Un gobierno tramposo

PSOE y Sumar burlan las garantías parlamentarias para sortear al Supremo y legalizar por la puerta de atrás la controvertida 'ley de nietos'

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados ejecutó ayer una nueva trampa legislativa para lavar la chapuza de la instrucción que dio origen a la 'ley de nietos'. Es la reacción abusiva de un Gobierno que no duda en adulterar los trámites legislativos para hallar atajos a sus experimentos, en este caso, de ingeniería electoral. La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente ciertos procedimientos de nacionalización e inscripción electoral a la vista de unos sólidos indicios de incremento fraudulento del censo de electores que podrían votar en las próximas elecciones generales. El origen de esta situación es una instrucción administrativa dictada en 2022 por la directora general del Ministerio de Justicia, Sofía Puente (a la sazón hermana del ministro Óscar Puente), que decidió por sí misma que podía convertirse en cámara legislativa para ampliar el ámbito de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática del mismo año.

Lejos de acatar la suspensión cautelar y, al mismo tiempo, promover un nuevo proyecto de ley que modificara la de memoria democrática, el PSOE y Sumar han optado por lo que se ha convertido en santo y seña de su política: tramitar un enmienda 'intrusa' en un proyecto de ley sobre educación para ahorrarse todo el trámite legislativo. La decisión que tomaron ayer socialistas y comunistas está precedida de un informe de los Letrados del Congreso de los Diputados que avisa de la inconstitucionalidad de esta práctica. Su criterio se apoya en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, que exige una conexión de homogeneidad entre la materia de la ley y la materia de la enmienda.

Aun avisados de su inconstitucionalidad, los socios de Gobierno han tomado una decisión ilegal, beneficiada por la teórica impunidad que les propicia la sede parlamentaria, pero que, en otros ámbitos, sería una prevaricación de manual. La enmienda persigue dejar sin objeto las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, blanquear la chapuza de Sofía Puente y asegurarse una especie de regularización masiva de extranjeros para darles la nacionalidad y el voto. El despropósito de la enmienda llega al extremo de presumir que todo ciudadano español que saliera de España entre 1936 y 1955 era un exiliado político y que todo hijo o nieto de ese español tiene derecho a la nacionalidad.

El fraude ha cambiado de formato, de instrucción administrativa a enmienda legal, pero sigue siendo un fraude. En todo caso, las decisiones del Supremo siguen vigentes, porque la enmienda no surtirá efecto hasta que se apruebe la ley en la que ha sido incrustada, si es que llega a aprobarse. Partido Popular y Vox han anunciado un recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso, que corresponderá al Tribunal Constitucional, sometido a los tiempos e intereses de Pedro Sánchez gracias a Conde-Pumpido. El sanchismo provoca así la degradación en cadena de procedimientos previstos por la Constitución para expresar la legítima voluntad de los ciudadanos a través de leyes bien formadas y tramitadas y para controlar su constitucionalidad.