones a los medios de comunicación, intentó presentar.
 Las filtraciones se aceleraron en los meses previos al referéndum del 9 de noviembre de 2014 y pretendían aprovechar la credibilidad obtenida por la información, confirmada, sobre la existencia de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), con ingresos de 3,4 en diciembre de 2010, realizados por la esposa de Pujol, y los hijos Pere, Oleguer, Marta y Jordi, así como la declaración de Jordi Pujol i Soley el 25 de julio de 2014, en la que desvelaba la fortuna oculta de la familia en el extranjero. 
 El archivo de las diligencias se suma al desmentido de la Union de Banques Suisses (UBS) sobre la existencia de una presunta cuenta bancaria a nombre del actual alcalde de Barcelona, Xavier Trías, una información filtrada también por el Ministerio del Interior.
  El banco suizo, a petición de Trías, informó que el número de la cuenta, difundido por Interior, ni siquiera reflejaba la correlación númerica de la UBS, siendo una falsificación completa.
 Habida cuenta de que el Ministerio del Interior también filtró que Trías había transferido fondos (12,9 millones de euros) de la cuenta en UBS, inexistente, a bancos de Andorra, el alcalde ha solicitado a las entidades financieras una aclaración sobre si posee cuentas bancarias en el Principado. Las entidades se han negado.
 Por ello, Trías ha utilizado la vía constitucional para que las entidades financieras andorranas se vean obligadas judicialmente a informar sobre si existen dichas cuentas  en el Principado.
  Se han interpuesto demandas individuales contra cada entidad (AndBank, Banca Privada de Andorra, Sabadell Andorra, Banca Mora, Credit Andorra) porque el derecho al honor se ve perjudicado por el mantenimiento del secreto bancario. Las demandas podrían estar resueltas a primeros de 2015.
COMENTARIO:
El mayor mal del que hemos enfermado en España bajo la libertad y la democracia, ha sido la corrupción a costa del dinero público como algo normal.
O sea, el engaño puro y duro a costa de ofrecernos a la gente como gancho la panacea de los votos, y la defensa de las idiosincrasias patrias.
Sin menoscabo de las banderas y las identidades.
Y a partir de ahí, hemos entrado en un ancha es Castilla en donde desde la impunidad del cargo se han hecho todo tipo de desmanes a costa de la ciudadanía.
Desmanes o delitos rampantes como los que los estamos viendo a cada momento en las noticias