Decretos contra el inquilino

Pueden proteger a los inquilinos actuales, pero a costa de quienes mañana necesiten encontrar una vivienda, especialmente los jóvenes y los más vulnerables.

En línea con lo sucedido en los últimos años y con las decisiones que ha tomado la izquierda en materia de vivienda, los nuevos decretos del Gobierno son una vuelta más de tuerca a unas políticas que ya se han demostrado fallidas y nocivas. La raíz del problema es muy anterior a la actualización de la duración de los contratos y tiene que ver, fundamentalmente, con una cuestión evidente de oferta y demanda provocado por la falta de vivienda en el mercado. Ninguna de estas medidas incrementa la oferta disponible ni favorece que los ciudadanos que buscan legítimamente un techo puedan encontrarlo a un precio razonable. Al contrario, determinadas medidas pueden terminar desincentivando a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, reduciendo aún más la oferta disponible. Todas las políticas que no contribuyan a hacer crecer la oferta corren el riesgo de ahondar aún más en el problema. Pueden proteger a los inquilinos actuales, pero a costa de quienes mañana necesiten encontrar una vivienda, especialmente los jóvenes y los más vulnerables, precisamente quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercad.