España está ardiendo. Literalmente. Con más de 350.000 hectáreas calcinadas en lo que llevamos de 2025, el país rompe de nuevo su propio récord histórico, superando incluso el desastroso 2022. Cada verano la misma tragedia, el mismo espectáculo de humo, cenizas y pueblos amenazados, con familias que pierden sus casas, sus bienes, sus animales... y con muertos que engrosan la lista de víctimas olvidadas. Y cada verano, la misma respuesta: ineficacia, desinterés y parches.
Mientras tanto, la política española, tanto la de las comunidades autónomas, responsables directas de la extinción, como la del Gobierno central, que debería coordinar y liderar, sigue sin asumir que nos encontramos ante una emergencia estructural. No un problema puntual. No un accidente. ¡Una emergencia nacional!
El mapa de la extinción de incendios en España es un reflejo del caos competencial, con 17 reinos de taifas frente al fuego. Cada comunidad autónoma gestiona sus propios equipos, sus propios medios, sus propios presupuestos. El Estado, por su parte, aporta aviones, brigadas y la UME... pero sin un mando único ni una estrategia clara.
El resultado: descoordinación, duplicidad de gastos y falta de eficacia. El fuego no entiende de fronteras autonómicas, pero nuestro sistema político sí. El incendio avanza a su ritmo, mientras los gobiernos discuten a quién corresponde actuar.
Los datos son insultantes. España es, año tras año, el país europeo con mayor superficie arrasada por las llamas. Sin embargo, su inversión pública es ridícula comparada con sus vecinos:
- España (recursos del Estado, 2025): poco más de 115 millones de euros para prevención y apoyo a la extinción.
- Portugal: ~188 millones.
- Francia: decenas de millones solo en alquiler de aeronaves, además de su flota propia.
- Grecia: ha anunciado un plan de 2.000 millones en equipamiento y tecnología.
¿Cómo puede ser que el país que más hectáreas pierde sea el que menos invierte? La ecuación es clara: menos medios, más territorio arrasado.
No todo es culpa de políticos incompetentes. Una parte de la tragedia se la debemos también a ciertos movimientos ecologistas que han convertido la gestión del monte en un tabú ideológico.
- Denuncian la limpieza forestal como un "atentado ecológico".
- Se oponen a que el ganado pueda pastorear en los montes, comiendo la maleza que hoy actúa como gasolina del fuego.
- Bloquean iniciativas de aprovechamiento sostenible de restos de bosque y maleza, que podrían limpiar los bosques a la vez que generan energía.
Los resultados son bosques sucios, abandonados, convertidos en auténticas bombas de relojería que cada verano explotan con temperaturas extremas y sequías recurrentes. Mientras tanto, los mismos que bloquean soluciones prácticas se apresuran a denunciar la "falta de acción climática" cuando ya es demasiado tarde.
España tiene el récord de superficie quemada y el récord de abandono, los datos no mienten:
2022: ~306.000 hectáreas arrasadas.
2025 (hasta agosto): ~350.000 hectáreas.
En dos de los últimos cuatro años, España ha batido sus récords históricos de superficie quemada. Ningún otro país europeo acumula cifras tan escandalosas. Y aun así, seguimos con el presupuesto más bajo, la descoordinación más grande y la gestión más nefasta.
Más del 80% de los incendios tienen origen humano. De ellos, entre un 20 y un 55% son intencionados, dependiendo de la fuente. La Fiscalía habla de un 24%, el Fondo Mundial para la Naturaleza eleva la cifra hasta el 53%. El resto se reparte entre negligencias (quemas mal realizadas, colillas, maquinaria) y causas naturales (menos del 15%).
Una minoría estadística, pero con alto impacto mediático. Los pirómanos actúan por impulso, fascinación por el fuego o trastornos psicológicos. Representan apenas un 5 o 6% de los incendios intencionados.
El grueso de los incendios voluntarios proviene de prácticas agrarias y ganaderas: quemas para limpiar rastrojos, regenerar pastos o preparar zonas de caza. Estos motivos explican casi un 48% de los incendios intencionados. Un drama que muestra cómo la falta de control y la impunidad convierten la negligencia interesada en catástrofe nacional.
A todo esto se suma un problema aún más grave: quemar un monte en España sale barato. Las penas previstas en el Código Penal apenas llegan a cumplirse, las condenas son escasas y muchas veces simbólicas. Son muy pocos los responsables que acaban en prisión, y menos aún los que cumplen íntegramente la pena. La impunidad se convierte así en combustible añadido para quienes prenden fuego con la seguridad de que, si les atrapan, el castigo será leve.
España no se quema solo por el cambio climático ni por los "veranos cada vez más secos". España se quema por abandono institucional, incompetencia política, ceguera ideológica ecologista y un patrón continuo de negligencias e incendios intencionados.
Podríamos tener montes limpios, ganadería extensiva ayudando a controlar la maleza, planes de prevención eficaces, brigadas estables todo el año y una flota aérea moderna y suficiente. Pero no. Aquí preferimos llorar cada verano, mientras los políticos posan en las cenizas, prometen reconstrucciones y ayudas que nunca llegan. Basta recordar el terremoto de Lorca en 2011, la erupción del volcán en La Palma en 2021 o la dana de 2024: tragedias con damnificados que aún esperan las ayudas prometidas.
El fuego no espera. Y España seguirá ardiendo mientras quienes deberían protegerla sigan atrapados entre la desidia, la impunidad y la ideología.
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