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domingo, 28 de agosto de 2016

ASESINATO A SANGRE FRIA

Agujeros de bala en la cerradura de una de las puertas forzadas por los hombres armados

Asesinato a sangre fría en el hotel Terrain.


Violaciones, torturas, saqueos... Reconstruimos, a través del relato de una víctima, el asalto de hombres armados a un hotel de extranjeros en Sudán del Sur y la falta de respuesta de los cascos azules.

Una tarde algo más tranquila que las anteriores. Era 11 de julio. Los inquilinos del hotel Terrain de Juba, cooperantes y contratistas extranjeros en su mayoría, soltaban nervios tras cuatro días de combates entre militares y rebeldes en la capital de Sudán del Sur. Habían muerto alrededor de 300 personas antes del alto el fuego firmado entre el presidente Salva Kiir y su exvicepresidente Riek Machar. Poco antes de las cuatro de la tarde, muchos se arremolinaron en el hall del hotel, un oasis de seguridad para los expatriados, ante el ruido que llegaba de la entrada exterior del Terrain. "Cuando vimos que se trataba de un ataque", dice al teléfono el filipino Gian Libot, de 29 años, "corrimos a las habitaciones; yo logré esconderme debajo de una cama". Lo que vino a continuación fueron cuatro horas de caos y pesadilla; violaciones, agresiones, torturas, un asesinato y mucha indignación por la falta de respuesta de los cascos azules de la ONU, acuartelados a un kilómetro de distancia del hotel —la organización cuenta con más de 12.000 militares en todo el país—.
Destrozos en una de las casetas del hotel tras el saqueo de hombres armados.
Libot, trabajador humanitario de vuelta en Filipinas, relata lo que sucedió aquella tarde con mucha sobriedad. Es de las pocas víctimas que han facilitado su identidad. Físicamente está bien, aunque emocionalmente mantiene heridas. Fue obligado junto a otros a ver la muerte a balazos del periodista local John Gatluak. Y le concede crédito a los relatos de violaciones, aunque él no las vio. "Me escondí debajo de la cama", cuenta recordando el inicio del asalto, "para ganar tiempo porque sabía que me encontrarían, que no era el último lugar en el que iban a mirar". Libot estaba en una habitación dentro de una suerte de casa del pánico en la que se habían metido muchos de los extranjeros del Terrain para protegerse. Desde ahí pudo escuchar los disparos, los golpes y la rotura de cristales. Al otro lado de la puerta, cerca de un centenar de hombres armados con fusiles de asalto habían penetrado en el complejo sin resistencia de los agentes de seguridad, y la emprendían a tiros contra las puertas de este búnker expugnable.
El periodista de Associated Press Jason Patinkin ha tenido acceso al reporte facilitado por el dueño del hotel al Ejército sursudanés, según el que al menos cinco mujeres fueron violadas, entre ellas varias extranjeras, hubo agresiones, torturas, ejecuciones falsas y saqueos. Fue una orgía de violencia sin igual desde el conflicto abierto en diciembre de 2013 contra un objetivo hasta ese momento respetado en el joven país africano: los extranjeros. Dos horas después de llegar al hotel y tras reventar la puerta de la casa del pánico, los uniformados encontraron debajo de la cama y entre maletas a Libot. "Me dijeron que me iban a matar allí mismo, que iban en serio", relata el filipino. No recuerda muy bien qué hizo, salvo que trataba de "negociar" por su vida, encontrar dinero o lo que fuera para que le dejaran marchar. Según la reconstrucción de Patinkin, los asaltantes solo habían dejado salir a un norteamericano, tras agredirle, para que diera testimonio a su embajada de cómo les estaban tratando. Logró llegar al puesto de los cascos azules y dar la voz de alarma. No sirvió de mucho.

