Con motivo de la prohibición por parte del Ayuntamiento de Jumilla de celebraciones religiosas -en este caso islámicas- en polideportivo municipal, han surgido intervenciones diversas en medios de comunicación, interesadas las más, en la crítica desinformada de la realidad de los hechos. La Secretaría de la Conferencia Episcopal Española ha emitido una nota, excesivamente ingenua y simplista, lo que ha contrastado con la emisión de pareceres de distintas personas y autoridades, entre ellas la del arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz Montes, más cercana a la verdad profunda del tema de la libertad religiosa y el tratamiento de la emigración. Digo más próxima a la autenticidad de la cuestión puesto que gran parte de las críticas recibidas por nuestro arzobispo en Asturias, patria querida, han procedido de "presuntos" políticos, opinadores que se declaran orgullosos herederos de aquellos que tras la proclamación de la II República persiguieron y asesinaron a los católicos, comenzando por la jerarquía eclesial. Son los mismos que hoy, ¿por maldad o por ignorancia?, tratan de conseguir la "muerte civil" de los que mantienen criterios diferentes al pensamiento único que tratan de imponer.
¿Ignorancia o maldad? Puesto que no solo le acusan -en este caso a D. Jesús, en nuestro ámbito asturiano- de atentar contra la doctrina social de la Iglesia, sino que le califican de anticristiano. Así demuestran que desconocen no solo los verdaderos principios del cristianismo y de la religión católica en concreto, sino que, además, tratan de mezclar la doctrina social de la Iglesia con una perspectiva gramsciana de una renovada teología de la liberación de cuño marxista-leninista, alejada de la auténtica doctrina social católica.
Esto no es extraño en la situación de nuestra España actual, en la que la "verdad oficial" es siempre mentira, pero sencillamente por recoger algunos puntos básicos del criterio de la doctrina social podemos citar:
-La declaración de las Conferencias episcopales de África Occidental de 2020, referidas a la emigración irregular y la pérdida del valor humano de los jóvenes que abandonan engañados su tierra natal.
-Los mensajes de San Juan Pablo II para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado de 1996 y 2001, en los que recordaba que el deber de acoger al extranjero que llega en busca de seguridad y medios de subsistencia se corresponde con el deber de este de respetar las leyes vigentes en el país de acogida, teniendo en cuenta el bien común de la comunidad de acogida, en base al cual puede someter a regulaciones el ejercicio del derecho a emigrar.
-El discurso de Benedicto XVI al Cuerpo Diplomático el 10 de enero de 2011, en el que declaraba: "... es necesario equilibrar la acogida de los inmigrantes con las posibilidades reales de integración y con el bien común de las sociedades que los reciben".
Es decir, la doctrina social de la Iglesia no puede ir contra la Historia y los hechos, de forma que es perfectamente realista preguntarse en España por la integración de los musulmanes -si esta va a consistir en que sea el Islam el que obligue a la conversión a su religión-. Y más aun, preguntarse en España, parte de la Europa que tiene como fundamento de su Historia y de su idiosincrasia el cristianismo, y en la que su Constitución (al tiempo que reconoce el carácter aconfesional del Estado) obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, si no es exigible el principio de reciprocidad en países en los que no solamente se prohíbe su culto público, sino que se asesina por ser católico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario