Gonzàlez-Cambray insinúa que no cumplirá con la obligación de aplicar el 25% de español en las aulas
El consejero catalán de Educación carga contra la Justicia: «¿Quiénes son los tribunales como para ir en contra de un consenso político de este Parlament de décadas y décadas?»
El consejero catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insinuado este miércoles que no tiene intención de cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, que obliga a la Generalitat a adecuar todo el sistema educativo para que, al menos, se imparta un 25 por ciento de las asignaturas troncales en español. El plazo para su cumplimiento finaliza el próximo 20 de marzo.
Gonzàlez-Cambray, en una respuesta al diputado autonómico de Cs Nacho Martín Blanco, que ha preguntado sobre los pasos que el consejero está dando para cumplir con las órdenes judiciales, durante la sesión de control al Govern, ha cargado contra los tribunales de Justicia, a los que ha llegado a decir que firman sentencias absurdas, y ha avanzando que desde la Generalitat no se hará nada diferente a lo que se viene haciendo desde hace «décadas».
«Estamos ante una sentencia que se basa, para que vea hasta dónde llega la absurdidad, en una ley que ya está derogada», ha señalado el responsable autonómico de Educación, en referencia a la llamada 'ley Wert', que fue modificada por la 'ley Celaá', pese a que la Justicia ya ha indicado que el bilingüismo en las escuelas no deriva de las leyes de educación sino de la Constitución. Y ha añadido: «¿Quiénes son los tribunales como para ir en contra de un consenso político de este Parlament de décadas y décadas?».
El consejero ha insistido en criticar la sentencia. «Hablamos de una sentencia que habla desde el desconocimiento de lo que está pasando en las escuelas catalanas y estamos hablando, sobre todo, de una sentencia que no tiene ningún criterio pedagógico», ha indicado, pese a que la decisión del TSJC se basa en los datos que le ofreció la propia Generalitat para comprobar si se aplicaba o no el bilingüismo en Cataluña. Según Gonzàlez-Cambray, «el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, el aprendizaje de las lenguas va de pedagogía».
En esta línea, ha dicho que la Consejería no hará nada diferente de lo que ya viene haciendo en las últimas décadas sobre materia lingüística. Es decir, intentar incumplir las decisiones judiciales, pues por lo menos desde 1994 el Tribunal Constitucional viene señalando concretamente que el sistema de inmersión lingüística (que excluye el uso vehicular del español) se está aplicando de manera irregular.
«Los pasos que estamos siguiendo son los que hemos dado siempre: defender y luchar por el modelo de escuela catalana, que es un modelo de éxito, un modelo de equidad, de cohesión social y de igualdad de oportunidades», ha asegurado Gonzàlez-Cambray. Y ha añadido: «Lo que haremos siempre, siempre, siempre es dar respuesta a la Ley de Educación de Cataluña, que nos dice que todo el alumnado, cuando acaba 4º de ESO, tiene las competencias (lingüísticas) tanto en catalán como en castellano».
Conocedor de que el incumplimiento de las sentencias judiciales suponen un problema que traspasa el ámbito de las aulas, el consejero ha manifestado, igualmente, su apoyo a los profesores, asegurando que desde la Generalitat se les protegerá, tanto política como jurídicamente. Y ha reiterado que el Govern está elaborando «un plan de impulso del catalán en nuestros centros educativos» y preparando «un nuevo marco normativo para reafirmar este modelo de escuela catalana», basado en la inmersión lingüística obligatoria.
Por su parte, Martín Blanco ha acusado al responsable catalán de las escuelas y los institutos de propagar «una serie de mantras y dogmas» para defender un modelo que es «injusto» y «vulnera derechos, y menosprecia la lengua mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña», además de ilegal. Para el diputado autonómico de Cs, «la inmersión lingüística está basada en dogmas nacionalistas», que perjudica a los castellanohablantes y a los catalanohablantes, «a los que se les priva de su derecho a ser educados en español».
Finalmente, Gonzàlez-Cambray ha criticado a la formación naranja por preguntar sobre el cumplimiento de las sentencias en materia lingüística: «Señores de Ciudadanos, dejen en paz nuestras escuelas, dejen trabajar a nuestros profesores, que son los que saben hacer su trabajo. En Cataluña no tenemos ningún conflicto lingüístico, se lo inventaron ustedes cuando llegaron (al Parlament) y solo saben vivir de la confrontación y de la mentira«. Y ha concluido diciendo: »El catalán, lengua vehicular en nuestras escuelas; la escuela en Cataluña, en catalán».
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