La OCDE prevé que el paro escale al 28% y que el déficit apenas baje este año.
El nuevo pronóstico anticipa un saldo público peor del fijado por el Gobierno para 2013 y 2014.
"Impulsar el crecimiento debería ser la prioridad número uno", señala la OCDE a Rajoy.
El PIB bajará un 1,7% este año, según el organismo, frente al 1,3% que augura La Moncloa.
Mientras los líderes europeos tantean un primer esfuerzo conjunto contra el desempleo, cinco años después de que estallara la Gran Recesión, la deriva destructiva de economías atenazadas por el endeudamiento privado y los rigores de la austeridad (administrada por esos mismos líderes europeos) no espera. Las previsiones económicas vuelven a ser una sucesión de cambios a peor. Fue lo que ocurrió hace menos de un mes con el pronóstico del Gobierno español. Y es lo que se manifiesta ahora con las nuevas previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que empeoran las recientes estimaciones del Ejecutivo de Rajoy, sobre todo en desempleo y déficit público.
La OCDE estima que la tasa de paro, que arrancó el año con un nuevo récord (6,2 millones de desempleados, un 27,16%), cerrará 2013 en el 28%, y que ese será el promedio para 2014, muy alejado del pronóstico del Ejecutivo de Rajoy, que cree que la reducción de la población activa haría disminuir la tasa de paro al 26,7% el próximo año.
La OCDE urge a aprobar las reformas de los colegios profesionales y del sector eléctrico
También malo es el pronóstico sobre la evolución del saldo presupuestario, que ya ha dado las primeras señales de desvío en los primeros meses de 2013. El organismo internacional cree que el déficit público apenas bajará este año: del 7% del PIB en 2012 al 6,9% este ejercicio, en una comparación que descuenta las ayudas públicas a la banca.
El Gobierno cree que el saldo final de 2013 será del 6,3% y que la prórroga de las principales subidas de impuestos, junto a una mínima recuperación, permitirán achicarlo al 5,5% en 2014. Aquí la disparidad con la OCDE, que sí ha tenido en cuenta las últimas decisiones fiscales del Ejecutivo de Rajoy, es extrema: para 2014, tampoco prevé un recorte significativo del déficit, que sitúa en el 6,4% del PIB.
Tanto el aumento del paro como el escaso recorte del déficit se producen con una previsión de crecimiento muy similar a la del Ministerio de Economía para 2014 (un avance del 0,4% frente a 0,5%) y algo peor para 2013 (-1,7% frente a -1,3%). "Impulsar el crecimiento debe ser la prioridad política número uno del Gobierno", señala el análisis de la OCDE sobre España.
Pide abolir la prórroga al negociar convenios y afrontar la dualidad del mercado laboral
El organismo internacional cree que la falta de crecimiento, la debilidad de la recuperación, es más preocupante que la lentitud en el ajuste del déficit público. "El Gobierno debería alcanzar sus objetivos fiscales en términos estructurales, pero dejar que los estabilizadores automáticos actúen libremente", añade. Es decir, que ese ajuste tenga en cuenta que algunos incrementos de gasto (prestaciones por desempleo, intereses) están ligados a la recesión y que remitirán cuando la recuperación se fortalezca.
Para reactivar el crecimiento, la OCDE insiste en la vía de las reformas estructurales. Reclama que los proyectos anunciados para abrir la competencia en colegios profesionales y para cambiar la regulación del sector eléctrico se hagan realidad. Considera que la reforma laboral no ha hecho lo suficiente por acabar con la "dualidad" entre trabajadores temporales y fijos. Y también cree que el Ejecutivo debe ampliar sus políticas activas de empleo, aunque destaca "pasos positivos" del Ejecutivo español.
Además, la OCDE cree que se debe ir más allá de la reforma laboral en el límite a la negociación de convenios laborales cuando estos caducan. La reforma restringe la prórroga a un solo año, aunque sindicatos y patronal acaban de pactar mantener la negociación mientras las dos partes lo consideren oportuno y recurrir al arbitraje en caso de controversia. La OCDE, sin embargo, plantea que la extensión legal (un año) "debe ser totalmente abolida para dar a las empresas más flexibilidad de contratación en una situación de incertidumbre".
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