De niña inmigrante protegida a mujer adulta en la calle en solo un día.
Un juez obliga a la Comunidad de Madrid a readmitir en un centro de acogida a una joven marroquí.
El lunes, Samira era una menor de edad abrazada a un oso de peluche y el martes, una mujer adulta en la calle. Un fiscal de menores ha decretado que esta niña marroquí de nombre ficticio y que llegó en patera a Cádiz en julio es mayor de edad, aunque su documentación diga lo contrario. La decisión de la fiscalía llegó al centro de menores de Madrid donde estaba acogida desde agosto y allí le comunicaron la novedad: al día siguiente estaría fuera. "Un educador me dio un abono de metro con tres viajes y la dirección de un albergue”, cuenta en árabe Samira mostrando la referencia del papel que le entregaron, un centro para personas sin hogar. También estaba el número del Samur social al que no llamó, dice, por miedo a dormir con gente mayor.
Desde que llegó en patera a La Línea de la Concepción huyendo de la pobreza nadie había puesto en duda su edad. Fue inscrita en el registro como una más de los 11.000 menores extranjeros no acompañados que el Ministerio del Interior mantiene que hay en España. Pasó brevemente por dos centros de menores en Andalucía y llegó a Madrid, donde siempre quiso estar, en agosto. Fue aquí donde su madre envió la documentación original que atestigua su edad, 16 años cumplidos en junio. Remitió, asegura, su partida de nacimiento, un certificado de empadronamiento con foto y una copia compulsada del libro de familia.
Ninguno de esos documentos se tuvo en cuenta en la determinación de la edad de la pequeña, una serie de pruebas médicas a las que se le sometió como paso previo a una declaración de desamparo que permitiría a la Comunidad de Madrid asumir su tutela después de casi cuatro meses en España (en teoría las tutelas deberían ser inmediatas). El informe que elaboran los médicos no es vinculante y es el fiscal quien tiene la última palabra.
Al considerarla mayor de edad, la Administración ya no tiene obligación de proteger y acoger a Samira y siguió el protocolo: si la fiscalía determina que es adulta no puede permanecer en un centro de menores. “La Comunidad no puede actuar de otra manera a lo dispuesto por la fiscalía. Son los servicios sociales de los ayuntamientos los que tienen que dar una respuesta a las necesidades básicas de estas personas”, afirma un portavoz. Un conocido marroquí la salvó de dormir en la calle este martes, pero después, le advirtió, tendría que buscarse la vida.
Fallos en el sistema
Las pruebas de determinación de edad para los menores extranjeros no acompañados son una cuestión conflictiva desde hace años. Solo ahora y ante la llegada de cientos de niños inmigrantes, el Ministerio de Sanidad está abordando el tema con las comunidades autónomas. El atlas de Greulich y Pyle es una de las recopilaciones de radiografías de muñecas más utilizadas por la comunidad médica internacional para determinar la "edad ósea" de un individuo. Este estudio, recuerdan sus críticos, es de los años cincuenta y tiene como muestra menores caucásicos estadounidenses, de clase media y nacidos a principio del siglo pasado.
Según el artículo 35 de la ley de extranjería, las pruebas de edad se realizarán a todo aquel “extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”. Sin embargo, se realizan habitualmente las pruebas a menores con pasaporte con el argumento de la escasa fiabilidad de los documentos de algunos países. En 2014, el pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictaminó que estos exámenes médicos no podían generalizarse y que el pasaporte y demás documentos oficiales de identidad debían ser considerados pruebas válidas salvo que exista “justificación razonable” para sostener lo contrario.
El Defensor del Pueblo recibe constantemente quejas relativas a estas pruebas, criticadas por especialistas por su amplio margen de error —de hasta dos años—, entre otras deficiencias. “A la vista del tiempo transcurrido y el número de quejas que no deja de crecer, esta institución considera que ha llegado el momento de hacer una revisión en profundidad del sistema existente”, demandó el Defensor del Pueblo en su último informe. Para ilustrar los fallos del sistema, la institución expuso en un informe monográfico de 2011 el caso de un joven que había entrado y salido de la red de protección tres veces en tres meses en base a pruebas médicas contradictorias. Preguntada, la Fiscalía General no tiene información sobre la situación de esta niña.
El caso de Samira es de "especial indefensión", denuncia Lourdes Reyzábal, directora de la Fundación Raíces que presta asistencia jurídica a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad hace más de 20 años. A Samira la expulsaron del centro de menores sin mostrarle los informes que han determinado su nueva edad y, sobre todo, sin un cese de tutela, el documento que podría usar en un juzgado para recurrir.
“La Comunidad de Madrid ha tenido bajo el techo de su centro a esta niña durante casi tres meses y ni ha decretado su situación de desamparo, ni la ha tutelado. Por eso lo único que le ha dado al echarla ha sido un papel que dice que se le da de baja por un decreto de mayoría del fiscal. Esta actuación es nula de pleno derecho y deja a Samira sin poder demandar su derecho a protección y le niega cualquier posibilidad de defender su minoría de edad ante cualquier juzgado ordinario”, mantiene Reyzábal.
Samira, sin tener donde dormir, rezaba esta pasada noche de muertos mirando al techo del juzgado de guardia de Plaza de Castilla. La Fundación Raíces jugó la única carta que tenía: pedir a un juez que obligase al centro a readmitir a la niña hasta que, por la vía que corresponda, se aclare su identificación. Así lo determinó pasada la una de la madrugada y Samira lloraba de alegría y de cansancio. Le temblaban las manos. Al menos esta noche, y tras sortear a un puñado de niños que dormían en el pasillo, le dejaron un sitio en el suelo donde echarse a dormir.
Hacinamiento y problemas de seguridad
El centro de primera acogida de Hortaleza donde está Samira cautelarmente lleva colapsado desde hace más de un año. Los trabajadores del centro han denunciado públicamente la situación. En un espacio para 35 menores hay hacinados más de 120. Las imágenes de los muchachos durmiendo en los pasillos y en las zonas destinadas a la cocina o el aula se hicieron virales. La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid reconoce el problema, aunque lo achaca a una supuesta “oleada de inmigración” de la que responsabiliza al Gobierno central. La Comunidad ha comenzado los trámites para crear un nuevo centro de menores. “Estamos realizando un esfuerzo presupuestario importante (13,9 millones anuales) y, a pesar de que no dejamos de crear plazas, no damos abasto”, dice una portavoz.
COMO EDUCADOR NO ENTIENDO NADA DE LO QUE ESTÁ PASANDO¿QUÉ HACEN LOS POLÍTICOS POR ESTOS JÓVENES?¿NOS LOS VEN SUFRIR Y DESORIENTADOS POR EL MUNDO SIENDO OBLIGADOS A DELINQUIR POR ABANDONO Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES?
