Granma presume de la cita de un enviado del PSOE con el Partido Comunista de Cuba
Fuentes del castrismo confirman que el objetivo del encuentro era «mantener un diálogo político»
El PSOE rechazó en julio condenar la dictadura y señaló que en la isla existe «lentitud en la transición democrática»
De manera opaca y sin que constara en su declaración de actividades, el diputado socialista Julio Navalpotro se reunió el pasado domingo con representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana. Navalpotro, vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y secretario adjunto de Organización del PSOE, mantuvo una reunión en la sede del Comité Central del PCC (CCPCC), en la capital cubana, con el vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales de la formación, Ángel Arzuaga Reyes.
El objetivo de esta reunión fue, según explicaba el diario oficial Granma, «mantener y desarrollar el diálogo político bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como para apoyar el avance de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba».
Este encuentro ha coincidido en el tiempo con la celebración de los juicios por las protestas del 11 de julio, donde cientos de cubanos fueron represaliados por gritar «abajo la dictadura». Sin embargo, la visita del diputado socialista ha servido para «explicar los principales resultados del octavo Congreso y los Plenos del CCPCC realizados en 2021, la situación económico social del país y el impacto criminal del bloqueo económico, comercial y financiero de los EE.UU. a la Mayor de las Antillas [por Cuba], agudizado por las 243 medidas del gobierno de Trump, que aún mantiene la administración Biden», detalló el comunicado del PCC.
Por su parte, según el sitio web oficialista del régimen cubano, Navalpotro se limitó a abordar «los resultados del 40 Congreso de su Partido y comentó los efectos adversos de la pandemia en la economía española».
No es el primer gesto de diputados del PSOE con la dictadura cubana. Ya el pasado 16 de julio, el partido que preside el Gobierno de España rechazó hacer una declaración institucional para condenar la represión que se vive en la isla por contener la palabra 'dictadura' en el texto. Los socialistas remitieron una contrapropuesta que incluía eliminar toda alusión a la 'dictadura cubana' y por contra señalar que en la isla existe «lentitud en la transición democrática».
Sin condenar la represión
Por su parte, el Parlamento Europeo en los últimos seis meses aprobó tres resoluciones de condena al régimen cubano por el recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos y de presos políticos. La última tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando los eurodiputados votaron en su mayoría para rechazar la vulneración de los derechos humanos en Cuba por parte del régimen de Díaz Canel. Aquí también los miembros del PSOE en el Parlamento Europeo rechazaron esta declaración institucional para denunciar al régimen castrista.
En 2017 entró en vigor el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la UE. Desde entonces, la Unión Europea se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de la isla, con un intercambio que supera el 35% de sus operaciones en sectores como agricultura sostenible, energías renovables, salud, modernización social y económica y turismo. Solamente a mediados de 2021 se supo que la UE dedicaba a 78 proyectos un apoyo financiero de 155,5 millones de euros.
Pero la situación dramática en la isla, sobre todo por la persecución a los disidentes políticos contra la dictadura comunista, ha hecho que varios eurodiputados hayan insistido en romper el ADPC. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión Europea –órgano ejecutivo– no se ha planteado la ruptura de estas relaciones.
La semana pasada, este periódico reveló los vínculos de funcionarios españoles con el régimen cubano, fundamentalmente la buena relación del actual embajador de España en la isla caribeña, Ángel Martín Peccis, con la dictadura. Fuentes consultadas por ABC aseguran que a Peccis «le gusta decir en sus reuniones con los jerarcas cubanos, medio en broma, medio en serio, que es uno de los suyos».
Juan Fernández Trigo, nombrado por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, como secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el mundo, también ha mantenido magníficas relaciones con el régimen cubano, «que van más allá de lo estrictamente profesional. A veces parecía que trabajaba para su partido y no para su país», señalaba la misma fuente. Esta connivencia con el régimen fue compartida por Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba hasta el pasado mes de agosto. A finales de febrero, Navarro, en una entrevista concedida a un medio independiente cubano, se mostró categórico cuando fue preguntado si consideraba que Cuba era una dictadura: «No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no».
Llamada a consultas
Navarro ha presumido en varias ocasiones de sus buenas relaciones con funcionarios del régimen, como Carlos Alzugaray y Rodolfo Reyes, ambos diplomáticos. Por estas declaraciones, unidas al envío de una carta al presidente Joe Biden, suscrita por el embajador de la UE y por cientos de personas de la sociedad civil cubana, donde pedían el levantamiento del embargo, el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, llamó a consultas a Navarro para pedir explicaciones.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 2021 fue el peor año de las últimas dos décadas para los derechos humanos en Cuba. Al menos 9.705 acciones represivas se han registrado contra la población civil. Además, existen actualmente en la isla más de 700 presos políticos, la mayoría de ellos tras la ola represiva del 11 de julio. Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11-J, tras las masivas protestas, reportó la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios y de juicios ordinarios a unas 204 personas, la mayoría de ellos desarrollados en las últimas semanas de diciembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario