DEMOCRCIA, LA CRISIS DE LOS CUARENTA

Manifestación en la Puerta del Sol de Madrid en 2013

Democracia, la crisis de los cuarenta

Cuatro décadas después de la muerte de Franco, historiadores y filósofos sostienen que ha llegado el momento de reformas profundas en España.

Es difícil sustraerse a la atracción de los números redondos. El próximo 20 de noviembre se cumplirán cuatro décadas de la muerte de Franco y justo un mes después se celebrarán las elecciones generales más abiertas de los últimos tiempos. En medio, la formación del Gobierno independentista salido de los pasados comicios catalanes y el 37º aniversario de la Constitución de 1978. Para algunos, la Carta Magna es un fruto prohibido —más melón que manzana— imposible de abrir sin que se desate el caos; para otros, el origen de un régimen que consideran agotado. Junto a palabras como crisis, brecha, casta o vieja política vuelven a escucharse algunos términos fetiche de la Transición: reforma, ruptura, consenso, pacto.

Hace dos años, el jurista Santiago Muñoz Machado, miembro de la RAE y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ganó el Premio Nacional de Ensayo con un libro de título sobrio —Informe sobre España— y subtítulo espinoso: Repensar el Estado o destruirlo. Allí escribe párrafos como este: “Cuando las Constituciones han durado más, como ocurrió con la de 1876, o está pasando con la de 1978 en la actualidad, ha sido porque la clase política y las élites sociales han conseguido trenzar sus intereses de modo que las ventajas de la estabilidad y el parasitismo sobre las instituciones públicas se reparta de un modo equilibrado entre ellos o, en su caso, procurando una razonable rotación en el disfrute de prebendas. Si la situación aprovecha a los principales actores políticos y sociales, existirán menos razones para cambiarla. El anquilosamiento o la congelación del régimen constitucional no es difícil si la trama se extiende por todo el territorio del Estado, apostando en cada lugar estratégico a un leal cacique local que asegure la aceptación pacífica, o incluso entusiasta, y desde luego participativa, del reparto del poder”.

Cuatro décadas después, a ese congelado institucional parece llegarle el tiempo del deshielo. El bipartidismo lleva tiempo amenazado desde la derecha, la izquierda y el centro —y “desde el centro-centro”, según algunas—. Mientras, la crisis económica y la desigualdad han hecho que ya sea historia el bienestar que, según Muñoz Machado, “camufló” la inadecuación del apartado del Estado para la correcta administración de los intereses públicos. ¿Rotura, desgaste, envejecimiento, fin de era, cambio de ciclo? “Es un desgaste producido por el tiempo”, explica el ensayista en su despacho, en Madrid, “y por la falta de atención a un deterioro de las instituciones que hace poquísimo era tan general que afectaba desde a la Corona hasta el último rincón: el Parlamento, que no funciona sino a las órdenes del Gobierno; un Senado inservible; un Tribunal Constitucional dudoso; un Consejo General del Poder Judicial en cuestión…”.

"Igual que se habla de Segunda República, tal vez deberíamos hablar de segunda democracia", propone el historiador José Álvarez Junco

La sensación de que algo tiene que cambiar es casi unánime. “Sí, hay un cierto final de ciclo”, apunta el historiador José Álvarez Junco. “Igual que se decía Primera República, Segunda, tal vez se debería decir segunda democracia si tomamos como referencia el 78”. El autor de Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX subraya que la Constitución vigente tiene una virtud inédita en nuestra tradición —nació del consenso—, pero reconoce que desde el franquismo arrastramos un problema: el miedo a la democracia: “Nos martillearon durante 40 años con que las democracias son regímenes muy inestables. ‘Miren Italia’, nos decían, ‘cae el Gobierno cada seis meses. Miren la Segunda República’. Y se hizo una Constitución contra la inestabilidad. Aquí los Gobiernos no pueden ser derrocados porque el voto de censura constructivo es imposible de superar. Tenemos un sistema muy blindado y, además, los partidos se han ido convirtiendo en muy autoritarios —no lo eran tanto al principio— y en muy clientelares”. A falta de la transición ética.

