El guirigay territorial está servido. El presidente de la Comunidad Valenciana, del PP, reclama más dinero para su tierra, a la que considera injustamente tratada por España durante estos años amparándose en un análisis de un grupo de economistas que presenta algunas conclusiones sorprendentes. De lo contrario, proclama como amenaza, está dispuesto a devolver al Estado central competencias como la educación o la sanidad. Es una estratagema para hacerse fuerte y tomar ventaja en el pleito abierto sobre la financiación autonómica. No es indiferente aplicar este o cualquier otro modelo, pero lo fundamental es cómo gastan el dinero las regiones. Cuanto más poder tienen y más capacidad de ingresos, peor están. Asturias no puede descuidarse en esta polémica o acabará pagando los platos rotos.
Que los ricos aporten menos y reciban más y los pobres aporten más y reciban menos es una usurpación feudal superada con el perfeccionamiento del Estado moderno y sus mecanismos para redistribuir el bienestar y la riqueza, y propiciar la igualdad de oportunidades. En una regresión, a ese estrafalario planteamiento parece que quieren abonarse las comunidades españolas con sus reivindicaciones. Todas consideran escasos los fondos que les llegan y ninguna reconoce haber cometido dispendios. Las afortunadas que, por su potencial, aportan excedentes a la caja común quieren dejar de hacerlo o ser compensadas en igual proporción por ello. Las que, por su atraso, son deudoras del sistema, exigen que no cese el maná. Una ecuación de resolución imposible: si nadie da, no hay nada que repartir.
Fabra ha abierto el fuego, y Asturias ya puede ver lo que le aguarda. El presidente valenciano considera el actual sistema de financiación la causa del colapso económico de Valencia, Castellón y Alicante. Lo asevera, sin vergüenza, quien tuvo (él y sus antecesores en el cargo) una televisión con 1.700 trabajadores, más que todas las cadenas privadas nacionales juntas; tres entidades financieras en la ruina dirigidas por ejecutivos serviles a los políticos, ahora rescatadas con el dinero de todos los españoles; una megalómana Ciudad de las Artes de Calatrava y un circuito de Fórmula 1 ideales para que las élites extractivas obtengan tajada; un aeropuerto sin aviones para disfrute de los conejos y la propiedad de cuatro equipos de fútbol -Valencia, Levante, Elche y Hércules-, por cuyos créditos fallidos tuvo que responder.
Ninguna quiere admitirlo, pero despilfarros hubo en todas las autonomías, también en la asturiana, que sin llegar a estos extremos tampoco se quedó corta. El presidente Fabra avala las supuestas injusticias hacia su tierra exhibiendo un informe técnico en el que consta que la Generalitat valenciana no incurrió "en gastos excesivos". Una desfachatez así compromete la credibilidad y el rigor de los autores, entre los que se hallan José Barea, el protegido de Aznar que chocó con Rato; Ramón Tamames, marxista en vuelo al capitalismo; Pedro Schwartz, un liberal que quería despedir de golpe a 26.000 mineros en Hunosa, y el asturiano Juan Velarde, siempre presto a defender los idearios conservadores.
¿Hablamos en serio de corregir las deficiencias del modelo territorial después de tres décadas de experiencia o estamos ante la enésima estrategia coyuntural para arrebatar a otros un trozo mayor de la tarta? A los asturianos, a los españoles, les interesa lo primero. La demagogia del planteamiento valenciano hace presagiar lo segundo. Van cinco métodos de financiación, y este último, colmado de elogios al nacer, tampoco sirve. Valencia amaga con retornar al Estado la sanidad y la educación, un saco sin fondo. Antes lo hizo Madrid. Cuando ninguna autonomía puede sostener sus hospitales y sus escuelas y ofrece un servicio desigual al contribuyente, lo lógico sería abrir ese melón. Pero hacen la propuesta con la boca pequeña. El día que devuelvan esas competencias habrán renunciado a su principal palanca para seguir exprimiendo las arcas centrales y perdido de un plumazo el 60% o el 70% de sus ingresos. También crecen las voces para reparar la injusticia del cupo vasco y su escasa contribución a la solidaridad nacional. Ahí coinciden populares con socialistas como el presidente asturiano, Javier Fernández. Pues, a ver si de una vez revientan esos privilegios intocables.
Cada uno hace las cuentas de la lechera a su antojo. El ministro Montoro deja anoréxicas las inversiones estatales para Asturias porque la región ya recibe mucho en pensiones. Como si los asturianos tuviesen la culpa de jubilarse o ser mayores. Nadie, excepto Madrid, Navarra, Murcia, Canarias y Baleares, recauda más en cotizaciones sociales de lo que paga en pensiones, y a otros no les cayó el castigo. El problema no reside en el modelo de financiación. Cualquiera fracasará si las autonomías siguen acumulando deudas disparatadas en proyectos sin sentido y alimentando su burocracia sin freno, o si las regiones mejor tratadas per cápita son siempre las mismas y convierten ese plus en una renta adicional antes que en un trampolín temporal para el desarrollo. Asturias no puede seguir recibiendo asistencia indefinidamente. No lo van a permitir las demás autonomías. Su aspiración tiene que ser abandonar cuanto antes su estatus de comunidad receptora de ayuda para mejorar y convertirse en donante.
Cataluña ya planteó su órdago. El País Vasco, agazapado, espera a ver hasta dónde estira la cuerda para situarse detrás. Madrid lo quiere todo: llora penurias y a la par alardea de bajar impuestos. Andalucía y Extremadura intentan unirse para salvar los muebles. Es posible que Asturias encuentre más aliados en su entorno, Galicia, Cantabria y Castilla y León, con gobiernos populares, que en el Ejecutivo socialista andaluz. Tratándose de una región periférica con apenas un millón de habitantes y dificultades para imponer su criterio, no le beneficia la inestabilidad política a la que la condenan sistemáticamente sus gobernantes. Si el Principado quiere sacar algo en limpio, no puede acudir dividido a esta disputa, ni con un Gobierno débil que ni siquiera es capaz de concitar los consensos imprescindibles en los asuntos trascendentales. Asturias se lo juega todo en las negociaciones en marcha. Quizás estemos ante su última oportunidad para decir adiós al furgón de cola de España.
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