EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY EDUCATIVA QUE DEJA LA RELIGIÓN SIN ALTERANTIVA.

El Gobierno aprueba la ley educativa que deja a la Religión sin alternativa, desprotege al castellano y asfixia a la concertada

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley educativa, la octava de la democracia.

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley educativa, la octava de la democracia. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como "Ley Celaá" que modifica la LOE de los socialistas aprobada en 2006 y elimina la LOMCE, o "Ley Wert" aprobada por los populares.

El texto es el mismo que aterrizó en el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que Sánchez convocaba elecciones por lo que el texto quedó en papel mojado. Un texto que contó con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña.

«Presentamos la primera pieza de un proyecto educativo que va a tener gran impacto, este proyecto busca la calidad del sistema para todos, se fundamenta sobre la excelencia para todos y la equidad, nadie puede quedar atrás. El destinatario universal de este proyecto de ley es el alumnado, sea con el talento que sea que entre a un aula. Buscamos que no haya segregación, no se puede segregar por razones socioeconómicas», dijo Celaá. «Al esfuerzo del alumno hay que incorporar el del sistema, lejos de reducir, multiplicamos el esfuerzo para que se una al del alumno: este tiene que progresar, porque eso no es segregar, que todo el mundo progrese con la debida calidad de educación», defendió Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra también señaló, tal como recordó en Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, que el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente que incluirá formación inicial del profesorado. «El docente será acompañado en un proceso de inducción durante un curso escolar para mejorar su práctica. Este modelo será complementado en el plazo de un año en su totalidad».

Educación de 0 a 3 años

«También nos obligamos a incorporar un 0-3 de manera gradual y empezando por los colectivos más desfavorecidos; todavía estamos en un treinta y tantos por ciento en el 0-3 y tenemos que avanzar en la inclusión, en una escuela inclusiva, participativa y que esta ley tenga como centro una enseñanza personalizada: este es el corazón de la ley, que trata la diversidad del talento». También recordó que será un curriculum más competencial, menos enciclopédico y menos memorístico.

La polémica por los decretos catalanes contra la concertada

Preguntada por este periódico por el estatus que tendrá finalmente la asignatura de Religión, Celaá ha señalado que se queda sin alternativa. Este nuevo estatus no figura en el proyecto de ley pero sí en el acuerdo entre PSOE y UP en su documento de diciembre «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España». La ministra ha señalado que sí se queda «sin asignatura espejo». Posteriormente, aclaró a ABC que esto quedará plasmado en los decretos de enseñanzas mínimas, motivo por el que no figura en la LOMLOE. «El tratamiento de la asignatura de Religión está en el texto desde febrero de 2019 y es el mismo; es de oferta obligada para los centros y asunción voluntaria para los alumnos. Sin asingatura espejo porque la voluntad de unos no puede obligar a otros», apuntó.

También fue preguntada por su postura respecto a los proyectos de decretos de Cataluña que han sido rechazados por el sector de la concertada. El primero articula un proceso de admisión de alumnos en el que se prima la intervención de la Consejería en la distribución de las solicitudes entre los centros por criterios de planificación, en lugar de primar el criterio de elección de las familias. El segundo impone nuevas obligaciones a los centros concertados (el tipo de alumnado a escolarizar, prestación de servicios gratuitos o el refuerzo de la zonificación, etc), sin incrementar su dotación económica. «Los decretos de Cataluña nacen del consenso del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña)», respondió la ministra que añadió que fueron «firmados por todos los agentes de la comunidad educativa, incluida la concertada».

«Lo que dice la ministra es radicalmente falso»

«Lo que dice la ministra es radicalmente falso. Es cierto que se firmó el Pacto por la No Segregación que es promovido por el Síndice de Greuges y es cierto que fueron firmados por las entidades titulares, entre otras, pero el contenido del Pacto no es el de los decretos. En sus elementos esenciales los decretos no responden al contenido del pacto», señaló Miquel Mateo, secretario general adjunto de la Fundació Escola Cristiana de Cataluña.

Ese pacto, además, «dice que uno de los motivos de la segregación es infrafinanciación de los centros y recoge unas medidas económicas que la administración ha de aportar a partir de 2020 y de eso no hemos recibido nada; el presupuesto de la partida de conciertos de este año no avanza sino que es 55 millones de euros inferior al del 2019», añadió Mateo. También recordó que el Pacto «dice también que la programación de la oferta educativa recogería a la pública y concertada con el acuerdo de los centros afectados y eso tampoco está en el decreto».

Respecto al segundo decreto, Mateo denuncia que establece unas obligaciones «que no están en la norma básica» y, además, «la administración no se corresponsabiliza porque reconoce que hace falta dinero, lo cuantifica pero luego no va a los presupuestos».

La LOMLOE, de aprobarse, permitiría darle cobertura legal a estos decretos. ¿Cómo? La nueva redacción del artículo 87 de la LOE (que plasma la nueva ley Celaá) permitirá a las administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, inmigración, situación socioeconómica desfavorable, minorías, etc). Esto puede suponer, en la práctica, un cheque en blanco para que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir tipo de centro y la puesta en práctica de procesos centralizados unilaterales en manos de las consejerías.

El artículo dice: «Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». Y añade: «Asimismo, establecerán las medidas que se deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo».

Esto ya está sucediendo en Cataluña con los dos nuevos proyectos de decretos mencionados, bajo la premisa de conseguir repartir los alumnos considerados problemáticos en igual proporción, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, no se tienen en cuenta las diferencias de recursos humanos entre la enseñanza a pública y la concertada (menores en esta última), ni la imposibilidad de conocer de forma precisa qué alumnos entran en la calificación de «situación económica desfavorable».

«Demanda social»

La LOMLOE también ataca a la concertada, como se ha venido anunciando desde hace tiempo, al eliminar del artículo 109.2 de la LOMCE la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona a un «representante del Ayuntamiento».

Además, la patronal de la concertada, Escuelas Católicas, señaló que, basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, que solo alude a garantizar plazas públicas, «el proyecto de ley contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006».

Desprotección del castellano

El redactado es ambiguo en cuanto a la competencia plena de la Generalitat a la hora de fijar el papel del castellano en la enseñanza, aunque sostiene que el gobierno autonómico debe ser el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» de esta lengua en las aulas catalanas. El documento deja claro que corresponde a las «administraciones educativas (en este caso la Generalitat) aplicar los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice» que los alumnos de esta comunidad alcanzan la competencia «en el grado requerido» en lengua castellana «impulsando la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas», informa Esther Armora.

Bachillerato con una asignatura suspensa

El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.

ESTA SEÑORA PARECE QUE DESCIENDE DEL ÁRBOL.