Francia destruye parte de la memoria histórica del exilio ante la inacción del Gobierno español
ABC constata la eliminación de los informes policiales de 1939 en el Archivo Departamental de Toulouse, ciudad que sería conocida como la 5ª provincia de Cataluña por los exiliados.
Más allá de los actos públicos, los titulares y las celebraciones, la memoria histórica también es un montón de papeles polvorientos, ajados por el tiempo y guardados en un archivo poco concurrido. Ahí no llegan los focos, pero es donde pervive el pasado. Pues bien: Francia está destruyendo documentos históricos relativos al exilio español republicano, y el Gobierno español todavía no ha tomado medidas urgentes y efectivas para frenarlo. Todo esto a pesar de que el hecho se conoció en el verano de 2019, el año en el que se celebraba el 80 aniversario del exilio con multitud de conmemoraciones, exposiciones, fotos institucionales, discursos varios y alguna lágrima por la memoria histórica.
ABC ha podido constatar que el Archivo Departamental de Haute-Garonne, siguiendo la normativa vigente en Francia, ha destruido de forma masiva y aleatoria las fichas policiales y judiciales de los españoles que se refugiaron en Toulouse (capital del exilio en Francia, no lo olvidemos, y conocida como la quinta provincia de Cataluña) en 1939. Se ha borrado para siempre parte de ese testimonio de sufrimiento y persecución, pues entonces los exiliados no fueron bien recibidos, precisamente. «Fueron tratados como perros por las autoridades francesas, ingresados en campos de concentración, obligados a realizar trabajos forzosos, alistados en contra de su voluntad en la Legión y tantas otras atrocidades», comenta Juan Manuel de Prada, que descubrió esta particular «quema» mientras investigaba la vida de Ana María Martínez Sagi, de la que próximamente publicará una biografía.
«Les pregunté directamente si tenían en sus archivos algo, algún expediente o alguna documentación catalogada a nombre de esta mujer. Y para mi sorpresa me respondieron que sí, que la habían tenido, incluso me dieron la signatura del expediente policial que se había conservado en ese archivo hasta que esta había sido destruida», recuerda el escritor. Luego, pidiendo información de otras personalidades del exilio, descubrió que los fondos de 1939 habían desaparecido casi en su totalidad. Los posteriores aún se conservan, pero corren peligro.
El Gobierno tuvo conocimiento de esta noticia, según relatan fuentes políticas, pero España en 2019 gastaba sus energías en un eterno proceso electoral que impidió la búsqueda de una solución. Qué paradoja: durante el ochenta aniversario del exilio republicano, en el que se creó una comisión interministerial de nueve carteras para celebrar la efeméride, la dirección general de Memoria Histórica, dependiente de Justicia, se quedó descabezada en julio porque su responsable, Fernando Martínez López, decidió abandonar el cargo para concurrir como senador en las listas del PSOE a las generales del 28 de abril. Hoy es senador por Almería y, desde el 17 de enero, nuevo secretario de Estado de Memoria Democrática. En esa misma etapa, por cierto, la Secretaría de Estado de España Global, que estaba en manos de Irene Lozano, asumió competencias que eran propias de Memoria Histórica, pero no abordó el problema.
«A mí lo que me repugna es que probablemente mientras estos documentos estaban siendo convertidos en confeti o en pavesas el doctor Sánchez estaba echando la lagrimilla en Collioure poniendo unas flores en la tumba de un poeta [Antonio Machado] al que seguramente no habrá leído y haciendo posturitas ante la cámara», denuncia De Prada. Con el mismo tono, añade: «Resulta muy sorprendente ese interés tan falso, tan impostado, por la llamada memoria histórica cuando en lugar de invertir dinero para salvar toda esa documentación pues se invierte en desenterrar a Franco».
Desde el punto de vista francés, esta destrucción se explica desde la fría burocracia. Los documentos en cuestión eran responsabilidad de la prefectura, que depende del gobierno central francés, pero cumpliendo con la ley se trasladaron a los archivos departamentales. Dado el ingente volumen de papeles que estos archivos reciben por esta vía, lo que se hace es una criba aleatoria: se digitaliza un porcentaje ínfimo de lo que les llega y el resto se desecha. Así ha ocurrido en el Archivo Departamental de Haute-Garonne y podría estar pasando en otros, tal y como afirman las fuentes consultadas por ABC.
A pesar de la normalidad burocrática del asunto, en Francia también hay voces que se sorprenden ante lo ocurrido. François Bordes, exdirector de los archivos municipales de Toulouse, no conocía el caso y no daba crédito a la noticia. «Tenemos pocas cosas de esa época y no vamos a destruir lo poco que tenemos. Es un periodo muy interesante para la historia de Francia», explicó en conversación telefónica con ABC.
«Toulouse pesaba mucho en el imaginario de la izquierda exiliada, la otra capital junto con París y México», comenta Juan Manuel Bonet, exdirector del Cervantes de París. «Es una ciudad muy importante para el exilio español. Durante la retirada pasaron por la frontera unos 470.000 españoles republicanos. En esta época, el 10% de la población de Toulouse era española», asevera, por su parte, Bordes.
Este archivero subraya que durante la II Guerra Mundial y la Liberación se perdieron muchísimos documentos de estos años, por lo que las fichas policiales y judiciales de 1939 tienen un gran valor. «Si esto es doloroso en general para la historia de España, alcanza el rango de tragedia griega en el caso de la historia de Cataluña. En una grandísima proporción esos exiliados eran catalanes. A Toulouse se le llamó durante mucho tiempo la quinta provincia catalana», apostilla De Prada.
El Archivo Departamental de Haute-Garonne realizó su expurgo de forma aleatoria, y ni siquiera avisaron al Instituto Cervantes de Toulouse, que custodia una vasta y rica colección de documentos sobre el exilio español. «Nunca se han puesto en contacto con nosotros», asegura Javier Campillo, responsable de la Biblioteca de este centro, que lleva el nombre de Manuel Azaña.
Estos documentos eran memoria histórica; ahora son un olvido histórico. Pero aún puede evitarse que se sigan destruyendo estos testimonios. De 1940 en adelante aún no se han hecho las cribas. Fuentes consultadas por este diario afirman que hay margen para ponerse manos a la obra y evitar más pérdidas documentales. Eso sí sería cuidar la memoria histórica. El Gobierno tiene ahí una oportunidad, también histórica.
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