Foto. José Ángel Miyares Valle
lunes, 31 de diciembre de 2018
ESPAÑA ES UNA DICTADURA. HAY QUE SALIR A LA CALLE YA. Reales Decretos de...
ESPAÑA ES UNA DICTADURA. HAY QUE SALIR A LA CALLE YA. Reales Decretos de 29 de diciembre. BASTA YA.
Ultimas noticias de EEUU, TRUMP GANARÁ BATALLA 31/12/2018
Ultimas noticias de EEUU, TRUMP GANARÁ BATALLA 31/12/2018
LA GUARDIA CIVIL ALERTA DE UN NUEVO FRAUDE.
La Guardia Civil alerta de un nuevo fraude que te puede llevar a delinquir sin saberlo
Se trata de las «mulas de dinero», o ayudar a que criminales blanqueen dinero obtenido de forma fraudulenta
La Guardia Civil ha alertado a la ciudadanía de un nuevo fraude que circula por internet y que además puede llevar consecuencias penales para quienes caigan en ella. Se trata de hacer de «mula de dinero» y ayudar a blanquear dinero obtenido de forma ilegal, aunque la forma de hacerlo se disfraza para que quien lo comete no sepa realmente que está delinquiendo.
«#NoPiques. Te ofrecen una comisión del 10% con la transferencia. ¡Fácil y rápido! En 60'' te explicamos qué es una mula de dinero. #dontbeaMule. #Denuncia los hechos: #062», recoge la publicación. La Guardia Civil acompaña este texto con un vídeo en el que explica en qué consiste el proceso.
Así, tal como explica el vídeo, los criminales obtienen dinero de manera fraudulenta, ya sea a través de virus informáticos que roban los datos de otros usuarios, de ataques bancarios o de tráfico de drogas, entre otros. A partir de ahí, buscan la manera de blanquearlo. Una de ellas es a través de páginas web en las que se promete al usuario ganar un 10% de la comisión realizando una transferencia. Pero lo que esconde es algo ilegal que puee conllevar tanto acusaciones penales, como robo de datos y sanciones económicas, tal como advierte la Guardia Civil.
LOS DELINCUENTES NO DESCANSAN.
CAMICIOS LIMPIOS.
Comicios limpios
La UE toma medidas para que Facebook no empañe las campañas.
Los numerosos procesos electorales que se celebrarán en la Unión Europea en 2019 han puesto en alerta a las instituciones comunitarias ante la posibilidad de que las plataformas tecnológicas sigan sin evitar que sus maquinarias alberguen enormes redes de desinformación. La UE tiene la certeza de que en los próximos meses —y especialmente en las fechas previas a los comicios al Europarlamento del 26 de mayo— se disparará el riesgo de propagación de infundios.
En el punto de mira de Bruselas está Facebook. La todopoderosa red social ha encadenado a lo largo del año que acaba un escándalo tras otro, quebrando la confianza de las instituciones y agudizando el descontento de los usuarios. La mayor brecha se produjo en marzo, cuando se detectó una fuga de datos privados de 87 millones de personas que fueron utilizados por la consultora Cambridge Analytica para beneficiar la campaña electoral de Donald Trump. Seis meses más tarde se supo que Facebook había sufrido un ciberataque que había dejado al descubierto 50 millones de perfiles. En diciembre, otro nubarrón cayó sobre la compañía fundada por Mark Zuckerberg al difundirse que compartió información sensible de los usuarios con más de un centenar de grandes empresas, entre ellas Apple, Amazon, Netflix y Microsoft.
Con estos precedentes, la UE hace bien en tomarse muy en serio los riesgos que entraña Facebook. Reino Unido ya multó a la compañía con 565.000 euros e Italia le impuso una sanción de 10 millones por “inducir a engaño” a los usuarios que se registran en la plataforma e “implementar prácticas agresivas” para influir en los consumidores.
Más allá de la utilización de datos sin el consentimiento de sus dueños, el gran peligro en ciernes es la expansión de bulos y noticias falsas a través de la red social más poderosa, con 2.000 millones de personas registradas en todo el mundo. Bruselas considera que las campañas de desinformación contra la UE y sus instituciones se multiplicarán a medida que avancen las citas electorales (más de 50 en dos años) en los Estados de la Unión. La Comisión Europea percibe las noticias falsas como una moderna arma de guerra híbrida cuyo objetivo es desestabilizar la democracia, derrumbar sus valores y erosionar sus instituciones.
La inquietud no es baladí y toda vigilancia puede ser poca. Así lo entiende Bruselas, que ha instado a las grandes plataformas de Internet a informar mensualmente a la Comisión sobre las acciones que llevan a cabo para combatir las fake news. Es obvio que el código de conducta voluntario suscrito por los gigantes tecnológicos para cerrar cuentas fraudulentas o rastrear los bots que bombardean mensajes de forma automática e indiscriminada no es un compromiso que, a la vista de los antecedentes, ofrezca demasiadas garantías.
Además de las medidas adoptadas por las instituciones, los usuarios han de ser conscientes de que los datos que suministran a Facebook, a veces con un simple “me gusta”, pueden ser utilizados en cualquier momento de manera irregular. La mejor forma de proteger su privacidad es no exponerla al gran escaparate que representa Facebook y las marcas de su órbita, como WhatsApp e Instagram, muy usadas por los jóvenes.
