Más de 1.000 millones de euros de gasto para obtener un retorno de (como mucho) 100 millones. Todo un negociazo. Así es como se presentan las últimas cenizas del faraónico aeropuerto de Ciudad Real, que acaba de entrar en liquidación para salvar parte de la deuda y decir adiós cuanto antes a uno de los mayores representantes de la España del despilfarro público.
Así lo ha ordenado el juez encargado de vigilar los movimientos de la infraestructura desde que entrase en concurso de acreedores hace tres años. El magistrado ha ordenado a la administración concursal que haga una relación de bienes a fin de vender la masa activa de la infraestructura. Todo se haría mediante una subasta en la que el precio de partida serían 100 millones de euros, una cifra cercana a la que se manejó en los rumores de venta de hace tres años. En caso de no encontrar comprador, se llevaría a cabo una subasta privada que, en caso de ser igualmente infructífera, daría paso a una subasta judicial.
100 millones para paliar una deuda de 529
Aunque el aeropuerto se vendiese, la cifra obtenida no sería, en ningún caso, suficiente para solventar los alarmantes niveles de deuda que viene soportando. En el primer informe concursal, los administradores establecieron una deuda de 319 millones de euros, adquirida con los múltiples acreedores de la infraestructura y con las entidades bancarias que concedieron préstamos para la solvencia del proyecto.
Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) sentenció que el justiprecio establecido en las expropiaciones de los terrenos circundantes al aeropuerto -cuando el Gobierno de C-LM modificó la ley para permitir la recalificación del suelo rústico en industrial- era muy inferior al que se había aplicado. Así, el TSJCM sumó 210 millones de euros a una deuda que actualmente es de 529 millones, cinco veces por encima del precio de partida para la venta de las instalaciones. Una venta que, además, ni siquiera aseguraría el mantenimiento de la licencia de vuelo.
Los administradores concursales, los primeros en cobrar
José Joaquín Navarro, administrador concursal nombrado por Cajasur. (EFE)Si se llegase a vender el aeropuerto, los administradores concursales encargados de gestionarlo durante los tres últimos años serían los primeros en cobrar sus sueldos, estimados en cerca de dos millones de euros por cabeza.
Tras ellos, los 71 trabajadores despedidos en el último ERE. Los últimos en la lista de cobros serían los proveedores del aeropuerto, algunos de los cuales fueron, precisamente, los que iniciaron el proceso que desembocó en el concurso de acreedores.
Se intentaría, de este modo, dar carpetazo a una infraestructura que no solo ha tenido gran parte de culpa del hundimiento de Caja Castilla-La Mancha (con hasta un 68,28% de las acciones), sino que, además, ha concedido indemnizaciones millonarias a algunos de sus directivos y ha hecho uso de las empresas de los propios accionistas para construir el aeropuerto.
COMENTARIO:
1.000 millones / 75.000 habitantes = 13.333 euros por persona. Una familia de 4 personas sería 53.000 euros.Y nadie en la cárcel por este EXPOLIO. Luego dirán que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
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