La Agencia Tributaria vuelve a torpedear la investigación a la Infanta por fraude fiscal.
Hacienda ha vuelto a poner la zancadilla al juez José Castro. Si el pasado mes de enero la Agencia Tributaria ya emitió un informe sesgado que exculpaba a la infanta Cristina de Borbón de un presunto delito fiscal, ahora se ratifica en los argumentos de aquel informe y rechaza asignar al instructor del caso Nóos un perito que le ayude a determinar si la hija del Rey defraudó al fisco y blanqueó capitales a través de la mercantil Aizoon S. L., cuya propiedad comparte al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.
En una providencia dictada ayer, Castro comunica a las partes personadas en el caso Nóos que la Agencia Tributaria ha denegado su petición para que un experto fiscal adscrito al cuerpo de Vigilancia Aduanera e identificado como Numa 3173 le asesore en su investigación. El juez había reclamado a Hacienda que ese funcionario le ayudase a supervisar e interpretar los datos fiscales sobre Aizoon por la "eficaz labor que ha venido realizando en la presente causa". Pero la respuesta recibida ha sido un rotundo no.
La Audiencia de Palma exoneró el pasado día 7 a la Infanta de complicidad o colaboración necesaria en los presuntos delitos cometidos por Urdangarin al frente del Instituto Nóos, pero dejó la puerta abierta a su imputación por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Aizoon, y pidió al juez Castro que continúe investigando esta última sociedad. Según el tribunal, Aizoon era "una sociedad pantalla" que los duques de Palma "utilizaban para defraudar a Hacienda", y censuraba que ésta atribuya erróneamente ese presunto delito sólo a Urdangarin, pese a que "las facturas fueron libradas por la sociedad".
El auto de la Audiencia rechazaba así los argumentos de la Hacienda Tributaria, que el 14 de enero emitió un informe en el que concluía que el yerno de don Juan Carlos cometió un delito fiscal a través de Aizoon, pero no así la Infanta, ya que, a su juicio, las ganancias de la sociedad "deben imputarse a la persona física y no a la persona jurídica"; es decir, a Urdangarin y no a Aizoon. El duque de Palma cobró entre 2007 y 2008 más de un millón de euros de seis empresas privadas por supuestos trabajos de asesoramiento, pero no facturó esos servicios como un ingreso personal por su actividad laboral, sino que lo hizo a nombre de Aizoon.
Al rescate de la Infanta
Ahora, Hacienda vuelve a salir al rescate de la Infanta. Ayer no sólo negó a Castro la asignación temporal a su juzgado del funcionario Numa 3173, experto en fraude fiscal y blanqueo y que ya asesoró al juez en el pasado, sino que rebate todos los argumentos de la Audiencia de Palma contra la Infanta y sostiene que ésta no puede ser considerada "cooperadora" en los delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo "por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad" de la que ambos son propietarios.
En un dictamen remitido a Castro el pasado viernes, y que el juez trasladó ayer a las partes, la Agencia Tributaria retuerce los argumentos en favor de la hija del Rey e insiste en señalar a Urdangarin como el único responsable del supuesto fraude fiscal. Hacienda afirma que para atribuir a la Infanta ese delito sería necesaria "una previa participación consciente dirigida a la defraudación, bien induciendo al autor a cometer el delito o bien cooperando a su ejecución", circunstancias que, a su juicio, no se dan en el caso de la duquesa de Palma.
La Agencia Tributaria se ratifica "íntegramente" en las razones que ya esgrimió en enero para exonerar a la Infanta, y añade, en un abierto desafío a la Audiencia de Palma y al juez Castro, que el informe que emitió entonces no tiene "lagunas ni contradicciones", como le había reprochado ese tribunal. Y todo ello pese a que la sociedad instrumental Aizoon, de la que la Infanta es copropietaria, fue utilizada para desviar una parte considerable de los fondos públicos y privados captados por el Instituto Nóos; para emitir facturas falsas por informes ficticios y para sufragar gastos del palacete familiar de Pedralbes, en Barcelona.
COMENTARIO:
La responsabilidad por un posible delito fiscal de una sociedad constituida "SIN ANIMO DE LUCRO" llamada Aizoon, entre dos únicas personas, cuyos miembros, Ignacio Urdangarin y Cristina de Borbón, que son además matrimonio y que presuntamente se han enriquecido con los ingresos ilegales de su indecente gestión, sin que sus beneficios hayan sido declarados a la Hacienda pública, no puede ser atribuido a una sola de las partes, salvo que la otra está oficialmente discapacitada intelectualmente para separar el trigo de la paja.
Este vergonzoso montaje de la Justicia y del Gobierno, que quieren mirar para otro lado para lavar una imagen supuestamente sucia de unos miembros concretos de la familia real, no contribuirá a mejorar la cercanía de la sociedad a la Corona, que sin duda está demostrando que, hoy por hoy, en la España democrática, la Justicia no es igual para todos
Por eso, entre que la estructura interna de los partidos políticos y su funcionamiento no son democráticos, según establece el art.º 6 de la Constitución, que no hay separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que los españoles no somos iguales ante la Ley, ¿Qué nos queda por aguantar?
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