La opacidad socialista

Mientras la financiación directa de los partidos está sometida a límites estrictos, las fundaciones vinculadas disfrutan de un régimen diferenciado.

La investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE ha alcanzado un punto que trasciende ya las declaraciones de Víctor de Aldama. Según informa este lunes ABC, la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acredita deficiencias relevantes en las obligaciones de transparencia de varias fundaciones vinculadas al partido. De las once identificadas, tres no presentaron en 2023 sus cuentas completas ni la memoria económica y seis carecían del preceptivo informe de auditoría externa. No es la prueba de una financiación ilegal, pero tampoco una irregularidad menor cuando la Justicia investiga precisamente si estas entidades pudieron servir para canalizar fondos de procedencia desconocida.

El problema adquiere mayor gravedad por las características del sistema. Mientras la financiación directa de los partidos está sometida a límites estrictos, las fundaciones vinculadas disfrutan de un régimen diferenciado. Esa singularidad legal no puede convertirse en un resquicio para rebajar la transparencia exigible al dinero que se mueve en el perímetro de una organización política. De ahí la importancia de que el juez pueda conocer la identidad de los donantes y reconstruir, si procede, los movimientos bancarios de las entidades investigadas. Algunos datos requieren explicaciones convincentes. Existen fundaciones sin actividad o en liquidación que continuaron recibiendo aportaciones del PSOE. Y sobre la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Santos Cerdán entre 2020 y 2022, el Tribunal de Cuentas ya había señalado «incidencias» y solicitado un plan de saneamiento tras el saldo negativo registrado en las cuentas de 2020. Fue precisamente entonces cuando, según la documentación conocida, las donaciones al PSOE alcanzaron los 840.000 euros.

La Justicia deberá determinar si existe alguna relación entre estos hechos y el mecanismo descrito por Aldama, quien sostiene que determinadas comisiones fueron introducidas en el circuito del partido mediante donaciones. La presunción de inocencia obliga a diferenciar escrupulosamente entre hechos acreditados, indicios e imputaciones. Pero esa cautela jurídica no puede transformarse en indiferencia política ante unas sospechas de semejante entidad.

El PSOE tiene una responsabilidad que va más allá de su estrategia procesal. Un partido que gobierna España no puede conformarse con invocar que corresponde a los tribunales esclarecer los hechos. Debe explicar por qué entidades inactivas siguieron recibiendo recursos, justificar las deficiencias detectadas por el órgano fiscalizador y ofrecer la máxima colaboración para reconstruir la procedencia del dinero. Si finalmente se acreditase que alguna fundación sirvió para eludir los controles de financiación política, el problema afectaría al corazón mismo de la limpieza democrática. Y aunque esa hipótesis no llegara a probarse, las grietas reveladas aconsejan reformar un sistema que permite zonas de opacidad en las fundaciones difícilmente compatibles con la transparencia exigible a los partidos. Aquí no basta con cumplir formalmente la ley: hay que garantizar que nadie pueda utilizar sus resquicios para vaciarla de contenido.