GOBIERNO COMUNISTA.

 ARREGLE SUS PROBLEMAS.

Por parte de nuestro Gobierno se están llevando a cabo negociaciones para limitar el precio del alquiler de viviendas, consideran que es positivo acotar los costes para que una parte importante de la población pueda acceder con más facilidad a una casa.

Es claro y palmario que nuestros gobernantes no han tenido que sufrir carencias, pagar intereses altos en los préstamos hipotecarios, en otros tiempos no muy lejanos, y ver mermado su poder adquisitivo durante mucho tiempo, hasta que terminas de acondicionar la casa y poder ofertarla en el mercado de alquiler.

Cuando consigues hacer todos los trámites y endeudarte para muchos años, tu vivienda ya está lista para encontrar un inquilino y firmar el contrato, en el cual, el inquilino se marcha cuando quiera, pero, tú, propietario, tienes que respetar los cinco años impuestos por la ley, salvo en muy pocas excepciones. Lo que buscamos los pequeños tenedores de viviendas es un pequeño plus que nos ayude a vivir con dignidad cuando lleguen nuestros hijos a la Universidad o nuestra jubilación, o una enfermedad sobrevenida que puede hacer que se vean mermadas nuestras previsiones económicas, no pretendemos otra meta más ambiciosa.

Hace unos meses alquilé un piso, bien ubicado y equipado, limpio, todo perfecto. La inquilina pagó, exactamente, cinco meses, cometí el error de no hacer un cambio de titularidad en los suministros de los servicios y no se tardó mucho en recibir avisos de las compañías suministradoras de avisos de corte.

Intenté en numerosas ocasiones contactar con la moradora de mi vivienda y optó por bloquearme en Whatsapp, yo acudía a su lugar de trabajo –es un rentable negocio familiar– para poder hablar con ella y me amenazaba que si acudía por allí me denunciaría por acoso, cuando yo, de las mejores maneras le pedía que se marchara y le condonaba la deuda.

Ante los infructuosos intentos de llegar a acuerdos con la arrendataria, decidí acudir a un prestigioso despacho de abogados de Albacete, los cuáles, además, de grandes profesionales, son honrados y me dijeron que si se entablaba la correspondiente demanda por impago, calculaban un tiempo aproximado de dos años para que se produjera el desahucio, teniendo en cuenta que en la vivienda había una menor y el juez solicitaría informe de los Servicios Sociales sobre la posible vulnerabilidad de los ocupantes, trámite que alargaba el de por sí ya dilatado procedimiento.

Para mi sorpresa, se me advierte que a pesar de que en el contrato constaba que todos los suministros serían abonados por la parte arrendataria, yo debía pagar todos los costes atrasados en el pago –no había pagado nada– porque si se producía el corte de suministro de alguno de ellos, yo asumiría la responsabilidad de la restitución del servicio, pagando la cuota correspondiente ya que, llegado el caso, el juez exige que la casa esté en condiciones de habitabilidad y para ello debe disponer de los servicios de luz, agua y gas, después ya veríamos dentro de dos años cuando hubiera sentencia si lograba cobrar las cantidades.

Por los letrados se me aconseja, como un mal menor, y más efectivo, contratar una empresa de “desokupa”, se me informa que el precio de estas compañías va desde los 3.000 en adelante, pero que reduce, ostensiblemente, el tiempo de poder recuperar mi vivienda.

Vuelvo a intentar contactar con la inquilina, incluso, ofreciéndole una indemnización para que se marche y la respuesta fue clara: “Denúnciame, dentro de dos años hablaremos en el Juzgado...”.

Al final, he tenido que pagar más de 3.000 para que la empresa medie con los alquilados para que se marchen, de momento, siguen dentro de la casa.

Me parece algo burlesco que se estén planteando limitar los precios de los alquileres y los problemas de los propietarios, los que pagamos impuestos, los que cumplimos, los desprotegidos en el contrato de arrendamiento, los que somos ahorradores y hemos logrado adquirir el inmueble prescindiendo de otras cosas para hacer frente al recibo mensual del préstamo hipotecario, les da absolutamente igual, pues, SE-ORES, muchísimos propietarios como la firmante de este escrito no volverán a alquilar, cerrarán sus viviendas hasta que esta injusta situación se solvente. No cobraremos un dinero, pero, tampoco perderemos nuestra dignidad y salud psíquica si esto volviera a repetirse, con lo cual, disminuirá abrumadoramente el número de viviendas en el mercado y será mucho más difícil encontrar casa para los inquilinos.

Señores políticos, no trasladen al pueblo un problema que no es del pueblo, construyan más vivienda pública, pero no intenten hacer su cosecha electoral a cargo del sufrimiento de los pequeños propietarios, no es ético ni justo.