EL GOBIERNO BALEAR EXPROPIA 56 VIVIENDAS PARA SACARLAS DEL MERCADO ESPECULATIVO.

 El Gobierno balear expropia 56 viviendas «para sacarlas del mercado especulativo»

El Govern gestionará estos inmuebles durante siete años y compensará a los propietarios con un pago «considerablemente inferior» a los precios de alquiler registrados.

El Govern socialista de Baleares pretende solucionar el problema de la vivienda a golpe de expropiación. El consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes una resolución «de carácter pionero» por la que el Ejecutivo balear inicia la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial. Para ello, se vale de los argumentos planteados en la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, aprobada en el Parlament con el apoyo del PSOE balear y sus socios de gobierno, Podemos y los nacionalistas de Més.

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas será considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la comunidad autónoma de las Illes Balears el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este índice fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.

Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler que siempre estará adaptado a su capacidad económica y nunca superará el 30% de sus ingresos. El Govern asume con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, si se da esta circunstancia.

El Govern gastará 1,8 millones en controlar 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza que, hasta ahora, eran propiedad de sociedades inmobiliarias y entidades bancarias. El ejecutivo balear pretende ofrecer estas residencias como alquileres sociales a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con rentas que no superen el 30 % de los ingresos de las familias. Sin embargo, aún falta un largo proceso burocrático para confirmar estas expropiaciones. Una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de la comunidad (BOIB), se notificará a los afectados y se abrirá un proceso de presentación de alegaciones.

Además, también cabe la posibilidad de que los propietarios recurran ante los tribunales. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha afirmado que, según entiende el Govern, la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza 'per se' la expropiación, a menos que un juzgado dicte medidas cautelares.

Por municipios, las 27 viviendas de Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Mahón (6); y las seis de Ibiza son en Ibiza (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni (3). En Formentera no se expropian viviendas porque no consta ninguna en el censo de grandes propietarios.

Para los pisos de Mallorca, la media del precio que el Govern pagará es de 408 euros al mes (926.000 euros en compensación por el traspaso); en Menorca, el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros); y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales (266.00 euros).

Desde la Conselleria han explicado que llevan meses estudiando las viviendas inscritas en el registro, pero que la pandemia ha ralentizado estas tareas. El personal de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha visitado las viviendas seleccionadas y las ha considerado adecuadas para incorporarse al parque de vivienda social, por sus dimensiones, características y estado.

Marí se ha mostrado «satisfecho» por el carácter «pionero» de la Ley de Vivienda que habilita esta posibilidad y ha resaltado que les permite «sacar pisos del mercado libre especulativo para ponerlas en manos de quien más lo necesita», devolviendo a estas viviendas «una función social que se incumple cuando están cerradas». Al mismo tiempo, espera que tenga un efecto disuasorio que estimule a los propietarios a no mantener los pisos cerrados y sacarlos al mercado ordinario.

El conseller ha recordado que, paralelamente a esta medida, el Govern tiene la capacidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto en las operaciones de compraventa entre grandes propietarios. El objetivo por esta segunda vía es adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social; de momento, se ha iniciado ya el proceso de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Mercadal.

ESO VA TRAER UNA GUERRA DE PLEITOS Y ES ANTICONSTITUCIONAL CLARAMENTE.