VA A SER DIFÍCIL ES UN PROBLEMA DE LA VIA ON LINE.
ANA BOTELLA,UN RUBIN HOOD AL REVÉS.
Ana Botella, una Robin Hood al revés
Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de cárcel de dos a seis años.
Robin Hood saqueaba a los ricos para beneficiar a los pobres. Es el modelo inverso al de Ana Botella de Aznar. Que como alcaldesa de Madrid facilitaba evacuar a los pobres de las viviendas protegidas para enriquecer más a los ya ricos.
Botella acaba de ser condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver, junto con sus cómplices —dos de ellos aún viceconsejeros en la Comunidad de Madrid—, 22,5 millones por una operación varias veces ilegal. A saber, la venta a la empresa Fidere, del grupo especulador del ladrillo Blackstone, de miles de viviendas públicas municipales —protegidas—, en alquiler, por un precio:
—Inferior al “jurídicamente exigible”.
—Inferior al valor catastral de los inmuebles.
—Inferior al precio que deberían haber abonado los arrendatarios en ejercicio de su derecho a opción de compra.
Al vender a bajo precio causó un quebranto a las arcas locales. Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de cárcel de dos a seis años.
La sentencia es recurrible: por tanto, sigue rigiendo la presunción de inocencia en favor de Botella y los demás munícipes. Pero la lectura de sus 90 folios es también instructiva. El tribunal administrativo concluye que se trató de un procedimiento ilegal, no solo porque el precio fue inferior al real, sino porque no se garantizó la competencia en el concurso.
Faltó la transparencia. Bueno, y más detallitos. La empresa municipal encargada de arruinar a los vulnerables facilitó informes “con carácter previo y por tanto privilegiado” sobre la operación a la compradora, entre otros pocos, reza la resolución.
Y la consultora que apadrinó el presunto latrocinio municipal fue PWC, la que asesoró a Fidere (que ya ha echado a bastantes inquilinos), siguiendo el lema de yo me lo guiso, yo me lo como.
Los acusados alegan que ellos no hicieron nada. Que solo se limitaron a aprobar y ratificar el Plan de Viabilidad de la empresa municipal encargada de saquear a los inquilinos. Hasta el punto de que les negó la condición de interesados, y por tanto de ejercer su opción de compra, reconocido por la Cámara de Cuentas (la homóloga autonómica del Tribunal de Cuentas).
Y que este plan cubría del todo la operación. Pero en realidad se aprobó “cuando la operación estaba a punto de concluir”, como “respaldo jurídico a posteriori”, revela el tribunal. Así que, nada de coartadas: Botella y su equipo mandaban al 100% en la empresa. Y ahora no quieren devolver el dinero evaporado.
LA FAMILIA TODA IMPLICADA EN LA RAPIÑA
UN JUBILADO DENUNCIÓ A 800 VECINOS EN SALAMANCA.
La venganza de Tristán, el jubilado que denunció a 800 vecinos de Salamanca
La vendetta de un ciudadano pone en evidencia la política urbanística de la ciudad con los cerramientos ilegales de terrazas.
Hay vecinos. Y luego está Tristán, de 61 años, que vive en Salamanca y ha denunciado a 800 habitantes de la ciudad. Así, de golpe. “Si yo he cerrado mi terraza [techar el patio] y he incumplido la ley, todos estos también”. Y desató la polémica urbanística en la ciudad.
Todo empezó en 2014. Tristán asegura que ese año comunicó a su comunidad que tenía intención de cerrar su patio y que nadie se opuso. Su casa mide 83 metros cuadrados. Tiene baño, cocina, tres habitaciones y un salón que conecta con la terraza, de unos 40 metros cuadrados. Meses después, tomó la decisión de techar unos 18. “Me cagaban los pájaros y quería tener más espacio para mis nietos”. Llamó a un amigo cerrajero y le cobró 5.800 euros. Vino 2017 y el vecino de arriba se querelló. “Que ni vive aquí, ni cristo que lo fundó. Me denunció porque temía que le treparan y sufrir algún robo”.
Con la denuncia interpuesta, el Ayuntamiento notificó a Tristán una sanción de 18.200 por este cerramiento ilegal. Las denuncias no suponen una sanción inmediata. La legislación dice que no se pueden hacer obras en los balcones y patios si no figura en la escritura y, como la Concejalía de Urbanismo no suele actuar de oficio, los ciudadanos las cierran sin pedir permiso y propicia que se denuncien entre ellos.
Tristán cobra una pensión de 1.200 euros y, asustado ante la cuantía de la multa, decidió retirar su obra volviendo a llamar a su cerrajero de referencia. “Me cobró 1.000 euros y se ofreció a guardar el material en su garaje por si puedo aprovecharlo más adelante”.
Antes de enfrentarse a la sanción, se presentó en el Ayuntamiento y les dijo a los empleados que ya había retirado el techado. Allí, según su versión, le dijeron que no había vuelta atrás porque le había denunciado un vecino. “¿Sí?, no os preocupéis, que ya vendré”, contestó. Y enrabietado, cogió lápiz y papel y se puso a recorrer durante varias semanas los distintos barrios de la ciudad. “Tengo mucho tiempo libre porque soy pensionista. Solo pido que la ley sea igual para todos”.