La huida de Machar

Los cascos azules de la ONU no cuentan con una opinión favorable en Sudán del Sur por su inacción o incluso falta de imparcialidad. El pasado 18 de agosto, la ONU confirmó que había facilitado el traslado precisamente del exvicepresidente Riek Machar, huido a mediados de julio, desde un lugar sin determinar dentro de Congo hasta otro tampoco sin detallar en el mismo país en el que le esperaban autoridades congoleñas. A preguntas de EL PAÍS, Aditya Mehta, portavoz de la organización, afirma que se hizo a petición de Congo y por "razones humanitarias".
Libot fue testigo de cómo al inicio del asalto, colegas del hotel informaron al exterior. Según la investigación de Patinkin, un equipo de reacción rápida de UNMISS formado por etíopes estuvo listo para acudir al Terrain, pero se abortó la misión. Esta aparente inacción de las tropas internacionales ha llevado a la Secretaría General de la ONU, dirigida por Ban Ki-moon, a encargar una investigación independiente comandada por el general retirado holandés Patrick Cammaert que esclarezca los detalles no solo de este asalto sino también de la muerte indiscriminada de decenas de civiles en Juba en julio.
Brian Adeba trabaja para la organización Enough Project, que monitorea los principales conflictos africanos. "Lo que ocurrió en el Terrain", señala Adeba, "representa un fallo total de la misión de la ONU". Adeba reconoce dos grandes problemas: el primero, la falta de mando, que hace que cascos azules de un país no atiendan las órdenes de compañeros de otro país. En segundo lugar, muchos de los militares que sirven a la ONU son reacios a entrar en combate.

Muerte con testigos

"Cuando llegué al pasillo", continúa Libot, "vi al resto de rodillas". Poco después los llevaron afuera, los pusieron en círculo y les dijeron que les iban a matar a todos para dar "un ejemplo" al mundo. Entre ellos estaba el reportero local John Gatluak. No vivía en el Terrain, pero llevaba allí tres días por motivos de seguridad. Un par de uniformados empezaron a gritarle en un idioma que Libot no pudo entender. Uno de los asaltantes le apuntó y disparó en varias ocasiones. "Le mataron a sangre fría, él no estaba haciendo nada", prosigue el filipino. Gatluak era de la etnia nuer como lo es el exvicepresidente Machar y sus leales. Libot coincide con otros testigos en relacionar a los autores del asalto con fuerzas armadas vinculadas al presidente Kiir, de la etnia rival, los dinka.
Eran las siete de la tarde, más de tres horas después de iniciado el ataque, y seguían entrando más hombre armados al Terrain para arrasar con todo. Tras la muerte de Gatluak, según el relato de Libot, muchos de los expatriados fueron trasladados a otro complejo en el que suele hospedarse personal humanitario. Se acabó el asalto, pero no la frustración. “Es extraño lo de los cascos azules”, dice Libot, “no entiendo por qué no nos protegieron”.
LA SINRAZÓNN DEL ODIO HUMANO HACIA SUS SEMEJANTES.

EL CONGRSO Y SENADO GASTARON 600.000 EUROS EN VIAJES Y SIN GOBIERNO

En un sistema en el que el poder recae sobre el Parlamento, en la imagen, no es tan relevante la limitación del mandato presidencial.

Congreso y Senado gastaron 600.000 euros en 39 viajes internacionales en la legislatura fallida.


Los tres desplazamientos más caros fueron a Estrasburgo, Lusaka y Nueva York.

Las Cortes Generales han gastado algo más de 600.000 euros en los 39 viajes internacionales que realizaron diputados y senadores durante la XI Legislatura, que acabó con la disolución de las Cámaras por falta de investidura.
Según este balance económico, recogido por Europa Press, la actividad internacional del Congreso y de las delegaciones españolas en las distintas asambleas parlamentarias de la que forman parte diputados y senadores durante estos seis meses ha costado un total de 600.386,83 euros, a falta de facturar uno de esos 39 viajes.
El mayor desembolso (104.999,33 euros) se hizo para sufragar el viaje de la delegación española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a Estrasburgo para asistir a entre el 18 y el 22 de abril a la segunda sesión de su plenario. Viajaron cuatro senadores, ocho diputados y una letrada.
La participación de dos senadores, seis diputados y una letrada en la primera parte de esa misma reunión, que había tenido lugar entre el 25 y el 29 de enero en la misma ciudad francesa, costó 95.925,99 euros, convirtiéndose así en el segundo desplazamiento más caro.
En tercer lugar de este ranquin, con 58.331,95 euros, se sitúa un viaje a Lusaka (Zambia) para acudir durante cinco días de marzo a la 134 Asamblea Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria (UIP). España estuvo representada por dos senadores cuatro diputados los secretarios generales de ambas Cámaras y una letrada.
Un total de 49.493,14 euros costó la visita a Nueva York de una delegación oficial del Congreso que participó durante cinco días en la 60 Reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y que estuvo compuesta por seis diputadas y una letrada.
La visita de siete diputados y una letrada a Tokio (Japón) para acudir dos días a la Reunión de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ascendió a 44.302,33 euros.
CON ESTOS POLÍTICOS NO VAMOS A NINGUANA PARTE, NO TIENEN VERGÜENZA

SE FIRMA EL PACTO DE PP Y CIUDADANOS

Mariano Rajoy y Albert Rivera, este miércoles

Rajoy y Rivera ratifican este mediodía el acuerdo de investidura.


