Los rectores critican que Universidades haga indefinidos a 25.000 asociados
La Conferencia de Rectores se opone a la «medida estrella» de la nueva ley de universidades
En cuanto a los requisitos para ser rector considera que la propia Ley debería contemplar que este cuente «con méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses»
La Conferencia de Rectores (CRUE) se ha pronunciado después de varios días sobre la recién aprobada ley de Universidades. Han criticado la 'medida estrella' de la norma del ministro Joan Subirats, adelantada por ABC, que pretende hacer indefinidos a 25.000 profesores asociados, es decir, aquellos que trabajan en los campus entre 3 y 6 horas a la semana.
Así lo ha hecho saber la CRUE en un comunicado en el que han señalado que en lo que respecta al profesorado, «valoran positivamente la apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad», pero señalan que dicha reducción, que es del 8 por ciento de acuerdo a lo que marca la propia norma, «no debe afectar al profesorado asociado».
Los rectores agregan que «la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación». En este sentido, agregan, «habría que tener en cuenta en los costes de personal las indemnizaciones por despido de quienes tienen contratos indefinidos cuando terminen las condiciones para su contratación. También es importante que los costes de indemnización en contratos indefinidos sean elegibles en los proyectos de investigación», apuntaron los rectores.
En cuanto a la elección de rector, CRUE «insiste en que debería concederse a las universidades más libertad para decidir sobre su proceso, procedimiento y requisitos». Consideran que la propia ley debería contemplar que el rector cuente «con méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses».
Otra de las críticas que hacen es que consideran que «el procedimiento de selección de miembros externos a la comunidad universitaria en el órgano de gobierno, y en especial en el consejo social, debería producirse en términos similares a los de buena parte de las universidades de la UE, donde las propias universidades proponen una parte relevante de los mismos».
En cuanto a la parte positiva de la norma, los rectores resaltan que la nueva ley establezca «por primera vez en su articulado el incremento de la financiación pública hasta al menos el 1% del PIB para estas, y que debería precisarse mejor en su origen y calendario de ejecución». Del mismo modo, agregan «es importante que se preste en general una mayor atención a la I+D en todo el sistema universitario, y en particular en conectar las universidades con otros centros educativos, culturales y científicos para incentivar la investigación y reforzar las actividades educativas científicas y las vocaciones científicas».
También elogian que la ley incluya la propuesta de que el mandato de recto sea único y de seis años improrrogables y que se plantee una nueva carrera académica. Por último, «recalcan que contenga apartados sobre formación permanente, ciencia abierta y ciencia ciudadana» y ven positivo «el refuerzo de la autonomía universitaria al incorporar una mayor capacidad de desarrollo de algunos artículos por parte de las universidades a través de sus estatutos».
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