Al poco tiempo se presentó con 300 denuncias que han llegado a afectar a 800 vecinos. “No conozco al hombre este, pero ha hecho un trabajo exquisito. Para hacerle un monumento, vamos”, dice Emilio Collado, de 60 años. Él es uno de perjudicados por la vendetta de Tristán. Este jubilado vive en la milla de oro de los cerramientos: la avenida Villamayor; a cinco minutos caminando del centro. Aquí todos los portales cuentan con terrazas selladas. Segundos, terceros, cuartos, quintos, áticos…
Para todos ellos, la ley autonómica cambió en octubre de 2014 en un aspecto importante. Los casos anteriores a ese año quedaron prescritos. Para los posteriores se fijó un plazo de prescripción de cuatro años en caso de sanción leve; de ocho años si es grave y de diez años si es muy grave. Por eso muchos vecinos están buscando facturas que acrediten que su obra es anterior a 2014. Así no serán sancionados con multas que oscilan entre 1.000 y un millón de euros.
Al jubilado Collado le notificaron en una carta que tenía que ir al Ayuntamiento en cinco días. “Y yo no tengo el balcón cerrado, ¡es mi vecino!”. Él vive en un séptimo, pero en la denuncia de Tristán solo constaba el número del portal, sin la letra del piso. De ahí la confusión. “Fui donde me dijeron y vi una cola de vecinos de distintos barrios. Todos por lo mismo. ‘Yo la cerré hace 40 años’, decía uno. ‘¿Y esto ahora por qué?, otro”.
Entre los 43 barrios de Salamanca existen más de 25 empresas que se dedican al cerramiento de terrazas. Mundo Aluminio: “Tenemos mucho trabajo. La gente cierra los balcones por el frío. Es la única manera de aprovecharlo cuando llega el mal tiempo". Cristalería Helmántica: “Sí, hay trabajo. Hay semanas que tapiamos dos o tres”.
Y más y más casos. Uno, incluso, ha salpicado al alcalde del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El diario Tribuna de Salamanca publicó en 2014 que un íntimo amigo suyo cerró el ático en el que vive. Abrió una investigación y prometió un informe que, a día de hoy, nadie sabe dónde está.
El Ayuntamiento, gobernado por los populares desde hace 23 años, ha facilitado algunos datos solicitados por este periódico, pero no ha querido contestar a ninguna pregunta. Este jueves, eso sí, anunció la creación de un grupo de expertos para que estudie y clasifique los distintos cerramientos que existen en la ciudad, a petición de la oposición.
Hoy la terraza anaranjada de Tristán espera sentencia. Será a finales de abril, porque ha decidido recurrir. Los 800 vecinos denunciados podrán hacer lo mismo si deciden tomar la vía judicial. “Si tengo que pagar, pagaré”, dice Tristán. “500, 600, 1000 euros, una cosa razonable. Pero hombre… 18.000”. Su abogado le ha dicho que, mientras tanto, ahorre.
DAVID CONTRA GOLIAT Y UN VALIENTE.ESPAÑA MODERNIZA LOS TANQUES DE VENEZUELA.
España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE
El Gobierno del PP dio la licencia para exportar repuestos de carros de combate por 20 millones con el veto en vigor.
España participa en la modernización de los carros de combate del Ejército de Venezuela pese al embargo de armamento decretado por la UE. La junta interministerial que controla las exportaciones de material militar aprobó en enero de 2018 la venta a Nicolás Maduro de repuestos para blindados por 20 millones de euros. La autorización por parte del Ejecutivo de Rajoy se produjo después de que, el 14 de noviembre de 2017, entrase en vigor el reglamento de la UE que prohíbe suministrar dicho material a Caracas. Fuentes gubernamentales alegan que el contrato es anterior al embargo, aunque su aprobación política fuera posterior.
Ante el deterioro de la democracia en Venezuela y la falta de respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos por parte de Maduro, el Consejo Europeo aprobó, el 13 de noviembre de 2017, un embargo a Venezuela de armamento y material susceptible de ser utilizado para la represión, así como la congelación de activos de una lista de altos cargos del régimen bolivariano que luego se ha ido ampliando.
El reglamento, que entró en vigor un día después, prohibía suministrar a Venezuela cualquier material incluido en la llamada Lista Común Militar de la Unión Europea, que cita expresamente los vehículos terrestres diseñados o modificados para uso militar y sus componentes.
El embargo a Venezuela solo admite dos excepciones: el suministro de material con fines humanitarios o para operaciones de la ONU y organizaciones regionales; y “la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2017 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de los mismos”.
En el primer semestre de este año, según revela la Estadística sobre Exportaciones de Material de Defensa de la Secretaría de Estado de Comercio, España vendió a Venezuela piezas de vehículos militares por 6.216 euros. Mucho más importante fue, sin embargo, que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) —en la que se sientan representantes de Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria o Interior— aprobara, todavía bajo el Gobierno del PP, una licencia para exportar a Caracas componentes de carros de combate por 20 millones de euros. Esta cifra es casi diez veces superior a todas las ventas de armas españolas a Venezuela en el año 2017 (3,5 millones) o 2016 (2,6).
