TRECE REGIONES NO PUEDEN PAGAR LAS PENSIONES CON SU COTIZACIÓN.

Trece regiones no pueden pagar las pensiones con sus cotizaciones.

Las nóminas de los jubilados catalanes y vascos se abonan gracias a la solidaridad del resto de España.

El creciente envejecimiento de la población española, la desindustrialización y la despoblación son causas que están detrás de que la mayoría de regiones españolas no sean capaces de afrontar con las cotizaciones que recaudan en sus respectivas regiones el pago de las pensiones públicas.

Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas comunidades que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados en un hipotético sistema de base regional. Todas ingresan más de lo que gastan. En trece autonomías pasa lo contrario y, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago fuera de su competencia. Es decir, que no podrían pagar las pensiones a los jubilados. Así se refleja en un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

La relación afiliados-pensionistas es clave para conocer la salud financiera de la Seguridad Social, al tratarse de un sistema de reparto, en el que las cotizaciones que pagan los trabajadores ocupados se utilizan para abonar las pensiones del momento. Una relación de afiliados y pensiones por debajo de 2,0 provoca que el sistema entre en déficit de ingresos sobre gastos. Es lo que sucedió en 2011 y fue lo que motivó las reformas de 2011 y 2013.

En la actualidad, solo cuatro comunidades superan el valor de 2,0 en su ratio afiliados-pensiones. Son los casos de Madrid, Canarias, Baleares y Murcia. No ocurre lo mismo en Asturias, la región más deficitaria, con un valor por debajo del 1,25 y Castilla y León y Galicia, donde se sitúa por debajo de 1,5. Todas están en zona de peligro. El conjunto de España, sobre el que se sitúa el resto, está algo por encima del 1,75. De todo lo anterior se deduce que si el sistema de pensiones estuviese transferido con sus ingresos y gastos a las comunidades autónomas trece de ellas estarían en situación de déficit, según destaca el trabajo, que utiliza datos del cierre de 2017.

Entre las regiones deficitarias también se incluyen Cataluña y País Vasco. Las pensiones que cobran los jubilados catalanes son deficitarias y se están pagando gracias a la solidaridad del resto de regiones. En esta comunidad el déficit de ingresos es de 1.664 euros por pensionista y año. El mayor desfase corresponde a Asturias, que registra un déficit de ingresos de 8.290,50 euros por pensionista y año, situación que el estudio atribuye a la reconversión siderúrgica de los astilleros y de la minería, lo que «ha elevado el compromiso de las pensiones, mientras el tejido productivo no ha logrado hacer lo mismo con las cotizaciones», explican.

Canarias, por ejemplo, con 2,47 afiliados por pensión, y en la que sus pensionistas perciben rentas calculadas con las mismas reglas que en el resto —quizás beneficiándose algo de esa solidaridad en la distribución de las prestaciones, por los complementos de mínimos— financia con sus excedentes de cotizaciones las nóminas pagadas en Asturias, la comunidad más deficitaria y con las pensiones de jubilación más altas en España.

Regiones «salvadas»

Recuerda el trabajo de Herce que existen fuertes diferencias demográficas y económicas entre regiones que «acaban siendo salvadas gracias a un sistema de reparto que aporta solidaridad interregional, y lo que es más importante, permite la sostenibilidad de las pensiones en comunidades autónomas fuertemente envejecidas».

En los últimos 38 años, la tasa de envejecimiento ha crecido un 7,1%; ha pasado del 11,2% al 19,2%. Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones más envejecidas en España. Casi uno de cada cuatro personas tiene más de 65 años. Menos presión sobre el sistema de pensiones registran otras como Baleares, Canarias y Murcia.

El alargamiento de la vida implica pensionistas más longevos, que perciben durante más tiempo la pensión que les corresponde. Y la menor natalidad asociada a una población envejecida se traduce en menor tamaño de las generaciones cotizantes durante varias décadas hasta que acaba revirtiendo posteriormente en un menor número de pensionistas. El resultado es un impacto negativo en las cuentas de la Seguridad Social, que hoy arrastran un déficit de 18.000 millones de euros.

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