La firma se estampará en el Congreso, tras la reunión de los equipos negociadores con sus líderes


Tras una semana de negociaciones, el PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo por el que los 32 diputados del partido de Albert Rivera votarán sí en la investidura de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones y el líder de Ciudadanos se reúnen esta mañana con los equipos negociadores de los dos partidos para "ratificar" la firma del pacto de investidura en el Congreso de los Diputados. Los dirigentes de las dos formaciones aceleraron el cierre del acuerdo este sábado durante una discreta reunión entre ambos.
Las dos delegaciones negociadoras se reunirán a las 12.30 de hoy y, posteriormente, está previsto que los portavoces parlamentarios de PP, Rafael Hernando, y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, firmen el pacto. El jefe del Ejecutivo y el líder de Ciudadanos comparecerán después en rueda de prensa en el Congreso.
Fuentes de ambos partidos han confirmado que Rajoy y Rivera cerraron anoche el final de la negociación. Ciudadanos ha conseguido que el PP acepte revisar si los defraudadores de Hacienda que se acogieron a la amnistía fiscal, una de las medidas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, pagaron lo que les correspondía, con lo que los de Rivera calculan que podrían recaudarse 2.800 millones de euros, una cifra que los populares rebajan sustancialmente.
Los populares han aceptado también incluir en su pacto de investidura un complemento salarial para las rentas más bajas y equiparar, aunque de forma paulatina, los permisos de paternidad y maternidad. Ambos partidos están de acuerdo en promover, en la ley electoral, la elección directa de los alcaldes por los votantes, aunque discrepan en la fórmula.
El acuerdo entre el PP y Ciudadanos ha supuesto, además, la firma de un pacto anticorrupción por el cual los cargos públicos de las Cortes o el Gobierno que sean imputados por corrupción deberán abandonar su puesto, se eliminarán los aforamientos, se abordará una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional, se prohíben los indultos por corrupción política, se limitan los mandatos presidenciales a ocho años y se creará una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP.  Este acuerdo, no obstante, se vio envuelto en polémica porque ambos partidos coincidieron en acotar la primera condición del acuerdo, la de suspender a los cargos públicos imputados por corrupción. Ambos consideraron que no era necesario suspender al diputado popular Óscar Clavell, imputado por prevaricación, malversación y fraude, porque en su caso no hay enriquecimiento ilícito o financiación ilegal, condicionantes que deben concurrir, a su juicio, para que el caso se encuadre en corrupción política.
Los 32 diputados de Ciudadanos, sumados al de Coalición Canaria, darían a Rajoy 170 votos favorables, lo que de momento no asegura la investidura en el intento de esta semana. Para lograr la mayoría absoluta y salir investido, le faltarían 6 síes en la primera votación y 11 abstenciones en la segunda. Rajoy y Rivera pretenden que las medidas acordadas en su pacto de investidura sirvan para presionar al PSOE, que firmó muchas de esas propuestas en su pacto con Ciudadanos en febrero. El presidente tiene previsto pedir al líder del PSOE un nuevo encuentro tras la firma del pacto.
ME PARECE UN BRINDIS AL SOL PARA SALVAR LOS MUEBLES.

sábado, 27 de agosto de 2016

ARDE UNA PLANTA CON 20.000 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS EN GUADALAJARA

Incendio en Chiloeches. La columna de humo por el incendio en Chiloeches (Guadalajara), este viernes.

Una planta ilegal con 20.000 toneladas de residuos peligrosos arde en Guadalajara.


El complejo tenía la autorización suspendida y había sido clausurado en junio por el Ayuntamiento de Chiloeches.

Una planta de Chiloeches (Guadalajara), que acumula ilegalmente 20.000 toneladas de disolventes y otros residuos peligrosos, se ha incendiado en la madrugada de este viernes. El complejo estaba siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil y carecía de autorización ambiental; el Ayuntamiento, que lo clausuró en junio, sostiene que llevaba años actuando de forma ilegal. El coste de retirar esos residuos, antes del incendio, rondaba los 1,2 millones, que debía pagar el propietario. La Junta de Castilla-La Mancha descarta que exista riesgo para la población.
El fuego, como ocurrió en mayo con el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo), tardará varios días en apagarse. Y, también como en aquel caso, es un ejemplo del descontrol en la gestión de los residuos.
"Llevaba operando desde hace varios años en situación de ilegalidad", ha sostenido este viernes el grupo de Ahora Chiloeches, que gobierna desde 2015 el municipio. El Consistorio —al que la planta debía 70.000 euros en tasas— clausuró las instalaciones el 17 de junio por "actividad clandestina" y por no disponer "de licencia de apertura". Entre marzo y junio, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil —Seprona— y técnicos de la Junta habían realizado varias inspecciones a unas instalaciones que carecían de autorización ambiental para operar desde octubre de 2015.
El Gobierno autónomo, del PSOE, conminó a los propietarios —KUK Medioambiental SL— a que retiraran los residuos acumulados (principalmente disolventes, pero también otros como pintura y líquidos de revelado). El coste de esa operación rondaba los 1,2 millones, según un informe del Servicio de Medio Natural de la Junta fechado el 14 de julio.
El 4 de agosto la Junta presentó en el juzgado de guardia una denuncia en la que mostraba su preocupación por tratarse de "20.000 toneladas de productos peligrosos ilegalmente acumulados". En el escrito se apuntaba a "que existe el peligro, entre otros, de que estos puedan incendiarse o producirse vertidos al cauce [de un arroyo] próximo". Ese arroyo desemboca en el río Henares y este viernes los servicios de extinción han construido un dique para evitar la contaminación. La denuncia de la Junta también señalaba que "la empresa podría descapitalizarse" para evitar hacer frente al coste de retirar los residuos.
Tres semanas después de aquella denuncia, en la madrugada del jueves al viernes pasados, se declaró el fuego.

Costes

"La empresa ya sabía que debía retirar los residuos y que el coste era muy alto", ha indicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. Entre las obligaciones de los propietarios figuraba la vigilancia durante las 24 horas, precisamente ante el riesgo de incendio. El consejero ha admitido que no se había comprobado "presencialmente" que se cumplía esa obligación.
A la investigación sobre las causas del incendio se une la que los agentes del Seprona iniciaron a principios de año. Según fuentes de esa investigación, las pesquisas se iniciaron "porque se estaban gestionando residuos peligrosos" de forma irregular: se hacían pasar como inertes (sin riesgo) y se depositaban en vertederos de demolición.
Desde 2004, según dichas fuentes, existen informes que cuestionan esta planta de Chiloeches. Pero no fue hasta octubre de 2013 cuando la Junta expedientó por tres "infracciones graves" a KUK, a la que se multó con 9.001 euros y se le suspendió de forma provisional la autorización ambiental unificada. Este expediente se convirtió en firme en octubre de 2014 y, justo un año después, se cumplió el plazo que se le había dado para resolver las deficiencias si quería seguir operando.

Operando sin autorización

Desde octubre de 2015, y a pesar de no disponer de esa autorización, la planta siguió gestionando residuos. Y, según las pesquisas del Seprona, haciéndolo de forma incorrecta. "No se pueden vigilar todas las actuaciones sobre el terreno", ha justificado el consejero de Medio Ambiente, quien defiende que los técnicos han realizado varias inspecciones y se ha denunciado el caso ante la justicia.
Una de las preocupaciones de este viernes es la nube tóxica que se ha generado por la combustión de los residuos, aunque la Junta descarta que haya riesgo para la población. Ecologistas en Acción ha exigido que "se mida cuanto antes la calidad del aire en las zonas afectadas por el humo, por si hubiera que decretar una evacuación". La consejería ha desplazado a la zona un equipo móvil para medir la calidad del aire. Otra de las preocupaciones de los servicios de extinción es saber exactamente qué productos había en la planta. La Junta ha activado esta tarde el nivel 2, que implica pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.

