La Justicia eleva a dos millones de euros la condena a Ximo Puig por el caos sanitario de la primera ola del coronavirus
Una nueva sentencia, que la Generalitat Valenciana recurrirá, fija indemnizaciones más bajas que la anterior para los profesionales por la falta de protección
El Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm ha condenado a la Generalitat Valenciana a indemnizar a sesenta sanitarios del departamento de salud alicantino de la Marina Baixa por la falta de protección contra el coronavirus durante la primera ola de la pandemia.
Alrededor de 158.000 euros que con los casi 1,9 millones de la sentencia anterior -la primera de este tipo en España- suman más de dos millones de euros «por los daños y perjuicios personales y morales» que padecieron entre marzo y mayo de 2020 al infringirse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El fallo del 17 de enero fuerza a la Conselleria de Sanidad a abonar diferentes cuantías según el grado de afectación, muy inferiores a las que fijó en el Juzgado de los Social número 5 de Alicante pocos días antes, por lo que el Sindicato Médico CESM-CV, quien presentó la demanda en ambos casos, estudia recurrirlo.
La Generalitat también presentará recurso, tal y como ha confirmado este viernes la máxima responsable de ese departamento, Ana Barceló: «Llegamos hasta China para poder conseguir ese material para distribuirlo al personal. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance».
La magistrada condena al Gobierno de Ximo Puig a pagar 2.000 euros a los profesionales que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 3.000 a quienes tuvieron que hacer cuarentena por contacto sin contagios; 4.000 a los que estuvieron de baja por contagio; y 6.000 a cada uno de los sanitarios contagiados que sí que estuvieron hospitalizados. Esas cantidades eran de 5.000, 15.000, 35.000 y 49.180 euros, respectivamente, en el primer mandato judicial de estas características.
La juez también obliga a Sanidad a «dotar a los profesionales de los medios de transporte y protección individual en la atención domiciliaria sea en jornada ordinaria o en atención continuada», «la adopción inexcusable de las medidas de protección, previa evaluación de los riesgos y puestos de trabajo por los servicios de prevención correspondientes», así como a «dotar al personal de los equipos de protección compuestos, al menos, por soluciones hidroalcohólicas, batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, calzas específicas, guantes y contenedores grandes de residuos».
Además, señala que la Generalitat infringió su obligación de proteger a los profesionales «desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma» en lo que ha significado «un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio».
Como publicó ABC, desde CESM-CV tiene intención de presentar una nueva demanda colectiva. La organización sindical busca repetir triunfo en los tribunales y ha lanzado un apartado en su web para que sus afiliados se sumen al proceso. De hecho, alrededor de setenta profesionales se unieron durante el primer fin de semana, aunque el plazo no vence hasta el 31 de marzo. En paralelo, se encuentran a la espera de que se resuelvan otros procesos similiares en Valencia, Castellón y Elche.
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