Según las fuentes consultadas, la licencia corresponde al programa de modernización de 86 carros de combate AMX-30 de fabricación francesa que el Ejército venezolano está llevando a cabo por valor de unos 70 millones de euros. Estos tanques, adquiridos en 1970, ya fueron sometidos a una primera modernización, por parte de empresas venezolanas, que resultó un fiasco y estuvo rodeada de sospechas de corrupción,
Ahora, los carros de combate van a ser modernizados con la incorporación de equipos informáticos y electrónicos, suministrados en su mayor parte por una empresa israelí, mientras que la integración corresponderá a la firma española Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE). Esta compañía, con sede en Móstoles (Madrid) y creada en 2008, cuenta con un centenar de trabajadores y una facturación anual de unos 15 millones de euros y es suministradora habitual del Ejército.
Exportaciones de armas a Caracas
La compra de ocho buques militares por 1.200 millones de euros, negociada por el entonces ministro de Defensa, José Bono, con el presidente Hugo Chávez, a mediados de la pasada década, convirtió a Venezuela en uno de los mejores clientes de la industria militar española.
Sin embargo, a medida de la ejecución de esos contratos concluía, las cifras se redujeron drásticamente. En 2015, las exportaciones de armamento español a Caracas aún sumaron 15,3 millones (en bloques para la construcción de buques, mantenimiento, documentación técnica y apoyo logístico a los mismos), pero en 2016 ya solo sumaron 2,6 millones; y en 2017, 3,4. En los seis primeros meses de 2018, las ventas realizadas fueron insignificantes: solo 6.216 euros.
Sin embargo, a medida de la ejecución de esos contratos concluía, las cifras se redujeron drásticamente. En 2015, las exportaciones de armamento español a Caracas aún sumaron 15,3 millones (en bloques para la construcción de buques, mantenimiento, documentación técnica y apoyo logístico a los mismos), pero en 2016 ya solo sumaron 2,6 millones; y en 2017, 3,4. En los seis primeros meses de 2018, las ventas realizadas fueron insignificantes: solo 6.216 euros.
Los carros de combate modernizados pertenecen a la 11 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, con base en el Estado de Zulía, al noroeste del país, junto a la frontera con Colombia, con la que Venezuela mantiene una fuerte tensión.
Preguntado por qué se autorizó esta operación tras aprobarse el embargo de armas, un portavoz de la Secretaría de Estado de Comercio señaló que “la cláusula de salvaguardia incluida en las sanciones de la UE permite autorizar licencias de exportación con cargo a estos contratos”, en alusión a acuerdos en vigor cuando se aprobó el embargo.
Sin embargo, ningún contrato está vigente hasta que la junta interministerial aprueba la correspondiente licencia. Es decir: nadie puede exportar material militar sin contar con la autorización del Gobierno, que es condición previa e imprescindible.
Y la denegación de licencias es algo habitual. En el primer semestre de 2018, la JIMDDU negó la exportación de tejido para paracaídas a Irán; y en 2017 vetó la venta de cañones y direcciones de tiro a Israel, país que no está sometido a embargo.
De hecho, la concesión de la licencia es un requisito previo y no significa que la venta llegue a consumarse. En 2017, las exportaciones realizadas supusieron solo el 20% de las autorizadas.
El mismo artículo del reglamento de la UE que permite mantener los contratos militares en vigor con Venezuela añade una condición: “Siempre que cumplan lo dispuesto en la posición común” de 2008 sobre exportación de armamento, “y en particular los criterios fijados en su artículo 2”. Estos criterios se refieren, entre otros, al respeto a los derechos humanos y a la existencia de tensiones en el país receptor de las armas.
Un responsable de SDLE explicó a EL PAÍS que su firma tiene una licencia temporal para mantener los AMX-30 venezolanos. “Hasta ahora, no hemos recibido ninguna indicación para cesar este servicio Si la recibiéramos, la acataríamos. Mientras, tenemos que cumplir nuestros compromisos”, añadió.
Un portavoz de Moncloa ha precisado este lunes que la licencia de exportación se concedió en enero de 2018, cuando aún gobernaba el PP, y que el contrato de modernización de los carrros de combate data de 2014, aunque las cantidades ejecutadas en ejercicios anteriores eran muy inferiores a los 20 millones autorizados para este año. Dicho portavoz no se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida revisar este contrato.
La legitimidad de Maduro, en cuestión a partir del 10 de enero
M. G.
“Hasta el 10 enero Maduro tiene la legitimidad de unas elecciones que reconocemos, pero el 10 de enero se acaba ese mandato y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos sino Estados, pero sí, hay un problema político”, reconoció el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en octubre pasado.El próximo día 10, Maduro tomará posesión como jefe del Estado de Venezuela para un nuevo mandato, tras haber sido reelegido en los comicios del pasado 20 de mayo. Pero, a diferencia de 2013, cuando fue elegido por primera vez tras la muerte de Hugo Chávez, estas elecciones no fueron bendecidas por la comunidad internacional.
El pasado 28 de mayo el Consejo Europeo aprobó un comunicado en el que denunciaba que las elecciones presidenciales no fueron “ni libres ni justas” y que sus resultados “carecieron de credibilidad”, por lo que pidió a Caracas su repetición.
Pese a ello, fuentes diplomáticas descartan que la UE rompa relaciones con Maduro y esperan que se limite a reiterar sus exigencias de respeto al Estado de Derecho. Como dijo Borrell, en diplomacia se reconoce a los Estados, no a los gobiernos. Otra cosa es que, a la vista de la actitud de la Administración Trump y el Grupo de Lima (integrado, entre otros, por Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Canadá Paraguay, México y Chile) aumente la presión para una nueva vuelta de tuerca a las sanciones.
Al contrario que con otros mandatarios iberoamericanos, España no prevé enviar a ningún alto representante a la toma de posesión de Maduro. Como máximo, acudirá el embajador en Caracas y ni siquiera es seguro.
SOMOS PACIFISTAS VIVIENDO DE LAS ARMAS,DOBLE MORALIDAD.
LA BURBUJA DEL BITCOIN HA PINCHADO.
Y, como estaba anunciado, la burbuja del bitcoin pinchó.
La criptodivisa pierde en 2018 el 80% de su valor por la presión regulatoria y la huida de especuladores. Pese al bajón, esta tecnología tiene aún mucho futuro.
Facebook trabaja para desarrollar una criptomoneda que permita hacer pagos a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. La empresa que fundó Mark Zuckerberg busca desarrollar nuevos negocios gracias a la tecnología que permitió el nacimiento del bitcoin. Así, dos de las marcas más golpeadas en el año que ahora acaba se alían, según anunció hace pocos días la agencia Bloomberg. El fundador de Facebook pasó en 2018 por la humillación de pedir perdón en el Congreso de EE UU por el masivo robo de datos por parte de Cambridge Analytica. Y bitcoin, la divisa digital más conocida, ha perdido este año un 80% de su valor, volviendo a sus niveles de la primera mitad de 2017.
Muchos factores explican el desplome del bitcoin en 2018. La tecnología que el año anterior había atraído a un sinfín de inversores no especializados al calor de unas expectativas de revalorización sin freno han huido precipitando el desplome de la cotización. La presión de los reguladores de medio mundo también ha contribuido a disminuir su valor ante el miedo a encontrar cada vez más trabas. Además del desplome del que muchos analistas llevaban tiempo avisando, este año será recordado por otros sucesos en el universo de las criptomonedas.
Pérdidas millonarias
En 2017, el bitcoin alcanzó un valor que poco tiempo atrás parecería de ciencia ficción. El 17 de diciembre rozó los 20.000 dólares. El pasado viernes rondaba los 3.850. En 12 meses, su capitalización ha pasado de 300.000 millones de dólares a 67.000. Si este parece un gran desplome, otras criptodivisas ha experimentado uno aún mayor. A principios de diciembre, el ethereum —la segunda más extendida— había perdido un 94% de su valor. En las últimas semanas se ha recuperado algo, hasta los 129 dólares, pero sigue a una distancia sideral del máximo de 1.431 dólares del pasado enero. “La subida de 2017 no respondía a ninguna explicación racional asociada al valor real. Era solo una burbuja especulativa, lo que se confirma con la agresiva corrección de 2018, pues de nuevo no hay unas causas objetivas que la expliquen”, resume Juan Pedro Gravel, socio de Estrategia Tecnológica de Deloitte. Y aunque ahora esté en mínimos respecto a sus niveles récord, su valor es aún un 300% superior al de principios de 2017.
Avalancha reguladora
En febrero, la CNMV y el Banco de España lanzaron un comunicado conjunto. “Es esencial que quien decida comprar este tipo de activos digitales considere todos los riesgos asociados y valore si tiene la información suficiente. En este tipo de inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude”, aseguraba. En mayo, las autoridades de EE UU iniciaron una investigación penal ante la posible manipulación de monedas virtuales. Los líderes del G 20 defendieron este año regular las criptomonedas para combatir el lavado de dinero. Y grandes instituciones como el FMI y el BIS han alertado de los elevados riesgos del fenómeno. “La nueva directiva de prevención del blanqueo de capitales, que entró en vigor este año, obliga por primera vez en la historia a un gran número de empresas europeas a investigar en secreto y denunciar movimientos extraños de criptomonedas”, añade Pablo Fernández Burgueño, del laboratorio blockchain NevTrace.
¿Qué pasa con los ‘mineros’?
El desplome del bitcoin está llevando a los mineros —los que fabrican nuevas criptomonedas a través de potentes computadoras que consumen ingentes cantidades de energía— a replantearse los beneficios de esta actividad. Según distintos cálculos, el minado empieza a ser rentable a partir de un bitcoin por encima de 4.000 o 5.000 dólares, franja que ha quedado atrás. A esto se le une que en 2020 la remuneración por minado se reducirá a la mitad. En ese momento, en función de cómo cotice el bitcoin, se verá si es rentable o no continuar con esta actividad que conlleva unos importantes costes, sobre todo por el altísimo consumo de electricidad.
Avances en la tecnología
La caída del bitcoin es importante, pero no está lejos de la experimentada en antiguas crisis de la moneda en las que también se le dio por muerta antes de tiempo. Como subraya Jorge Ordovás, cofundador de NevTrace, 2018 ha sido un año muy bueno desde el punto de vista de los avances técnicos. “Estamos muy cerca de minimizar los problemas de escalabilidad y rendimiento de las principales criptomonedas”, explica.
¿Y en 2019?
