Si los etarras cobraran, el ejemplo podrían seguirlo violadores, proxenetas y narcos.
Si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decide finalmente derogar la «doctrina Parot» a partir de la vista que se celebra el miércoles, 20 de marzo, el Estado español podría verse obligado a abonar alrededor de dos millones de euros a los sesenta etarras que en ese supuesto seguirían los pasos de la terrorista Inés del Río Prada. Y si el abanico se ampliara a otro tipo de terroristas, violadores, pederastas o narcotraficantes, el desembolso se dispararía a cifras muy superiores, incalculables en este momento.
De esos dos millones de euros, España debería desembolsar la mitad en fechas no muy lejanas, ya que si la Gran Sala abriera la puerta de la cárcel a Del Río, que fue terrorista del «comando Madrid» ycondenada a 3.826 años de cárcel por 23 asesinatos, tras ella desfilarían una treintena de esos etarras que ya tienen presentado el recurso. El resto, después.
El cómputo de dos millones se deduce de los 30.000 euros que, según lasentencia que el Tribunal de Estrasburgo dictó el pasado mes de junio en primera instancia, el Estado debe pagar en concepto deindemnización a Inés del Río Prada. Las víctimas de esta terrorista -obviamente, las que sobrevivieron a su escalada de atentados, porque a las 23 restantes las silenció para siempre- claman indignadas. Ninguna de ellas ha recibido de esta asesina un solo céntimo de los millones de euros que las sentencias condenatorias establecían como responsabilidad civil. Ha sido el Estado el que ha tenido que adelantar a las víctimas estas indemnizaciones como responsable subsidiario. Pero ello no pudo ser hasta 1999, más de quince años después de sus atentados, gracias a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo que impulsó José María Aznar. «Eso sí, tras sufrir en propia carne el zarpazo de ETA», recuerda ahora Alfonso Sánchez, una de las muchas víctimas de Inés del Río, que sobrevivió al atentado en la plaza de la República Argentina (Madrid).
El Tribunal de Estrasburgo establecía que Inés del Río debería cobrar esos 30.000 euros para resarcirle del daño moral causado por el alargamiento de su estancia en prisión al aplicársele de manera injusta la «doctrina Parot». Cabe suponer que, según ese criterio, los otros sesenta etarras habrán padecido también «daño moral», mayor o menor que la pistolera del «comando Madrid», en función de su permanencia en prisión.
¿Indemnizar a violadores?
¿Y los siete miembros de los Grapo, el terrorista del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego o el mercenario de los GAL inmersos en la «doctrina Parot»? Podrían reclamar su parte, argumentando que también han sido «víctimas» de una doctrina injusta. En virtud de lo que decida la Gran Sala europea, podrían cobrar una indemnización también el «violador del ascensor», el «violador del estilete»; y podría llegar a constituir un agravio comparativo si no se desembolsara similar cantidad de euros a Miguel Ricart, asesino de las tres niñas de Alcácer, o a los narcotraficantes y mafiosos afectados por esta medida.
Inés del Río Prada no ha indemnizado a sus víctimas, y tampoco se ha arrepentido ni les ha pedido perdón. Antes al contrario, se mantiene orgullosa de su pertenencia a ETA. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC aseguran que durante el debate interno llevado a cabo en las cárceles, entre 2009 y 2010, ella se alineó con la postura más dura, que defendía la ponencia impuesta por los propios cabecillas de la banda, la denominada «mugarri». Un documento que planteaba seguir con la estrategia «político-militar» y alternar los atentados más devastadores con maniobras como treguas trampa para así forzar al Gobierno a una negociación política.
Finalmente triunfó la ponencia «zutik, Euskal Herria», impulsada porArnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, que apostaba por la vía exclusivamente política. Fue entonces cuando Inés del Río la acató, no por convicción, sino por disciplina, porque el objetivo a partir de ese momento era que la izquierda abertzale, entonces ilegalizada, pudiera irrumpir en las instituciones.
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