Años operando de forma ilegal

El grupo de Ahora Chiloeches, que gobierna este municipio, ha denunciado este viernes que la planta “llevaba operando en el municipio desde hace varios años, siempre en situación de ilegalidad", algo permitido "por los sucesivos” alcaldes de la localidad.
Según la versión de esta formación, cuando llegaron al Consistorio, “y ante el peligro manifiesto que representaba y que se ha materializado en el día de hoy”, se procedió a comenzar “con el expediente para la legalización de la actividad” de la empresa propietaria, KUK Medioambiental SL, en marzo. “Tas no recibir respuesta por su parte, se procedió a iniciar el expediente para la cancelación de su actividad”, añade este partido político en un comunicado difundido este viernes.
Una inspección a principios de junio constató que “seguían metiendo más material contaminante, tóxico e inflamable” y que seguía habiendo una actividad, que se ejercía “sin la preceptiva licencia municipal”. Finalmente, la planta fue clausurada el 17 de junio por “actividad clandestina" y por no disponer “de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad”.
¿CÓMO NO VAMOS A TENER CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS EN ESPAÑA?

DUREZA INCONVENIENTE

Janet Yellen (centro), con otros altos cargos asistentes a la conferencia de banqueros de Jackson.

Dureza inconveniente.


La intención de la Fed de subir los tipos creará dificultades a la eurozona.

Estados Unidos está más cerca de registrar una segunda elevación de los tipos de interés. Sería un paso más en la dirección de normalización desde la excepcionalidad que marcaron las políticas monetarias aplicadas para neutralizar los efectos de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, ha aprovechado la convención anual de banqueros centrales de Jackson Hole para transmitir esas intenciones. De concretarse finalmente, todas las economías acusarán sus consecuencias, no solo aquellas con un elevado endeudamiento en dólares.
No es la primera vez que esa institución avanza unos propósitos que finalmente no llega a concretar. La continuidad de la subida de tipos de interés adoptada en diciembre de 2015, manteniendo el nivel objetivo de los fondos federales entre el 0,25% y el 0,5%, se vio truncada por la emergencia de la inestabilidad en la economía china e indicadores domésticos menos favorables. Hoy los indicadores económicos estadounidenses amparan en mayor medida el endurecimiento monetario insinuado por Yellen, aunque sigan dejando margen a la cautela.
La economía americana salió antes de la crisis porque sus autoridades adoptaron decisiones de política fiscal y monetaria acordes con las amenazas percibidas. Hoy su crecimiento es superior al promedio de las economías avanzadas, incluido el consumo, ha reducido el desempleo, los salarios crecen y, lo que es más relevante para cualquier banco central, la inflación está en territorio positivo. Las expectativas de la Fed amparan el mantenimiento de ese cuadro macroeconómico relativamente favorable que justificaría un paso más hacia la normalización monetaria. Que la próxima elevación de tipos de inertes sea en septiembre o en diciembre no es fácil deducir ahora.
Lo que sí es claro es que sus efectos no serán inicialmente favorables. Los deudores en dólares, dentro y fuera de EE UU, verán encarecido el servicio de la deuda, inhibiendo el consumo y la inversión, a menos que las empresas y consumidores asuman las expectativas favorables de la Fed. Algo que no está garantizado.
Con lo que sí hay que contar es con las mayores dificultades de otros bancos centrales de economías en las que la firmeza del crecimiento es menos explícita para seguir manteniendo políticas de estímulo. Son los casos de Japón y, desde luego, de la eurozona.
El crecimiento en el área monetaria europea sigue siendo decepcionante, el desempleo elevado y la inflación inexistente. Todo ello a pesar de que el BCE ha replicado actuaciones similares de estímulo a las que en su momento adopto la Fed. Pero demasiado tarde y en compañía de una política fiscal errónea, aceleradora de la recesión y que erosiona el crecimiento potencial. Una situación que obliga a prolongar los estímulos monetarios. La única forma de que Europa no quede atrapada en ese estancamiento secular que algunos anticipaban para EE UU es que las políticas fiscales de algunos países, Alemania de forma particular, sean más expansivas y, no menos importante, que se aceleren aquellos planes de inversión que enunció Juncker cuando accedió a la presidencia de la Comisión.
EL DIENRO NO VALE NADA PERO ES NECESARIO PARA VIVIR.

