Después de la traca palmesana del fin de semana, las cosas deberían volver a su cauce. O sea, al proceso indagatorio sobre las trapacerías de dos indeseables y la colaboración necesaria de los cargos políticos que les hicieron el juego. De las deposiciones judiciales de Urdangarín y García Revenga, por un lado, y el blanqueo mediático de Corinna, por otro, uno saca la conclusión de que las bombas atómicas de Diego Torres, en forma de correos electrónicos expresamente seleccionados con la intención de salpicar al Rey, e incluso al Príncipe de Asturias, son en realidad bombas fétidas. No matan, pero huelen fatal. Carecen de relevancia judicial, pero avivan el desprestigio de la institución y a las personas que la representan.
Queda formalizada en sede judicial la desvinculación de la Corona en los negocios de Urdangarín: “Declaro que la Casa de Su Majestad el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Noós”. Es perfectamente congruente con el hecho acreditado de que, en la primavera de 2005, el asesor jurídico del Rey descubre lo que siete años después el juez Castro pondrá negro sobre blanco en un auto: que el marido de la infanta Cristina, junto a su antiguo profesor en el ESADE, están aprovechando el parentesco del primero con la Casa Real para “acudir a altas instancias políticas puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables”.
Todo eso no detiene el alarmante proceso de vulgarización de la Monarquía. Su creciente pérdida de carisma corre en paralelo con el deterioro físico de don Juan Carlos, que ya ha pasado seis veces por el quirófano en estos tres últimos años y lo hará por séptima vez dentro de unos días. No hay mal que por bien no venga. Tres meses más para la forja del príncipe de Asturias en el oficio de Rey que está llamado a desempeñar a la muerte de su padre. O a la abdicación. O a la renuncia. O a la inhabilitación. Tres figuras que la propia Constitución Española no descarta. No las descarta porque las contempla (artículos 57 y 59), aunque no hayan sido desarrolladas por ley orgánica. Sobre ese vacío legal trabajan los servicios jurídicos de Zarzuela, como es su deber, a fin de armarse argumentalmente frente a la formulación de diferentes escenarios sucesorios. Asunto de viva polémica en la actualidad nacional más reciente, que viene descargado de su dramático peso histórico por el enfrentamiento de españoles polarizados entre república y monarquía.
Un republicano de los de ahora como Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes, acaba de abrir la controversia don Juan Carlos vs. don Felipe y no monarquía vs. república. Y aun así, ha sido expresamente desautorizado por la dirección del PSOE que, como todo el mundo sabe, fue un firme baluarte de la causa republicana hasta su apuesta monárquica de 1978. Esta, en nombre del consenso de la transición, a la que también se sumó el Partido Comunista de España, ha contribuido decisivamente al más largo periodo de paz, estabilidad y progreso que ha conocido España desde su aparición como Estado moderno a finales del siglo XV. Conviene no perder la perspectiva.
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