La Audiencia de Madrid ve indicios de financiación irregular en la caja de solidaridad de Podemos
Ordena al juez que reabra la investigación y averigüe el destino del dinero que transfirió el partido a una asociación.
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que investiga a Podemos que reabra la línea sobre la caja de solidaridad del partido al encontrar «indicios de la posible comisión de delito» de financiación irregular en las tres transferencias que se hicieron desde este fondo común con fines benéficos a la asociación #404 Comunicación Popular, dado que sus gestores son miembros de la formación morada.
En un auto notificado este martes, la Audiencia Provincial responde así favorablemente a los recursos que habían presentado Vox y Juristas Prolege contra la decisión del instructor Juan José Escalonilla de archivar de forma provisional esta línea de investigación al no ver acreditado el presunto delito de administración desleal que trataba de esclarecer.
En concreto, Escalonilla investigaba si, como dijo el denunciante inicial José Manuel Calvente, Podemos ordenó transferir 50.000 euros a #404 Comunicación Popular. El exabogado de Podemos aportaba la petición de ese dinero que la asociación había hecho al partido pero desconocía si el pago se había realizado.
Llamaba la atención sobre este asunto por dos razones. Por un lado, porque la Caja de Solidaridad de Podemos es el lugar al que se vuelcan los fondos que todos sus cargos están obligados a donar a partir de un techo salarial máximo para luego sufragar proyectos benéficos. Por otro, porque tanto los fundadores de esa asociación como parte de sus miembros son integrantes del partido y en algunos casos, ostentan cargos orgánicos. Calvente hablaba de desvío de fondos y administración desleal.
Durante la instrucción, el juez acreditó esa relación de Podemos con la asociación a través de personas con cargo en ambas entidades pero concluía que «no resulta anómalo o extraño» que el dinero de la caja de solidaridad fuese destinado a fundaciones o movimientos «cercanos», como #404 Comunicación Popular. En cuanto a los 50.000 euros, Podemos no aportó ninguna documentación al respecto para esclarecer si se hizo o no aquel pago, pero los investigadores aislaron 30.000 euros enviados a la asociación en tres transferencias de 10.000 en septiembre de 2019 y marzo y junio de 2020.
Ahora, la Audiencia Provincial dice al juez que «es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones» de la legislación sobre financiación de partidos políticos y sus fundaciones y «operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos».
«Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores», dice la Sala, que ordena así al juez que siga investigando en esta dirección «hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos».
Una donante como acusación
La principal consecuencia de la reapertura de esta línea de investigación, que ya estaba descartada, es que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a una de sus denunciantes, la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que fue cabeza de lista por Izquierda en Positivo en las últimas elecciones en Cataluña.
Ella se sumó a la causa cuando ya estaba en marcha con un escrito en el que denunciaba ante el juez presuntas irregularidades, precisamente, en la gestión del dinero que ella como cargo público hubo de donar a la caja de solidaridad del partido, tal y como informó ABC:
El instructor rechazó su entrada como acusación en el procedimiento porque ninguno de los supuestos delitos que ella refería, como que pagó unas cantidades pero el partido declaró cuantías superiores, eran objeto de investigación en la causa. Ahora, la Audiencia Provincial ordena rectificar aquella decisión: «Todo ello y su condición de afiliada, la constituye en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados».
ES UN PAÍS DE LA CORRUPCIÓN ENDÉMICA.
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