En los últimos años, hemos sido testigos de una erosión preocupante del sistema de sanidad pública. Las largas listas de espera, la falta de personal y los recortes presupuestarios han puesto en jaque uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.
La pandemia de covid-19 dejó en evidencia la importancia de contar con un sistema sanitario robusto y accesible para todos. Sin embargo, parece que hemos olvidado rápidamente aquella lección. Los profesionales de la salud trabajan en condiciones insostenibles, con sueldos que no reflejan la enorme responsabilidad que asumen y con jornadas que afectan tanto a su rendimiento como a su bienestar.
Reforzar la sanidad pública no es una opción, es una obligación. Esto implica aumentar la inversión en infraestructura, contratar y formar más personal, y garantizar una atención equitativa en todas las comunidades autónomas. También debemos ser críticos con las políticas que promueven la privatización de servicios esenciales, ya que estas medidas solo profundizan las desigualdades en el acceso a la salud.
La sanidad pública no debe depender del presupuesto ni del color político de un gobierno. Es un derecho que debemos proteger, fortalecer y garantizar, porque sin salud, no hay vida.
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