LAS SOLICITUDES DE ADOPCIÓN SE DESPLOMAN EN ESPAÑA

Fernando y Laura juegan con su hija, Leyre, adoptada en Vietnam.

Las solicitudes de adopción nacional e internacional se desploman en España.


Las familias tienen que esperar entre cuatro y ocho años para adoptar a hijos en territorio nacional o en otros países.

El día que Leyre dijo “papá” por primera vez, Fernando, de 37 años, y Laura, de 36, sintieron que habían cumplido el deseo de formar una familia, tras ocho años intentándolo. Ese fue el tiempo en que la pareja de madrileños tuvo que esperar para adoptar a la niña vietnamita, que acaba de cumplir 18 meses y que llegó a casa en junio. Esa demora ha provocado una brusca caída en el número de personas interesadas en adoptar tanto en territorio nacional como internacional. Entre 2010 y 2014 las nuevas solicitudes de adopción en España – donde el tiempo de espera es de cuatro a ocho años – se redujeron a la mitad (de 3.376 a 1.431), según los datos del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad.
En el mismo período también han bajado en un 72% (de 5.000 a 900) las solicitudes internacionales, porque los plazos en el exterior no han dejado de alargarse. Entre 2005 y 2010, cuando hubo un boom de adopciones en otros países, superando las 5.000, el tiempo medio de espera era de dos años. Actualmente, ese plazo puede llegar a los ocho años, según CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento). La ratificación del Convenio de La Haya, que protege mejor el interés y el cuidado del menor, pero que endurece los requisitos, y el cambio de políticas de adopción en países como Rusia o China justifican las cifras. “Primero esos estados intentan que los niños sean acogidos dentro de la propia familia o en el mismo país. Solo si no se cumplen esas expectativas pueden ser asignados por extranjeros”, explica Benedicto García, coordinador de CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento).
Por eso Fernando y Laura decidieron adoptar en Vietnam, con la ayuda de una entidad colaboradora en la adopción internacional (ECAI). Aun así, vivieron una odisea burocrática. Empezaron los trámites en 2008, cuando el país acaba de abrir relaciones con España. “Nada más empezar, hubo una avalancha de interesados en adoptar allá y tardamos en entrar en la lista de espera”, cuenta Laura. Luego España cortó por un año las relaciones con Vietnam, que cambió su ley de protección a los menores, lo que significó otros dos años de espera. Por fin, entre 2010 y 2011, el país asiático decidió que solo daría en adopción a niños con hermanos, necesidades especiales o algún grado de discapacidad. Fernando y Laura solo pudieron tener a Leyre porque la niña sufre una dermatitis atópica.
Si hubiese tenido que esperar más, la pareja no hubiera podido tener una hija, ya que en España el límite de edad para solicitar la adopción es de 40 años. “Hay que empezar los trámites a los 35 años, aproximadamente, porque cuando te asignan un hijo ya tienes entre 40 y 45”, afirma Benedicto García. El coordinador de CORA asegura que esa es otra razón por la que han descendido las solicitudes. “A esa edad, la mayoría de las personas no tiene una vida económicamente estable y no se plantea tener una familia”, señala García.
Espera en doble fila
Para aumentar las posibilidades de tener un hijo, muchas familias optan por apuntarse a las listas de adopción nacional e internacional a la vez. Fue lo que hizo García, hace 25 años. Él y su pareja lo intentaron en España y, después de cuatro años de espera, empezaron a tramitar la adopción en India, donde tuvieron a una hija dos años después. Cuando la niña llevaba un año en casa, se les asignó, tras siete años de haber empezado el proceso, un hijo español.
Lo mismo les pasó a José Antonio y Mari Ángeles, una pareja que no podía tener hijos biológicos y que decidió adoptar en 2000. En aquel momento, las listas españolas estaban cerradas, por lo que decidieron probar suerte en India. En 2005, su primer hijo llegaba a casa, con dos años. Cuando todavía tramitaban la adopción en Asia, España abrió las solicitudes y ellos se apuntaron. En 2007, conocieron a su hijo español, con tan solo 12 días de vida. “Cuando eres padre adoptivo, no eliges cuantos hijos vas a tener, ni cuándo. Eso depende de la burocracia. Lo único que puedes hacer es estar preparado para todo”, afirma José Antonio.
Fernando y Laura emprenden el mismo camino. Quieren dar un hermano o una hermana a Leyre y están en la lista de espera para adoptar en España. Se preparan para otra “gestación” larga, pero esta vez con menos ansiedad. “La primera adopción es muy dura. Sabes cuando empiezas, pero no sabes cuándo va a acabar, o si acabará bien. Ahora que ya somos una familia nos sentimos más preparados para seguir intentándolo”, cuenta Fernando.

