La 'catalanización' del Gobierno valenciano: de los apellidos de los bebés al acoso del español en las aulas
El Ejecutivo de Ximo Puig acumula múltiples controversias por discriminar la lengua castellana
Las recientes denuncias de familias que han denunciado cómo sus hijos ven bajar sus notas solo por usar el castellano en las aulas de la Comunidad Valenciana parecen un episodio más en una apuesta de la Generalitat gobernada por Ximo Puig -presionado por su socio Compromís- por "catalanizarse". Y ya intenta calar a todas las edades, empezando por los niños, aunque alcanza otros ámbitos como el comercio, el funcionariado, la cultura y hasta los apellidos.
En el entorno educativo, la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha difundido en redes sociales este viernes un vídeo en el que se veía en 2020 al secretario autonómico Miguel Soler (PSPV-PSOE) lanzar un mensaje tranquilizador sobre la Ley de Plurilingüismo: cada estudiante podía elegir en qué lengua examinarse.
Tras varias sentencias y tiras y aflojas con las pretensiones de Marzà y lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ido modulando, todavía no está definido por completo el panorama, si bien hay unos mínimos para el castellano, el valenciano y el inglés.
No obstante, la actualidad reciente ha dejado en evidencia aquellas palabras de Soler hace dos años, con dos conflictos candentes hoy en centros de Cheste y en Paterna. Aquella temida norma no solo obliga a pasar la evaluación en valenciano -si es el proyecto lingüístico del centro- sino que el alumno debe incluso utilizar ese idioma para hacer los deberes.
Esa terminología que define el plan pedagógico de cada colegio o instituto recuerda a la «inmersión lingüística» en Cataluña, una política de sustitución del castellano por el catalán que tanto inspira a Compromís. No en vano, su conseller de Educación, Vicent Marzà, nunca ha ocultado sus anhelos independentistas.
«Inmersión lingüística» desde la cuna
Y qué mejor «inmersión» que empezar desde la cuna, debieron pensar en la docena de ayuntamientos en los que lanzaron la peculiar recomendación de «valencianizar» los apellidos de sus bebés. Enviaron cartas a los padres para que recuperaran las grafías originales de algunos, como Jordà y Cassany, que aunque son poco comunes en su versión castellanizada (Chordà y Casañ), exactamente 78 y 96 inscritos sobre una población de cinco millones de habitantes, representaban una buena causa para esta campaña con el logotipo de la Conselleria de Educación y Cultura, que no obstante minimizó su vínculo a la iniciativa, precisó que solo destinó subvenciones indirectas a estos municipios por la promoción de la lengua.
«Empezar en valenciano, es empezar con buen pie», era uno de los lemas de esta campaña dirigida a los progenitores, en el momento en que acaban de tener descendencia.
Aunque esta acción queda más en anecdótica, por no afectar a un sector amplio de población, no es la única. En Elche, la tercera ciudad de mayor tamaño demográfico, Ciudadanos tuvo que llamar al orden al equipo de gobierno (coalición de socialistas y Compromís, también), porque empezaron a colocar las señales de tráfico locales únicamente en valenciano.
Funcionarios
Donde sí lleva varios causando algunos estragos y controversias la imposición del valenciano es para algunos trabajadores, por las consecuencias que emanan de la Ley de Función Pública.
Por ahora, solo en las oposiciones de Educación se exige el requisito de disponer de la titulación oficial, mientras que está pendiente de confirmarse si se hace extensivo a las ofertas de empleo para convertirse en funcionarios de Justicia y de Sanidad. En este caso, ya cuenta como un «mérito».
El sindicato UGT ya puso el grito en el cielo en 2017 cuando un millar de profesores interinos se quedaron sin trabajo por no estar al día en su capacitación de valenciano, después de muchos años de hacer suplencias y mantener a sus familias. Para colmo, faltaban docentes y algunos estudiantes se quedaron sin clases hasta cubrir las vacantes. La justificación desde la Generalitat fue, en aquel caso, que se habían agotados las moratarias para sacarse el título.
«Policía lingüística» y atención en los comercios
Más recientemente, en noviembre el año pasado, el Tribunal Supremo echó para atrás la misión encomendada a la denominada Oficina de Derechos Lingüísticos, una suerte de «policía» para detectar discriminaciones y vulneraciones de la ley en perjuicio de los valencianohablantes.
Esa vigilancia combinada entre la Administración y entidades privadas no se ajustaba a Derecho, entre otras cosas, porque se pretendía que pudiera sancionar y las multas no podrías ser recurridas ni impugnadas.
Con un espíritu similar, ese mismo mes Compromís planteó un cambio en el Estatuto de las Personas Consumidoras para que los comerciantes contesten obligatoriamente en valenciano en sus establecimientos a los clientes que se dirigieran a ellos en la lengua autóctona.
Según la portavoz adjunta de la formación nacionalista en las Cortes Valencianas, se produce «una discriminación solo en un sentido», por lo que seguirán buscando una nueva normativa en este sector.
Honores al inventor de los «Países catalanes»
En el mundo de la cultura, la polémica está más Lfresca en la memoria, ya que este año 2022 se ha dedicado a honrar la memoria de Joan Fuster, el ideólogo que acuñó el término «Países catalanes» en 1962, fallecido 30 años después.
El departamento del conseller Marzà ha aportado 70.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Sueca para organizar estas actividades divulgativas del literato, que afirmó en su día: «Llamarnos valencianos es nuestra forma de llamarnos catalanes».
De hecho, las ayudas a entidades catalanistas posiblemente fueron el primer gesto de esta política al sur del Ebro, prácticamente desde que Ximo Puig llegó al poder en 2015, con el apoyo de Compromís y Unides Podem.
La autodenominada «ONG del catalán», la Plataforma per la Llengua, cuenta con 25.000 euros del Ayuntamiento de Valencia (gobernado por Compromís) para su fundación, que señala con el dedo a los comerciantes que no utilizan el valenciano, a quienes acusa con pegatinas de «discriminar». Pero los recursos públicos totales que recibe ascienden a más de 300.000 euros, según los cálculos del grupo del PP en las Cortes Valencianas, que apunta a los presupuestos autonómicos.
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