La estrategia de moderación del mensaje que Podemos seguirá de cara a las próximas elecciones irá acompañada de la eliminación o suavización de varias medidas programáticas con las que se dio a conocer la formación. Propuestas estrella que se colaron en la agenda pública generando encendidos debates, pero que ahora desaparecerán del programa marco del partido o se quedarán reducidas a la mínima expresión. Podemos apuesta por un programa de corte socialdemócrata en lo económico, por presentarse ante el electorado (de centro) como una alternativa prudente y realista, y por desprenderse de los clichés que identifican sus medidas con la izquierda clásica.
La irrupción de Ciudadanos, que amenaza con disputarle el votante menos ideologizado pero reacio al bipartidismo, junto a la “campaña del miedo” que asocia a los dirigentes del partido con el chavismo, son algunas de las razones de que Podemos se desdiga en cuestiones cruciales un año después de defenderlas a capa y espada.
Edad de jubilación: de los 60 a los 65 años
La reducción de la edad de jubilación a los 60 años fue una de las medidas más comentadas del programa con el que Podemos concurrió a las elecciones europeas. La propuesta se concebía como un mecanismo para “redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza”, pues se entendía que con una tasa de paro juvenil en torno al 50% era preciso anticipar la jubilación para abrir las puertas del mercado laboral a los desempleados más jóvenes.
En la propuesta económica de Juan Torres y Vincenç Navarro, presentada el pasado mes de noviembre, se pasó de reducir la edad de jubilación a “restablecerla” a los 65 años, “con carácter general pero flexibilizando dicho criterio en función de la naturaleza del trabajo realizado”. En este documento base sobre el que pretenden pivotar las líneas del programa económico de Podemos, se hace hincapié en la consideración de la jubilación como un derecho, y se propone también la derogación de las últimas reformas del sistema de pensiones.
Auditoría: de la quita a la reestructuración
La auditoría de la deuda, que en estos momentos roza el 100% del PIB, fue una de las propuestas que más horas de debate televisivo y páginas de periódico llenó. En consonancia con las organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado en esta cuestión, Podemos se comprometió en las elecciones europeas a llevar a cabo una “auditoría ciudadana de la deuda pública y privada. El objetivo era delimitar qué partes de la deuda podían considerarse ilegítimas y, basándose en ello: “Tomar medidas contra los responsables y declarar su impago”.
El epígrafe dedicado a esta cuestión añadía que se realizaría una reestructuración con la parte de la deuda que no se considerase ilegítima, y se derogaría el artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda. En el documento económico antes citado desaparece la palabra auditoría, que tampoco usan ya los dirigentes en sus intervenciones públicas, y se restituye por reestructuración a secas.
“Es preciso plantear en Europa que la reestructuración de las deudas, especialmente de los países de la periferia, no es una propuesta caprichosa sino el resultado de una estrategia cooperativa que resulta mucho más favorable que la impuesta hasta ahora y que puede terminar con una crisis mucho más grave y generalizada”. Es decir, negociar, y plantear estas negociaciones en el marco de la UE, en lugar de llevar a cabo una quita por decisión propia.
El secretario general, Pablo Iglesias, planteó estos mismos términos en el “otro debate del estado de la nación”, el pasado mes de febrero, con el añadido de que la reestructuración debe asociarse al crecimiento económico. Si la economía española crece, se paga; de lo contrario, hay que revisar los intereses o ampliar los plazos de pago. Lejos de las pretensiones iniciales.
De la nacionalización a la desprivatización parcial
Podemos planteaba el pasado verano la recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía, como son las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, el sanitario, el farmacéutico y el educativo. Un objetivo que se pretendía llevar a cabo mediante “la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal”.
En la propuesta económica presentada casi a final de año no se encuentran ya las palabras “nacionalización”, “recuperación del control público” o “desprivatización”. Lo que sí se incluye es la consideración de que “no basta con incrementar el gasto público, sino que es preciso lograr que nuestras administraciones públicas gasten con el más alto grado de eficiencia, cosa que hoy día no ocurre. Y para ello es preciso someterlas a una profunda modernización que garantice que los servicios que proporcionan se disfruten al menor coste posible, con la mayor eficiencia y eficacia y con la máxima satisfacción ciudadana”.
Por otra parte, se plantea la “creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público sujetos a condiciones estrictas que garanticen su sometimiento al anterior principio y al control ciudadano para evitar la corrupción que se ha generalizado en los últimos años”.
En la entrevista televisiva que Pablo Iglesias concedió el pasado 23 de febrero en Telecinco, el líder de la formación introdujo la idea de “desprivatizar” algunos sectores estratégicos “por una cuestión de eficacia”, poniendo el foco únicamente en el energético y el sanitario. “Hay una serie de sectores que tienen que tener controles por parte del sector público. Por ejemplo, las compañías eléctricas se han burlado del Gobierno. Un Gobierno responsable no puede permitir que a un español se le deje sin luz”, señaló para criticar que “sectores como la sanidad" tampoco pueden convertirse en un “espacio de privatización”.
Renta básica: de universal a renta de inserción
De la renta básica universal que se prometía en el programa de las elecciones europeas, se pasó a la renta básica para personas que no dispongan de ingresos procedentes del trabajo o excluidas socialmente (similar a la renta de garantía de ingresos del País Vasco) y, ahora, a la renta mínima de inserción actual. Esta será la propuesta final que Podemos plasmará en su programa marco para las elecciones autonómicas.
República: "Ahora mismo no interesa"
Tras la abdicación del monarca, el líder de Podemos afirmó que la monarquía española estaba asociada al “pasado” y a la “corrupción”, al tiempo que exigió al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba que “no traicionase” a sus electores evitando apoyar la ley orgánica que reguló la sucesión. Aunque los dirigentes de la formación asumen que la sensibilidad republicana es una realidad mayoritaria entre sus filas, Podemos no quiere abrir el melón del modelo de Estado, al menos de momento. “Es un debate que aún no se ha abierto en el seno de la formación”, según confirmó hace un mes el secretario de Organización, Sergio Pascual. Según interpretan los responsables de Podemos, “no es un asunto que interese ahora mismo a la ciudadanía española”. El partido también ha rehusado sumarse a la manifestación unitaria por la III República, coincidiendo con la celebración del 14 de abril por parte de los colectivos republicanos.
Tauromaquia, de entrada, no
La formación abogaba en su primer programa electoral por la “prohibición de la tauromaquia”, así como del tráfico de especies exóticas o en peligro de extinción, en el capítulo de protección animal. Una medida que iba acompañada de la regulación de la caza mayor y de especies protegidas, además de la “promoción de las Asociaciones Protectoras como vigilantes garantes de que las administraciones públicas están cumpliendo con su trabajo de amparo y protección de los derechos animales”. En cambio, el candidato madrileño José Manuel López, negó este lunes el Fórum Nueva Economía que fuese a abolir los toros, matizando que “si se mantiene con sus propios ingresos, no sería entonces un problema”. Podemos no subvencionará las corridas de toros, pero tampoco las prohibirá, como pretendía en un principio.
LA POLÍTICA FUTURA ES DE PODEMOS Y CIUDADANOS, ESO ESTÁ MUY CLARO
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