La Justicia señala a la ministra Diana Morant por el «efecto llamada» a la ocupación que generó al impedir un desahucio
El TSJ valenciano corrobora que la actuación de la entonces alcaldesa de Gandía derivó en impagos y vandalismo en un edificio destinado a alquiler social
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha eximido a una empresa de pagar los desperfectos de un edificio de viviendas de la localidad valenciana de Gandía en el que la entonces alcaldesa y ahora ministra de Ciencia, Diana Morant, junto a otros miembros de su equipo de Gobierno, impidió el desahucio de una mujer con su hijo.
La mercantil tenía la concesión durante cincuenta años de una parcela municipal en la que construyó 79 pisos de protección pública -así como garajes y trasteros- para alquilar a personas mayores, discapacitados o menores de 35 años. Todo se torció en 2016, cuando «la mayoría de las viviendas se encontraban ocupadas ilegalmente» y el inmueble se encontraba en «una situación de vandalismo generalizada: no había electricidad comunitaria, los ascensores no funcionaban, las puertas de las viviendas estaban reventadas y éstas desvalijadas, existiendo, además, acumulación de basuras».
La sentencia del TSJ de julio de 2021 -en la línea de lo que señaló el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Valencia- anula la resolución en la que el Ayuntamiento de este municipio costero exigía a la mercantil que ejecutara las obras para reparar las deficiencias -valoradas en más de 400.000 euros-, pero obliga a esa misma empresa a que pague el canon de la concesión desde 2007 hasta 2015, el periodo anterior a la ocupación que tampoco había sido abonado al consistorio.
El segundo fallo judicial, consultado por ABC, confirma también la conclusión de la jueza sobre la responsabilidad del equipo de Gobierno municipal y de quien acababa de coger la vara de mando, Diana Morant, -llevaba quince días en el cargo- en la deriva del proyecto y fija una fecha como detonante del estado actual de la construcción: el 30 de junio de 2015.
Ese día, la entonces alcaldesa socialista y dos concejales de Més Gandia se personaron en la parcela, donde un grupo de personas -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna- «que tenía por objetivo obstruir la acción de la justicia» se manifestaba ante el desahucio de una inquilina por falta de pago de la renta. «La comisión judicial, al no contar con auxilio de la fuerza pública, tuvo que desistir del lanzamiento», indica la sentencia.
Tras ese episodio se produjo un «efecto llamada» que el TSJ corrobora. Desde noviembre de ese año, se generalizaron en el edificio los impagos de la renta y las ocupaciones ilegales, así como el tráfico de droga en el mismo, «por lo que existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión».
En ese sentido, «no le eran imputables a la concesionaria los desperfectos que se le reclamaban, al haber sido el Ayuntamiento quien había impedido a ésta la ejecución normal de la explotación», con el consiguiente perjuicio económico para la empresa, que no pudo cobrar el alquiler a los inquilinos para pagar el canon al consistorio, como este le exigía.
«No hay una condena»
Preguntada por esta resolución en un desayuno, Diana Morant ha indicado que como alcaldesa y ministra «siempre» da cumplimiento a la ley y, además, ha agregado: «Como política creo que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y sus problemas». «Fui a personarme allí para dar una alternativa habitacional a la madre y su hijo, que atravesaban un momento de sufrimiento dificilísimo», ha señalado.
«Di cumplimiento a lo que marcaba la justicia. Decía que la familia debía abandonar la vivienda que ocupaba y, por tanto, con esa alternativa habitacional dimos salida al mandato judicial y una salida digna a una familia que se quedaba en la calle», ha apuntado, para apostillar: «El Ayuntamiento y la justicia cumplieron con lo que tenían mandatado. No puedo decir nada más».
Interpelada por el pago de una multa como consecuencia de su actuación, ha dicho: «Esa información es incorrecta. No hay una condena ni al Ayuntamiento ni a mí por responsabilidad de nada. El Ayuntamiento de Gandía dará cumplidas explicaciones a esta causa pero aquí lo que había era una situación de desahucio que afectaba a una madre y a su hijo y yo fui a auxiliarles y a proporcionarles una alternativa habitacional. Cumplí con el mandato judicial y con lo que tengo que hacer como política, que es dar soluciones a los problemas de la ciudadanía», ha insistido.
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