Cataluña, el destino del que huyen cada vez más los policías.
Interior cubre más de 500 vacantes en esta comunidad con los agentes que obtuvieron las peores notas en la última promoción por falta de voluntarios.
Cataluña es, cada vez más, un destino poco atractivo para los agentes de la Policía Nacional, según reflejan las plazas elegidas por los cerca de 2.600 nuevos policías que juraron su cargo el 13 de junio tras dos años de formación. De los 500 alumnos con mejores notas y que, por tanto, tenían preferencia para elegir puesto, solo ocho optaron por esta región, según el listado oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Si el rastreo se amplía a los 1.000 primeros mejores alumnos, las cifras no mejoran mucho: 27 policías novatos se han decantado por trabajar en esta comunidad autónoma. Por el contrario, de los 560 agentes con peores puntuaciones, 521 ocuparán vacantes en Cataluña que nadie ha solicitado.
La situación viene de antiguo, aunque se ha agravado en los últimos dos años por la situación social provocada por el procés y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, según coinciden en señalar diversas fuentes policiales. Ya en mayo de 2018, el Ministerio del Interior se enfrentó a un problema similar cuando convocó un concurso para cubrir cientos de vacantes de policía en toda España. En Cataluña, el resultado fue el contrario al buscado. Del medio millar de plazas ofertadas en esta comunidad, solo se cubrieron una veintena. Sin embargo, cerca de 260 agentes —el 10% de los policías destinados en la región— pidieron ser trasladados a otros lugares.
Interior tuvo que enviar entonces a cubrir las vacantes a medio millar de los 1.300 agentes novatos que en junio de aquel año se incorporaron. Con estos, ya se produjo una situación muy similar a la que se ha registrado esta semana con la última promoción: los agentes con peores notas fueron enviados a Cataluña. La gran diferencia fue que entonces tres de los 25 mejores alumnos pidieron plaza en esta comunidad autónoma. En la de este año, con el doble de policías, ni siquiera eso: hay que descender hasta el puesto 88 para encontrar la primera solicitud.
Cataluña es la segunda comunidad autónoma que recibirá este mes más agentes de la última promoción salida de la Academia de Ávila, solo por detrás de Madrid. Sin embargo, las diferencias del despliegue de la Policía Nacional entre una y otra región son evidentes. En la segunda, la plantilla policial es la más grande de España, con cerca de 15.000 agentes, ya que además del despliegue territorial necesario para garantizar la seguridad ciudadana de sus principales ciudades, concentra los servicios centrales del Cuerpo. Sin embargo, en Cataluña, donde los Mossos d'Esquadra es policía integral, el número de puestos es inferior a 4.000, de los que aproximadamente el 25% está sin ocupar, el porcentaje más alto de toda España.
Destino de paso
A ello se suma que Cataluña se ha convertido desde hace años en un destino de paso. Son muy pocos los agentes originarios de Cataluña que optan por hacerse policías nacionales, prefieren las locales o los mossos, con mejores condiciones laborales. Por eso, buena parte de los recién salidos de la Academia de Ávila enviados a la región pasan los dos años obligatorios e, inmediatamente, piden el traslado. Para los sindicatos policiales, tres son los principales motivos de esta falta de arraigo. En primer lugar, el elevado coste de la vida en Cataluña que consideran que no se ve compensado con el plus de territorialidad de 54 euros mensuales que reciben por trabajar en esta región (algo más en Barcelona), que es menos de la mitad de lo que se cobra en Madrid por el mismo concepto y está muy lejos de los complementos salariales en el País Vasco. También creen contraproducente la falta de una carrera policial atrayente en Cataluña ya que la presencia de los mossos reduce las funciones de los policías recién llegados en la mayoría de los casos a la seguridad de los edificios del Estado o los puestos fronterizos. En los últimos años se ha sumado lo que los representantes sindicales califican de “tensión social” provocado por el procés.
En junio de 2017, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el mayoritario en la escala de mando, ya pidió al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que incrementara el complemento salarial a los agentes destinados en Cataluña al considerar que el ambiente propiciado por el soberanismo se asemejaba cada vez más al que vivían los agentes destinados en País Vasco y Navarra. Hoy, dos años después, esta sigue siendo la principal reclamación tanto de este sindicato, como de las otras dos centrales mayoritarias, Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Los policías no somos bien recibidos por ciertos sectores de la población en Cataluña”, asegura Adolfo Medina, portavoz del SPP, que reclama como primera medida para frenar el éxodo policial “una subida del plus de territorialidad hasta llegar a los 500 euros mensuales”, cerca de 10 veces más de lo que reciben ahora. No obstante, Medina admite que “la presión social no se soluciona solo con dinero” y reconoce la “complejidad de la situación”.
También Pablo Pérez, secretario de Comunicación de Jupol, la central mayoritaria tras las recientes elecciones sindicales en la Policía, reclama un incentivo económico que él denomina “plus de penosidad” y al que añade otras mejoras profesionales, como más días de vacaciones. Pérez también pide que Interior recupere parte de las competencias en Seguridad Ciudadana, que actualmente ejercen los Mossos, para hacer a los policías más atractivo el ejercicio de la profesión en Cataluña. Ramón Cosío, portavoz del SUP, esgrime que el esfuerzo económico que supondría para las arcas públicas el pago de una compensación más alta a los policías en la región está justificado porque “el Estado no se puede permitir descapitalizar humanamente su estructura en ningún lugar de España. La estabilidad del propio Estado pasa porque tenga presencia en Cataluña”, añade.
Distensión entre los distintos cuerpos
El procés dejó unas heridas abiertas y sangrantes entre los Mossos d’Esquadra y los cuerpos policiales estatales que ejercen en Cataluña. Durante meses se suspendieron las operaciones conjuntas y se complicaron las relaciones bilaterales en las distintas comisiones donde los policías comparten información. Poco a poco, la normalidad ha regresado. En pocas semanas, se han repetido las operaciones compartidas. El pasado 19 de junio, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos detuvieron a seis personas acusadas de traficar con marihuana en El Prat de Llobregat. El operativo supuso un amplísimo despliegue. Un día después, se repitió la escena de furgonetas de Mossos y de Policía mezclándose en el barrio barcelonés de El Raval. En esta ocasión se trataba de una operación contra el tráfico de todo tipo de drogas destinada sobre todo a turistas y también heroína a drogodependientes en un barrio muy castigado por la delincuencia. En paralelo, la Policía Nacional llevó a cabo controles de Extranjería, una competencia que tienen en exclusiva, algo que han repetido en los últimos meses en operaciones contra ladrones de pisos.
ESE CAMINO ESTÁ MUY EQUIVOCADO,NO VA A LLEGAR MUY LEJOS.
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