LA FISCALÍA PIDE 20 MESES DE INHABILITACIÓN PARA QUIM TORRA POR SU SHOW DE LOS LAZOS.

La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Quim Torra por su «show» de los lazos

El ministerio público acusa al «president» de desobediencia por no retirar una pancarta partidista de la Generalitat.

La Fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente del Govern, Quim Torra, por un supuesto delito de desobediencia al haberse negado a retirar una pancarta partidista de la fachada del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral.

El ministerio público, además, en su escrito de calificación previo al juicio, pide que se imponga al «president» una multa de 30.000 euros, y que el tribunal acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito «local, autonómico, estatal o europeo».

Desde las filas del Govern, su portavoz, Meritxell Budó, a preguntas de los periodistas este martes ha lamentado que se pida la inhabilitación por un gesto de colgar pancartas con lazos amarillos y esteladas en edificios públicos en periodo electoral, pues ellos lo consideran «libertad de expresión».

En primer lugar, Torra ignoró la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que, tras una reclamación de Ciudados, el pasado 11 de marzo le dio 48 horas para retirar las banderas esteladas y los lazos amarillos que pendiesen de cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Cataluña.

La JEC consideraba que estos eran símbolos partidistas y que no debían lucir en periodo preelectoral, pues el 28 de abril se celebraban los comicios generales. La JEC había admitido, a su vez, una reclamación de Ciudadanos. La prohibición hacía referencia únicamente al periodo electoral.

Sin embargo, pese a la «claridad de la orden» -en palabras de la Fiscalía- de retirarlas en 48 horas, Quim Torra decidió desacatarla, aún siendo consciente que el mandamiento era firme y «debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento».

Torra mostraba además en público su intención de ignorar la resolución de la JEC, pese a las ulteriores reclamaciones de la junta electoral, que además le advertía de las posibles consecuencias penales de su conducta.

Y, aunque sabía que la resolución era firme, continuó presentando recursos, en uno de los cuales alegaba su imposibilidad de cumplir la orden porque los edificios de la Generalitat eran «multitud». También decía que estaba esperando la opinión del Síndic de Greuges al respecto -el Defensor del Pueblo en Cataluña- cuando, esta opinión «resultaba del todo intrascendente», según recuerda la Fiscalía. Torra ocultó además a la ciudanía que en realidad ya sabía desde hacía días que el Síndic le recomendaría retirar la simbología.

Torra, en un momento dado, el 21 de marzo, decidió mofarse de la JEC sustituyendo del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra «idéntica» pero con un lazo blanco.

Ante la «contumacia del acusado» -en palabras de la Fiscalía-, la JEC el mismo 21 de marzo requirió al consejero de Interior para que los Mossos d'Esquadra procedieran a retirar la simbología partidista de los edificios públicos, lo que hicieron sin incidencias ni resistencia.

Torra, en su declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, admitió que había desobedecido la orden de la JEC. Luego, a preguntas de su abogado durante la declaración, matizó sus palabras. Dijo que había que entender su aceptación de la desobediencia en términos «coloquiales» pero no en términos jurídicos como un delito de esta tipología.

TODO ES UN DESPROPÓSITO Y LA PENA VA A QEUDAR EN UNA MULTA, VAYA DE RISA.