La catedrática de Ética Adela Cortina sostiene que vivimos en una época de cambio, no en un cambio de época. “La gente”, argumenta, “se ha cansado del conformismo de los dos partidos preponderantes, de su tendencia a no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto y dedicarse a sobrevivir. Eso ha llevado a la gente a indignarse con mucha razón”. Para explicar su dedicación a la ética, Cortina suele remontarse a la Transición. Con el final de la dictadura, quiso saber si una sociedad vertebrada en torno a los valores del nacionalcatolicismo podría desarrollar una ética compartida. Por eso se marchó a Alemania a estudiar la ética dialógica de la Escuela de Fráncfort. ¿Necesitamos hoy un cambio similar de valores? La pensadora responde sin dudar: no. “El paso del franquismo a la democracia no se puede comparar con lo que ahora podríamos hacer de novedoso. Somos un país democrático con instituciones deterioradas pero legítimas. No hay una crisis de legitimidad, pero las instituciones tienen que estar de acuerdo con los valores que dicen representar: la libertad, la igualdad —que está en una situación deplorable—, la solidaridad… Hicimos la transición legal, ahora habría que hacer una transición ética”.

Santiago Muñoz Machado subraya que el deterioro institucional ha llevado a una pérdida de fe en el valor de la democracia: “La gente tiende a no creerse que el que habla en las elecciones es el pueblo y que las instituciones les representan. Ese valor es precioso, necesita mucho cuidado y no se ha cuidado nada”. Cuando recuerda algunos de los eslóganes del 15-M —“No nos representan”, “Democracia real ya”—, Muñoz Machado cuenta que, “como tantos”, también él pensó aquel 2011 que eran “exageraciones, un movimiento suflé”. Aunque lo vivió con mucho interés. “Ver a los alumnos en la calle era una alegría por el hecho mismo de aspirar a otra cosa, fuesen o no atendibles sus reclamaciones. Durante años no se conmovían con nada. Eso sí, les está costando convertirse en un partido estable”, dice en alusión a Podemos este catedrático de Derecho de la Universidad Complutense.

"Hicimos la transición legal, ahora habría que hacer una transición ética", sostiene la filósofa Adela Cortina

En las aulas o en las plazas, nunca se discutió tanto sobre la democracia como desde entonces. Tanto que conceptos que durante años fueron marginales se han instalado en el centro del debate hasta el punto de bautizar exitosas plataformas electorales. Lo común, por ejemplo. El reto para los indignados es marcar la frontera entre lo común y el fantasma del comunismo agitado por sus críticos más ruidosos. “Lo que está en cuestión hoy”, explica la filósofa Marina Garcés, autora de Un mundo común, “es cómo nos definimos y cómo nos organizamos colectivamente más allá de la solución moderna, que es la del Estado nacional y su concepción de la relación entre lo público y lo privado. ¿Quiénes somos nosotros en un sistema capitalista (productivo y financiero) globalizado? En un planeta tan interdependiente, la vida se ha convertido en un problema radicalmente común. Esta dimensión de la política no tiene nada que ver con la solución comunista a la configuración del Estado y de su gestión. Nos obliga a inventar otras soluciones”.

ampliar foto

Una grieta convive con la vegetación en una fachada de Madrid.

Muchos pensadores e historiadores coinciden en el diagnóstico, casi ninguno en el tratamiento. En el capítulo de las soluciones reaparece la dicotomía de moda en la España de los años setenta: ruptura o reforma. La globalización, la preeminencia de la economía sobre la política o la propia integración en la Unión Europea han dejado tocada, según algunos, esa “solución moderna” a la que se refiere Garcés: el Estado-nación. Si la corrupción política y la indefensión social ante la crisis —¡los mercados primero!— llevaron a muchos a decir que sus representantes no les representaban, la deriva globalizadora ha llevado a otros a decretar que el Estado del que forman parte ya no les sirve. Entre estos últimos está el filósofo barcelonés Xavier Rubert de Ventós, exdiputado al Congreso y al Parlamento Europeo por el PSC y autor del ensayo De la identidad a la independencia, consagrado a defender el independentismo catalán no desde el costado sentimental-nacionalista, sino desde un pragmatismo más centrado en la teoría política que en la economía.