Es imposible anticipar si el desplome continuará o no. Pero parece claro que la tecnología blockchain, al margen de las oscilaciones del bitcoin, ha llegado para quedarse. “El panorama es optimista porque hemos tocado fondo. No sé de cuánto, pero habrá un repunte. Desde el punto de vista tecnológico, habrá mejoras técnicas relevantes”, continúa Alberto Toribio, también cofundador de NevTrace. “Las criptomonedas se convertirán en algo común en nuestras vidas. Blockchain dará soporte a transacciones financieras y no financieras en nuestro día a día en pocos años”, añade el socio de Deloitte. Lejos quedan las palabras de Nouriel Roubini. “La mayoría de inversores en bitcoin son analfabetos financieros. Millones de personas fueron embaucados de forma ilegal para comprar mierda”, dijo el economista y gurú en junio, cuando un bitcoin superaba los 6.000 dólares. Casi el doble que hoy.
EL BITCOIN TIENE UN FUTURO INCIERTO CUANDO DESAPAREZCA EL DINERO FÍSICO Y LOS ESPECULADORES AHORA ESTÁN CENTRADOS DE LLENO EN LAS BOLSAS
EL COCHE SE BLOQUEA CUANDO NO PAGUES UNA CUOTA.
Así son los ‘smart contracts’: si no paga una cuota del coche, ya no podrá abrirlo
La llegada de los contratos inteliegentes revolucionará todo tipo de acuerdos comerciales y profesionales.
El comprador de un coche deja de pagar las cuotas pactadas con la financiera. De forma automática, el contrato emite una orden a través de Internet que bloquea el acceso al vehículo, de forma que ya no puede ser utilizado. Los términos del acuerdo están inscritos en un registro inmodificable y los datos del impago proceden de una fuente fiable y segura. Así, no hace falta ir a juicio para que se ejecute lo pactado y los costes de tramitación son mínimos o nulos. ¿Una distopía? En absoluto. Sistemas como este ya funcionan en Estados Unidos gracias a los contratos inteligentes o smart contracts.
En ellos, el tradicional redactado del contrato es sustituido por un código informático de tipo condicional, en el que las partes programan diferentes resultados para una variedad de posibilidades (“si pasa A, haz B; pero si se da C, ejecuta D”). Pero además, la identidad de las partes, las condiciones del pacto y las circunstancias del cumplimiento son acreditadas por una red de observadores imparciales. Esto es lo que se denomina registro distribuido y existen varias modalidades del mismo. La más conocida es la cadena bloques o blockchain.
Mediante esta tecnología, un conjunto de terceros ajenos al negocio (los nodos) actúa como fedatario de lo que hacen los demás, en unas condiciones que aseguran la identificación de las partes e impiden la modificación de lo pactado o alteración de lo sucedido. Una vez que la red valida un evento, le atribuye un identificador o hash inalterable. Como señala José María Anguiano, socio de Garrigues, “la incorporación del código al registro garantiza su inalterabilidad”, porque nadie puede modificarlo.
Una vez que el código en el que se refleja el contrato se ha incorporado al registro distribuido, solo cabe esperar la llegada de los datos que alimenten las variables establecidas, procedentes de unas fuentes fiables denominadas oráculos. Si estas coinciden con el evento esperado (por ejemplo, la recepción por parte del vendedor del importe del precio pactado por la venta de un bien), se genera el resultado previsto (la transferencia de la titularidad de ese bien). De ambos hechos queda una constancia “irreversible y permanente” en el registro.
Según los expertos, estas incipientes tecnologías están llamadas a jugar un papel muy relevante en el futuro. David Maeztu, socio de 451 Legal, destaca sus ventajas: Al “sustituir la valoración humana de los datos recogidos por sistemas más neutros, rápidos y eficientes”, permite prescindir de intermediarios (tanto para verificar si se cumple lo acordado como para ejecutar la consecuencia pactada), “con el consiguiente ahorro de costes de intermediación y/o gestión”.
Por ello, Pablo García Mexía, asesor de Ashurst, señala que sus usos potenciales son infinitos. Por ahora, se está abriendo camino en el entorno financiero (fintech), “donde se utiliza con mucha intensidad para instrumentar lanzamientos de iniciativas blockchain”. Pero también se está utilizando en el ámbito societario, “como mecanismo de articulación de las llamadas Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs)”, y en el comercio internacional o el de bienes de consumo conectados al Internet de las cosas (IoT). Pero “puede abarcar cualquier actividad que se pueda articular contractualmente”, agrega.
Sin embargo, Anguiano advierte de que el crecimiento de los smart contracts dependerá del desarrollo del IoT. Solo cuando esta se extienda “van a triunfar para la contratación en masa”, prevé. Por eso hasta el momento no hay ejemplos claros de su uso más allá del sector financiero, el de las apuestas y algún seguro sencillo. “Los de finanzas van a ser los primeros en salir, porque ya tienen listos los oráculos necesarios”, augura.
Protección de los consumidores
Pese al nombre con el que se los conoce, los juristas no se acaban de poner de acuerdo sobre la naturaleza de estas operaciones. La tesis más extendida considera que no constituyen auténticos contratos, puesto que detrás de uno de estos documentos inteligentes siempre ha de haber un pacto convencional celebrado entre humanos. García Mexía considera, no obstante que los smart contracts son plenamente válidos, “pues el código encierra en sí el articulado y las partes saben que se obligan a través de un código autoejecutable e irreversible”.
