LA AFIXIA DEL MAR MENOR.

La asfixia del mar Menor

La contaminación por los abonos de la agricultura de regadío intensiva y el urbanismo desaforado están detrás de la catástrofe medioambiental que ha arruinado la mayor laguna salada de Europa.

Los cangrejos intentaban escapar por las rocas, los langostinos se amontonaban formando casi una pasta, las anguilas saltaban, el agua hervía…”, así describe Carmen Rodríguez el terrible espectáculo que presenció el sábado 12 de octubre desde el restaurante donde trabaja, en la playa de San Pedro del Pinatar (Murcia). Los peces asfixiándose por la falta de oxígeno se han convertido en el símbolo del colapso ecológico al que ha llegado el mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, tras décadas de maltrato.

Los expertos en la laguna sitúan el origen del desastre en la gestión de la tierra que rodea las 17.000 hectáreas de la masa de agua. Sobre todo apuntan a la agricultura intensiva que ha contaminado el terreno y las aguas subterráneas con nitratos procedentes de los abonos, que acaban en el mar Menor y lo eutrofizan [suben los nutrientes que hacen crecer al fitoplancton, provocando una disminución del oxígeno]. La poca o nula planificación urbanística con unas redes de saneamiento mal diseñadas multiplica el problema, que se está cronificando de tal forma que “en cualquier momento se pueden volver a desencadenar episodios agudos de mortandad”, advierte Juan Manuel Ruiz, científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Los efectos de las riadas son mucho mayores al haber desaparecido una agricultura de secano, ubicada en terrazas y bancales, que retenía el agua. La solución es muy compleja porque, incluso si no entraran más nitratos de la cuenca, la liberación de los que ya contaminan los acuíferos que descargan en el mar Menor continuará durante bastante tiempo.

En Los Nietos (Cartagena) —uno de los municipios que más sufrió con la gota fría de septiembre, la peor en 140 años— saben de lo que habla el científico. La riada fue de tal magnitud que, a pesar de haber transcurrido más de un mes, varios operarios continuaban el jueves pasado limpiando las calles con mangueras y todavía quedaba barro de las casas acumulado en contenedores de obra. “Antes se cultivaban almendros, limoneros y se usaban cipreses y setos para delimitar campos, además de que se plantaba en terrazas. Eso hacía que las trombas de agua tuvieran alguna retención”, recuerda un vecino del municipio, Antonio Luengo. En uno de los extremos del pueblo, Nani Vergara, presidenta de la asociación de vecinos, muestra un gran campo roturado y listo para recibir la próxima plantación. “Lechugas con sabor a anchoas”, ironiza su compañera de asociación Verónica García, por la proximidad a la costa. Ella y su marido son pescadores y están en dique seco, igual que sus otros 150 compañeros. “¿Quién quiere pescado de la laguna después de las imágenes que han salido?”, lamenta la mujer. Estaban en plena racha de doradas, de la que depende entre el 50% y el 70% de sus ingresos anuales, y temen tardar años en recuperarse.

La laguna lanzó su primer grito de auxilio en 2016, cuando el fitoplancton se disparó y las aguas se volvieron una pasta verde. La luz no llegaba al fondo y el 85% de la vegetación desapareció. En los años posteriores, las aguas recuperaron transparencia. Volvió la esperanza, pero en realidad era un espejismo, como demostró la mortandad de la semana pasada. Esta vez, al mal estado de la laguna se unió la entrada de agua dulce y sedimentos contaminados arrastrados por la riada. Las estimaciones preliminares del IEO indican que al mar Menor llegaron entre 35 y 60 toneladas de nitratos, de 25 a 45 de amonio y más de 100 de fosfatos, junto con el agua dulce y el barro.

El cambio del modelo agrícola en el Campo de Cartagena, que drena hacia el mar Menor, comenzó con el trasvase Tajo-Segura en 1979. El secano se convirtió en regadío, avanzando hasta multiplicarse por diez: “Se han detectado 49.488 hectáreas de regadío, de las que 12.165 (el 25%) no cuentan con los permisos de riego”, señala un informe de WWF y la Asociación Naturalistas del Sureste (Anse) que estudia lo ocurrido en el Mar Menor entre 1977 y 2017. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura indican que en 2018 la superficie neta de regadío era de 43.071 hectáreas.

Los conservacionistas denuncian que el crecimiento fue “empujado” por las Administraciones públicas porque, aunque existían prohibiciones, el regadío creció hasta en lugares protegidos. Además, las grandes desaladoras como Valdelentisco y Torrevieja no se han utilizado para el riego que se debía cubrir con el trasvase Tajo-Segura en momentos de déficit de agua, sino que se usaron para nuevos regadíos ilegales.

El presidente de la asociación de agricultores Proagua, Santiago Pérez, reconoce “una parte de responsabilidad”. “La gente se ha acostumbrado a vivir en la alegalidad, porque se estuvo regando sin permisos sacando agua del subsuelo, desalándola y tirando la salmuera al cauce del dominio público”. Se refiere a la red de desaladoras que autorizó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en 1994 para usar el agua de acuíferos salobres para riego. Aunque no se renovó la concesión, se siguieron utilizando. “Más de un millar de desaladoras estuvieron en marcha, y sus vertidos favorecieron la llegada de nitratos al Mar Menor, con la tolerancia de las Administraciones competentes hasta 2017”, denuncian WWF y Anse.Ese año, el fiscal presentó una querella que acusaba a 34 políticos, funcionarios, agricultores y empresarios de “haber sido conscientes” de la “desmesurada” actividad agrícola que había deteriorado la laguna. Como consecuencia, en abril la Guardia Civil clausuró medio centenar de desaladoras ilegales. La CHS, por su parte, también abre expedientes por pozos y riegos ilegales, además de vertidos. La cantidad llegó a 842 en 2013. El año pasado fueron 671 y en 2019 van por 641.

Proexport (Productores de Frutas y Hortalizas de Murcia) aglutina a 30.000 personas, unas 150 sociedades (cooperativas de entre 200 y 300 agricultores y alhóndigas de 2.000 a 3.000 agricultores). Su presidente, Juan Marín, admite parte de la responsabilidad, pero compartida. Aboga por denunciar el “100% de todas las irregularidades que se detecten” y aumentar la sostenibilidad de las explotaciones. “Sin embargo, no cuestionan reducir la cantidad de superficie regada”, indican desde WWF y Anse.

UNA SEÑAL MÁS DEL VENENO QUE HAY EN ESTE PLANETA.