Marlaska aprueba el traslado de otros 7 presos de ETA al País Vasco y suman 89 este año
Más de la mitad de los terroristas condenados ya cumplen condena en prisiones del País Vasco y Navarra
Entre los trasladados está uno de los secuestradores del empresario José María Aldaya, fallecido esta semana
Siete presos etarras serán trasladados a cárceles vascas tras acordarlo hoy mismo, unas horas antes de que acabe el año, Instituciones Penitenciarias. Con estos nuevos acercamientos, una vuelta a casa por Navidad, son ya 89 los reclusos que cumplirán su condena en prisiones del País Vasco y Navarra (13), según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los traslados, que benefician a uno de los secuestradores del empresario José María Aldaya, fallecido esta semana, o a Gorka Martínez Ahedo, que intentó matar cinco veces al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, elevan al 51 por ciento el número de presos de la banda terrorista que están ya en los tres centros penitenciarios vascos y en Pamplona.
Los beneficiados por la decisión de Instituciones Penitenciarias en coordinación con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, tras asumir las competencias de Prisiones en octubre, son Pedro María Cano Hernández, que dejará próximamente la cárcel de Logroño y que está condenado por su participación en el asesinato, en marzo de 2002, del concejal socialista de Orio (Guipúzcoa) Juan Priede.
Cumple tres cuartas partes de su condena dentro de dos años.
En esa misma prisión está Arkaitz Goikoetxea Basabe, responsable del comando Vizcaya y que cumple pena acumulada de 40 años. Entre los atentados por los que ha sido condenado están la explosión de un coche bomba contra los cuarteles de la Guardia Civil de Legutiano (Álava) en el que murió un agente, el de Calahorra (La Rioja) que causó ocho heridos, dos de ellos guardias civiles, y el de Durango (Vizcaya). Le quedan catorce años para cumplir las tres cuartas partes de su pena.
La AVT, tras conocer los nombres de los presos, ha asegurado en un comunicado que son «siete terroristas etarras, cuatro de ellos con delitos de sangre». Según sus cálculos 94 de los 183 internos de la banda encarcelados estarán ya en el País Vasco y Navarra.
Desde la cárcel de Aranjuez a una prisión vasca que no se ha especificado será conducido Íñigo Gutiérrez Carrillo, que fue encarcelado en 2008 y cumple 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Su pena se extingue en julio de 2022. Junto a él también será acercada desde ese mismo centro penitenciario María Lizarraga Merino. Ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y tiene una condena de 19 años y tres meses.
El etarra que intentó matar hasta en cinco ocasiones a Juan María Atutxa será trasladado desde El Dueso (Cantabria); entre sus condenas (cumple 46 años) figura una por tratar de asesinar al sargento del Ejército José Carollo Raña.
Desde Burgos será trasladado Joseba Segurola Beobide, con una pena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas y explosivos. Se le ha progresado además a tercer grado tras su escrito en el que se desvincula de la actividad terrorista.
El séptimo traslado acordado es el de Gregorio Vicario Setién condenado, entre otras acciones, por el secuestro en 1996 del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya un año antes.
La AVT ha vuelto a mostrarse muy crítica con estos acercamientos. El presidente del Gobierno, dicen, «debe seguir contentado a sus socios de Gobierno, da igual que ya haya trasladado a la totalidad de los presos al menos una vez». Se refieren a acercamientos previos a cárceles vascas cuando aún no se había cerrado el acuerdo definitivo de competencias.
A dos de los siete etarras que serán enviados al País Vasco se les ha concedido el tercer grado. Se trata de Joseba Segurola e Iñigo Gutiérrez Carrillo. La asociación de víctimas ha calculado que en lo que va de año el Ejecutivo de Sánchez ha otorgado ya ocho terceros grados y 17 desde su llegada a la Moncloa.
Como cada vez que se ha producido uno de estos acercamientos en bloque, la AVT habla de humillación y señala «la falta de empatía» del Gobierno hacia las víctimas del terrorismo y sus familias.
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