La tecnología ha avanzado hasta el punto de que resulta difícil aceptar que una tragedia como el descarrilamiento de un tren pueda despacharse atribuyéndola simplemente a un error humano. Detrás de algo así puede haber ineficiencia, dejadez, irresponsabilidad y negligencia compartida. Los sistemas actuales están concebidos precisamente para prevenir errores, detectar anomalías y evitar que un fallo termine costando vidas. Pero la tecnología no se supervisa sola. Detrás de ella hay personas, técnicos, responsables y gestores que tienen la obligación de vigilar, advertir y actuar.
Quien detecta un fallo tecnológico o informático y no lo denuncia, quien conoce las deficiencias de un sistema y permite que siga funcionando, quien recibe advertencias y las ignora también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre el último eslabón de la cadena, que, por supuesto, también debe responder por sus actos.
Hemos hablado tanto de techos de cristal, de ocupar y repartir cargos, que nos hemos olvidado de que un cargo no es solo notoriedad y cobrar más. Tal parece que ocupar un puesto de responsabilidad sea suficiente para justificar su desempeño. Y no es así. Un cargo no es un privilegio ni un refugio: debería ser el resultado del mérito, la capacidad, la preparación y la personalidad. Pero, sobre todo, implica una obligación de responsabilidad que va mucho más allá de las funciones que se delegan. Exige preparación, capacidad de decisión y, sobre todo, asumir las consecuencias de lo que se hace y de lo que se deja de hacer.
En una tragedia de esta dimensión, la responsabilidad no puede buscarse en una sola persona. Hay que investigar toda la cadena: trabajadores, técnicos, mandos intermedios, inspectores, responsables de mantenimiento, directivos y responsables políticos. Y, por supuesto, al ministro que está al frente del departamento del que depende la gestión política del sistema. La responsabilidad política no desaparece porque no se haya accionado personalmente ningún mecanismo.
Si falló la tecnología, habrá que saber por qué. Si los sistemas eran obsoletos, por qué no se renovaron. Si las anomalías eran conocidas, quién las comunicó y quién las ignoró. Si faltaban inversiones, quién decidió no hacerlas. Y si alguien permitió que un tren circulara con deficiencias que comprometían la seguridad, tendrá que responder por ello.
No se trata de repartir culpas sin pruebas ni de buscar dimisiones como sustituto de una investigación. Se trata de que nadie pueda esconderse detrás de un organigrama, un protocolo o una explicación técnica. Las responsabilidades deberán acreditarse, pero también exigirse en todos los niveles, incluida la responsabilidad política, que puede existir aunque no haya delito.
Porque, cuando se repite una tragedia de esta magnitud, la pregunta no puede ser solamente quién cometió el último error. Hay que preguntar quién tenía la obligación de evitarlo y no lo hizo.
La tecnología puede fallar, pero los sistemas de seguridad deben estar concebidos para detectar esos fallos, anticiparse a sus consecuencias e impedir que se conviertan en tragedias. Y esa obligación no puede quedar en manos de una sola persona, sino de toda una cadena de responsables que deben asumir su parte. Lo imperdonable sería que quienes tienen la obligación de vigilarla conocieran sus fallos y miraran hacia otro lado.
Porque cuando las consecuencias son vidas humanas, la responsabilidad no puede detenerse en el último eslabón: tiene que llegar hasta arriba.
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