En este sentido, y desde el punto de vista de la defensa de los consumidores, Maeztu advierte de los riesgos de que la parte autora del contrato “determine también la programación del mecanismo de ejecución, lo que puede dar lugar a problemas de abuso de esa posición”. Por ello considera necesario que se facilite a la otra parte una información adicional para asegurar un nivel de protección adecuado. “El mecanismo de ejecución debería formar parte de los elementos esenciales del contrato”, afirma.
Por otra parte, no hay que olvidar que blockhain es básicamente un mecanismo probatorio de unos hechos pero que, como apunta Anguiano, solo puede ser invocado, porque no emite certificados (algo que sí hacen otros registros de tipo centralizado, no distribuido, como Logalty). Y, precisamente, los certificados son el tipo de documentos que mejor entienden los jueces en caso de litigio. Este experto advierte también de las consecuencias fiscales de la utilización de estos contratos, pues en su opinión van a permitir eludir (que no defraudar) muchos impuestos “o se van a automatizar muchas de las consecuencias derivadas de los impuestos”.
YA NO ERES DUEÑO DEL COCHE HASTA QUE NO LO PAGAS.
¿QUÉ SUBE Y BAJA EN 2019?
¿Qué sube y qué baja en 2019? Salarios públicos y servicios esenciales al alza
Los asalariados y pensionistas que dependen del Estado mejorarán sus rentas, pero la menguante clase media sufrirá el encarecimiento de los suministros básicos y la presión fiscal.
El año 2019 comenzará con buenas noticias para los ciudadanos cuyos emolumentos dependen del Boletín Oficial del Estado. Los trabajadores que cobran el sueldo mínimo, los pensionistas y los funcionarios verán incrementado notablemente su poder adquisitivo gracias a los decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero para la mayoría de los asalariados que forman parte de la menguante clase media, el nuevo año supondrá más presión fiscal y subidas de precios y tarifas de servicios esenciales como la luz, los carburantes o las telecomunicaciones.
Las grandes cifras macroeconómicas seguirán siendo positivas aunque se aprecia la desaceleración. Se estima que la economía haya cerrado 2018 con un crecimiento del 2,6% y se desacelere al 2,2% en 2019, según las previsiones del Banco de España.
Dualidad salarial
Pero los salarios, al menos en las empresas privadas, como ya ocurriera en este año que se cierra, no notarán en exceso esos vientos propicios, y las subidas de precios les harán perder poder adquisitivo, ya que se prevé que la inflación crezca un 1,6% en el conjunto del ejercicio (de acuerdo con las estimaciones del Banco de España), aunque el Gobierno rebaje este incremento hasta el 1%.
Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT suscribieron el pasado verano el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva por el que se comprometían en 2019 a trasladar a los convenios sectoriales una subida de salarios en torno al 2%, más un 1% variable. Pero ese documento no obliga y, por lo tanto, cada empresa negociará por su cuenta los sueldos con sus empleados.
Afortunadamente para los que menos ganan, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una subida del salario mínimo de un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales, que obligatoriamente deberán aplicar todas las empresas. Los parados de larga duración también respiran con alivio, pues se mantiene el subsidio extraordinario por desempleo hasta que elaboren un nuevo modelo de atención asistencial a los parados.
También están de suerte los funcionarios, cuyos sueldos suben un 2,25% merced al acuerdo que firmó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aunque los más afortunados en este año electoral vuelven a ser los 10,3 millones de pensionistas. Los que cobran pensiones contributivas (9,7 millones) verán subir sus emolumentos un 1,6% mientras que las pensiones mínimas y no contributivas se elevan el 3%. De esta forma, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 835,8 euros al mes y la pensión máxima en 2.659,4 euros mensuales, 18 y 41 euros más al mes, respectivamente. Además, todos ellos recibirán una paga compensatoria del 0,1% que se abonará antes de abril por el desvío de la inflación en 2018.
Los autónomos se tendrán que rascar el bolsillo. Su base mínima de cotización se incrementa un 1,25% a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%, con lo que los autónomos (personas físicas) tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) que lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.
Transporte y carburantes
En general, el transporte público (autobuses y metro) no experimenta grandes subidas en las grandes ciudades y se congela en Madrid, Barcelona y Valencia. Lo que sí suben son los taxis. En Madrid, la bajada de bandera será 10 céntimos más cara en horario diurno y 20 céntimos por la noche y festivos hasta los 2,5 y 3,10 euros, respectivamente. El coste del kilómetro sube también 5 céntimos hasta los 1,10 euros. En conjunto, se trata de una subida media del 5%. Los de Barcelona se encarecerán un 2,6%, como ya hicieran en 2018. Estos incrementos pueden arrastrar también a los vehículos de alquiler con conductor (VTC): plataformas como Uber o Cabify podrían aprovecharlo y actualizar sus precios al alza, aunque ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona quieren incluso restringir su actividad para atender a las demandas de los taxistas, lo que irá en perjuicio del consumidor.