“El Estado-nación”, explica Rubert por teléfono desde Barcelona, “nace en parte para solucionar un problema de escala y de funcionamiento mercantil en Europa. Funciona por el do ut des, doy para que me des. Los pueblos renuncian a la violencia a cambio de protección económica y militar”. Según Rubert de Ventós, ese Estado-nación está dejando de ser una entidad funcional para reducirse a entidad simbólica. Con la globalización ha ido perdiendo lo que antes ofrecía: democracia, seguridad y presencia internacional. “¿Qué estamos haciendo en Siria?”, se pregunta. “No tenemos ni idea de qué hacer. La concentración del poder da miedo y si el Estado se hace poco funcional ya no me sirve. Pero por funcionalidad, no por identidad. Cuando uno pone el motor, lo razonable es que lleve el volante”.

Para César Rendueles, que nació el año de la muerte de Franco y es autor del ensayo Sociofobia. El cambio político en la era digital, lo que está pasando en Cataluña es lo que Gramsci llamaba “revolución pasiva”: un intento por parte de las élites de sobrevivir a una crisis haciendo algunas concesiones que les permitan seguir en el poder. Una solución “desde arriba”. Esa tensión entre lo nacional y lo social pone sobre la mesa otra grieta: la que existe entre derechos individuales y derechos colectivos, que algunos consideran “históricos”. Según Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, los llamados “derechos históricos” son una reminiscencia del Antiguo Régimen anterior al establecimiento de las democracias: “Basarse en criterios de territorio, de nacimiento, de pertenencia a la tribu y de diferenciación en la superioridad, en lugar de hacerlo en la ciudadanía que nos hace bajo la ley común ‘libres e iguales’, es una regresión que perjudica a los más pobres, dificulta la movilidad social en beneficio de unos pocos y vulnera la libertad individual”. En un Estado de derecho, argumenta la historiadora, son los ciudadanos los que tienen los derechos, no los territorios: “El territorio común de ese Estado de derecho —España— es, como dice Fernando Savater, ‘el nombre que respalda mi ciudadanía, mis derechos y obligaciones, mi libertad de perfilar las identidades que prefiero”. El propio Savater sostiene que las tensiones proceden de no haber sabido explicar la diferencia entre identidad cultural y ciudadanía democrática: “Una vez aceptada la ley común, el ciudadano tiene derecho a ser diferente a todos los demás”. La solución, afirma el filósofo, está en el largo plazo, en la educación. Resignado a las prisas, apunta: “Ahora llegan elecciones y vamos a tener que ocuparnos de esa pedagogía de urgencia que son las campañas electorales”.

Según Fernando Savater, las tensiones territoriales proceden de no haber entendido la diferencia entre "identidad cultural" y "ciudadanía democrática"

Saliendo de la discusión entre lo individual y lo colectivo, que según Marina Garcés no se resuelve ni con la “simplificación nacionalista” ni con la “abstracción ciudadanista” porque “cada uno de nosotros es individual y a la vez múltiple”, la pensadora barcelonesa propone medidas concretas: “Referéndum en Cataluña, cambio en las leyes electorales, tanto generales como locales, y, a partir de ahí, proceso constituyente sin tabúes que redibuje de abajo arriba la arquitectura institucional y el sistema de toma de decisiones colectivas, incluida la jefatura del Estado. Lo que salga de ahí puede ser un país o varios, pero lo deseable es que sea bien distinto a la España que hemos conocido”.