La nueva Ley de Infancia

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2015 una nueva Ley de Protección a la Infancia para agilizar los procesos de adopción, pero aún no se ha puesto en marcha. Susana Morales, presidenta de la asociación Familias de Colores, afirma que la ley solucionaría el problema de la manutención de 13.563 menores adoptables en el régimen de acogida.Por ello, ha creado una petición en Change.org para presionar a los partidos a desarrollar la normativa, que ya suma más de 158.000 firmas. En la última efímera legislatura, Ciudadanos presentó una proposición no de ley para tramitar con urgencia la medida. El PSOE y Podemos se sumaron a la iniciativa, pero los populares votaron en contra
ESA ES UN GRAN INDICADOR DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA ESPAÑOLA Y NO DE LO QUE DIGAN LOS POLÍTICOS, TODOS CULPABLES DEL DESAGUISADO ACTUAL.

DONDE NUNCA ACABA LA CRISIS

Personas desahuciadas en Sevilla.

Donde nunca acaba la crisis.


Ana González y su familia, en paro y desahuciados, siguen sufriendo los efectos de la recesión, como miles de españoles.

Esta es una historia de apretar los dientes. De "rabia". De "frustración". De "impotencia". De policías irrumpiendo en la cocina tras atravesar la pared a primera hora de la mañana para echarte de tu propia casa. De correos electrónicos al banco sin respuesta. De la búsqueda sin éxito de un trabajo estable. De noches en vela. De unas vacaciones con tu hija que no llegan. Este es un relato que los gobernantes obvian al presentar sus victoriosos balances de empleo. Y que dejan en un segundo plano para destacar que ya acabó la recesión. Pero esta es la vida de Ana y Roberto. La crónica de a quien la crisis continúa dejando en la cuneta.
El paro bajó un 4,5% en el segundo trimestre de 2016, según los datos de la EPA. Pero más de 4,5 millones de personas siguen sin encontrar un trabajo. Los desahucios se redujeron en 2015 un 2,4%, recalca el Banco de España. Pero más de 29.000 familias perdieron su vivienda a lo largo de ese mismo año. Y más de 60 millones de turistas extranjeros desembarcaron en el país el pasado ejercicio, mientras que un 40% de los españoles no puede permitirse marcharse ni una sola semana de vacaciones o afrontar gastos imprevistos, como detalla la última Encuesta de Condiciones de Vida. "Nuestra angustia empezó en otoño de 2014, cuando recibimos en casa una carta de desahucio dirigida a nuestro casero", se arranca Ana González, de 34 años, sentada en un parque de un humilde barrio de Móstoles (Madrid), a apenas unos metros de su nuevo hogar.

Hace ya casi un mes que la comisión judicial la ha expulsado de ese piso donde llevaba viviendo casi cuatro años y donde su marido, Roberto, residía desde hace una década. Aquel que el propietario había dejado de pagar al banco. "Pero nunca nos lo dijo". Lo supieron cuando recibieron el "maldito" aviso que puso una primera fecha a su agonía. El juzgado había fijado el 23 de octubre de 2014 para desalojar la casa. Solo que dentro no estaba el dueño, el que había incumplido con las letras; sino la familia que abonaba cada mes el alquiler de 500 euros.
Más de 4,5 millones de personas se encuentran en paro y cerca de 29.000 familias perdieron su casa en 2015
Lo que llegó como misiva derivó, entonces, en una pelea en los tribunales. Y, por supuesto, en más noches en vela. Y en peleas en la pareja. "Estábamos irritados constantemente y saltábamos a la mínima", subraya Roberto. El magistrado sentenció a principios de 2015 que la entidad financiera, Bankia, debía respetar el contrato de arrendamiento. Una primera victoria que pronto se vio empañada. "El problema surgió porque, hasta que el juez nos dio la razón, pasaron unos meses durante los que no pagamos. Pero, ¿a quién teníamos que pagarle? Al dueño le habían quitado la casa y nosotros no teníamos aún ningún contrato con el banco", detalla Ana González, camarera en paro, que asegura que acudieron a los juzgados para preguntar qué debían hacer: "Nos recomendaron que no pagásemos hasta que se resolviera". Y así hicieron.
En abril de 2015, tras darle la razón la primera sentencia, empezaron a abonar el alquiler a Bankia. Estuvieron haciéndolo durante un año. "En ese tiempo, contactamos con la entidad y hablamos para que nos prorrateasen esos meses adeudados. Me dijeron que no me preocupara. Pero fue todo por teléfono", asegura González, que explica por qué no se extrañó ante la falta de respuesta por escrito: "Pensábamos que, como siempre pasa con los bancos, estas cosas van lentas...". Pero la entidad financiera había puesto en marcha el procedimiento judicial para echarlos. Y les llegó otro aviso de desahucio —este ya dirigido a ellos—. Y, de nuevo, tuvieron que acudir a los tribunales.

