Las expropiaciones de Baleares, sin precedentes en el resto de democracias europeas
Entre nuestros convecinos solo Francia tiene en vigor una medida similar, pero sometida a estrictos controles jurídicos.
El Gobierno balear de la socialista Armengol firmó el pasado martes una resolución de «carácter pionero» para hacerse con 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios inscritas en el registro oficial. Su objetivo: destinarlas al alquiler social. Una medida que se apoya en la Ley de Vivienda 5/2018 que el Ejecutivo balear aprobó con el apoyo de sus socios de Podemos y el partido nacionalista Més.
Con esta nueva norma, el Govern pondrá a disposición del parque público de alquiler, 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza que controlarán durante siete años. Los grandes tenedores percibirán por sus viviendas hasta 230 euros menos de media al mes de lo que indica el índice de referencia
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