Para otros, como Álvarez Junco y Muñoz Machado, la salida de la crisis institucional pasa por reformar la Constitución con toda la profundidad que sea necesaria, pero sin necesidad de un proceso constituyente. Se trataría, por un lado, de reconocer a Cataluña y a otros territorios una singularidad que quedó diluida en el famoso “café para todos” autonómico. Por otro, de definir cabalmente las competencias y la financiación de las Comunidades Autónomas. Según Muñoz Machado, “es menos respetuoso con la Constitución cerrar los ojos ante su decadencia que reformarla”. El inmovilismo, dice, es “irresponsable”: “Desestabiliza más que cualquier reforma”. También toca controlar, apunta el jurista, la “patrimonialización” del Estado por parte de los políticos. “La Constitución y el Estado de las autonomías permitieron expandirse a la clase política hasta términos que nunca hubiera soñado. Se apoderó de las instituciones sin un sistema de controles suficientemente severo. Eso hizo posible una corrupción galopante. Modificar ese estatus les producirá, obviamente, temor a la pérdida económica y de influencia, pero si no lo hacen, el pueblo se lo cobrará. Ya se lo está cobrando”.

“Es menos respetuoso con la Constitución cerrar los ojos ante su decadencia que reformarla", recuerda el jurista Santiago Muñoz Machado

En el supuesto de que se solucionara la crisis institucional, quedaría por resolver otra que llevó a muchos ciudadanos a reparar en ella: la económica. Pesimista ante la posibilidad de que los cambios vayan más allá de “unos parches que permitan seguir tirando”, el historiador Josep Fontana se mueve entre lo local —“¿qué vamos a votar en Cataluña el 20 de diciembre?”— y lo global: “¿Habrá una tercera crisis como las de 1929 y la de 2008? Esa incertidumbre está en todas partes. Hay problemas muy serios que tienen que ver con la economía y con la desigualdad, pero eso no los vamos a poder resolver aquí”. La idea lanzada por Sarkozy en 2008 de refundar el capitalismo es recibida hoy con una sonrisa irónica tanto por Fontana como por Adela Cortina, directora de una fundación para la ética en los negocios (Étnor). “Europa inventó una fórmula muy buena que es la economía social de mercado. El mercado tiene que vivir en un marco institucional para que la distribución de la riqueza sea lo más justa posible. Por ahora, estamos retrocediendo”, afirma Cortina, que no se resigna a la infalibilidad de los ciclos económicos: “La crisis parece una catástrofe natural, y los ciclos, un destino implacable, pero la economía es una actividad humana. Ahí está el caso Volsk­wagen. Hay cosas que no podemos prever, pero hay decisiones que afectan sobre todo a los peor situados. Son ellos los que acaban quedándose sin empleo”.

César Rendueles, que acaba de publicar el ensayo Capitalismo canalla, recuerda que en España la pobreza juvenil, por ejemplo, está muy camuflada por la fuerza de las familias: “Aquí la solidaridad familiar es muy intensa, y el tejido asociativo, muy débil, al contrario que en los países del norte. Necesitamos, aunque la expresión no me gusta, sociedad civil”. La política no puede ser estar en asamblea permanente, sugiere, ni reducirse a votar cada cuatro años. “Creo que la solución pasa por Europa, que debe ser algo más que el Banco Central. Tiene un tejido institucional que debemos resignificar. Es una de las principales economías del mundo y puede desafiar al neoliberalismo global”. Eso del lado del optimismo. Del lado del pesimismo, la idea de que la crisis, como en algunos países latinoamericanos, puede convertirse en la normalidad: “¡Claro que se puede vivir yendo a peor!”. Cuarenta años después de la muerte de Franco —los que tiene Rendueles—, llega el momento de comprobar si el sistema funciona mal o es que funciona así. Ni una cosa ni la otra deberían ser inevitables.

HAY QUE RENOVARSE PARA NO MORIR Y YA TOCA, PERO LOS POLÍTICOS EN LA POLTRONA Y LA MISMA MONARQUÍA NO LO DESEAN, VIVEN MUY BIEN, MIENTRAS EL PUEBLO SUFRE.ESTO NO TIENE MARCHA ATRÁS, EL CAMBIO YA HA EMPEZADO.