Síntomas de una crisis que sigue

  • Empleo: 4,57 millones de personas se encontraban en paro en el segundo trimestre de 2016, según los datos de la EPA. Esta cifra supone el 20% de la población activa. Entre abril y junio de este año se han creado 271.400 puestos de trabajo, muy lejos de los más de 400.000 contabilizados en el mismo periodo de 2014 y 2015.
  • Desahucios: Los últimos datos del Banco de España revelan que 29.327 familias perdieron su residencia principal en 2015, un 2,4% menos que en 2014. Más de la mitad de las viviendas (15.500) se entregaron a los bancos de forma voluntaria. Las 13.000 restantes se desalojaron por orden judicial.
  • Precariedad laboral: Los contratos más cortos, de una semana o menos, suponen más del 26% de los firmados en los primeros siete meses de 2016. La duración media de los contratos temporales ha bajado a 50,9 días, según los datos del Ministerio de Empleo: 30 menos que hace una década.
En esta ocasión, perdieron. El juez dijo que tenían que abandonar su hogar por una deuda de 2.000 euros. "Nos han echado pese a que nosotros siempre hemos querido pagar. Al principio, le dijimos a Bankia que nos la repartiera en varios meses porque no podíamos afrontar esa cantidad de una sola vez", insiste la mujer, que acumula contratos temporales en su historia laboral y que, desde el pasado 15 de julio, cobra la prestación por desempleo. Su marido, carpintero de profesión, también está en paro. "Después, incluso, hemos reunido el dinero, gracias a la ayuda de familiares y amigos, para entregárselo al banco. Pero no lo quisieron. No había marcha atrás", sentencia González.
Nunca olvidarán aquel 22 de julio, el día de su desahucio. Los golpes resuenan en el interior de la casa de Ana y Roberto. La policía trata de derribar la puerta, apuntalada con electrodomésticos viejos y sillas de madera. No lo consiguen. Entonces, buscan otra vía. Atraviesan la pared que comunica con la cocina. "No queremos jaleo, ¿vale?", dice uno de los primeros agentes que entra en el domicilio. "Nosotros tampoco", responde la familia y los activistas de Stop Desahucios que la acompañan. Fuera, en la calle, decenas de personas protestan. "Hoy se cometerá una injusticia. Bankia, que ha sido rescatado con el dinero de todos, desahuciará a una familia por una deuda de 2.000 euros. Menos que lo que costará el despliegue policial. No tiene sentido", grita un hombre, megáfono en mano.
Cuando la policía entra, el matrimonio y su hija de 12 años ya han asumido que deberán dejar su casa. Durante semanas han buscado otra. Pero les ha costado encontrarla. "Nosotros íbamos con la verdad por delante y le comentábamos a los caseros cuál era nuestra situación. Que nos iban a desahuciar, pero no porque no quisiéramos pagar", explica González, que detalla cómo el banco no les dejó quedarse con un alquiler social y cómo, finalmente, han conseguido encontrar un nuevo hogar, gracias a que un amigo se ha puesto también en el contrato y a que su madre les ayuda con el aval y la fianza. "Sin su ayuda, no sé qué habríamos hecho. No teníamos para afrontar ese gasto". Otra marca de esta crisis: la familia como único sostén.
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