Renfe mantendrá congelado en 2019 por cuarto año consecutivo el precio del billete de Cercanías, si bien con el nuevo año subirá los billetes sencillos y de ida y vuelta un 3,5% para los servicios de Media Distancia (regionales) y un 7% el de los Avant (los regionales que circulan por las vías del AVE). Para los trenes de AVE y Larga Distancia, ambos servicios liberalizados, el precio del billete no subirá con el cambio del año, si bien la operadora podría variarlo posteriormente a lo largo del ejercicio.
En cuanto al transporte aéreo, las tasas aeroportuarias se congelan, lo que puede compensar la previsible subida del combustible respecto a los poco más de 50 dólares en los que a finales de este año cotiza el barril de crudo Brent.
Los automovilistas lo tendrán peor. Además de la evolución de los carburantes y el posible repunte del dólar frente al euro que influye en el coste de la materia prima, el 1 de enero entra en vigor la derogación del tipo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos, ahora en manos de las comunidades autónomas y que puede oscilar entre los 0 y los 48 euros. Su integración en el tipo estatal provocará un alza de la gasolina y del gasóleo en aquellas comunidades autónomas con menores tipos. El impuesto sube 4,8 céntimos por litro en País Vasco, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra; 3,1 céntimos por litro en Madrid; 2,4 céntimos en Aragón; 1 céntimo en Extremadura; y 0,8 céntimos en Asturias.
Llenar el depósito se puede elevar aún más si finalmente sale adelante la igualación parcial del impuesto que se aplica al gasóleo y a la gasolina, lo que supondría una subida adicional al diésel de 3,4 céntimos de euro por litro, según se recoge en el plan presupuestario remitido a Bruselas.
Para los usuarios de autopistas de peaje, los conductores deberán afrontar una subida media del 1,67% a partir del próximo 1 de enero para el conjunto de la red estatal. No obstante, desde el 15 de enero, las nueve autopistas que han sido rescatadas por el Estado, entre ellas las radiales madrileñas, registrarán una rebaja media de las tarifas del 30% y serán gratuitas por la noche (entre la medianoche y las 06:00 horas).
Renfe mantendrá congelado en 2019 por cuarto año consecutivo el precio del billete de Cercanías, si bien con el nuevo año subirá los billetes sencillos y de ida y vuelta un 3,5% para los servicios de Media Distancia (regionales) y un 7% el de los Avant (los regionales que circulan por las vías del AVE). Para los trenes de AVE y Larga Distancia, ambos servicios liberalizados, el precio del billete no subirá con el cambio del año, si bien la operadora podría variarlo posteriormente a lo largo del ejercicio.
En cuanto al transporte aéreo, las tasas aeroportuarias se congelan, lo que puede compensar la previsible subida del combustible respecto a los poco más de 50 dólares en los que a finales de este año cotiza el barril de crudo Brent.
Los automovilistas lo tendrán peor. Además de la evolución de los carburantes y el posible repunte del dólar frente al euro que influye en el coste de la materia prima, el 1 de enero entra en vigor la derogación del tipo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos, ahora en manos de las comunidades autónomas y que puede oscilar entre los 0 y los 48 euros. Su integración en el tipo estatal provocará un alza de la gasolina y del gasóleo en aquellas comunidades autónomas con menores tipos. El impuesto sube 4,8 céntimos por litro en País Vasco, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra; 3,1 céntimos por litro en Madrid; 2,4 céntimos en Aragón; 1 céntimo en Extremadura; y 0,8 céntimos en Asturias.
Llenar el depósito se puede elevar aún más si finalmente sale adelante la igualación parcial del impuesto que se aplica al gasóleo y a la gasolina, lo que supondría una subida adicional al diésel de 3,4 céntimos de euro por litro, según se recoge en el plan presupuestario remitido a Bruselas.
Para los usuarios de autopistas de peaje, los conductores deberán afrontar una subida media del 1,67% a partir del próximo 1 de enero para el conjunto de la red estatal. No obstante, desde el 15 de enero, las nueve autopistas que han sido rescatadas por el Estado, entre ellas las radiales madrileñas, registrarán una rebaja media de las tarifas del 30% y serán gratuitas por la noche (entre la medianoche y las 06:00 horas).
La factura eléctrica, que terminó 2018 con un incremento del 9,26% el megavatio hora (MWh), también dependerá de la climatología y de la evolución de los carburantes, aunque puede repuntar más del 4% si el Gobierno vuelve a instaurar el impuesto que cobraba a las eléctricas por generar la electricidad. El aumento de los derechos de emisión de CO2 también puede disparar la factura.
Afortunadamente para los consumidores, el principal suministro básico, el agua, se congela al menos en Madrid y Barcelona.
Telefonía, Internet y medicinas
La factura de telefonía e Internet sube por tercer año consecutivo para muchas familias. Telefónica ha dado el pistoletazo al anunciar un nuevo aumento de 5 euros mensuales en sus paquetes Fusión antiguos a partir de febrero. Antes, en enero, subirán 5 euros los servicios de solo fibra óptica, las tarifas de móviles #15 y #25, que suben 5 euros, mientras que las de #1,5, #4 y #8 aumentan su precio en dos euros. La operadora aplicará otros repuntes a servicios auxiliares como el contestador automático. La subida de Movistar puede arrastrar a las otras tres grandes operadoras (Vodafone, Orange y MásMóvil) a seguir sus pasos y actualizar al alza sus planes de tarifas.
El 1 de enero bajará el precio de 1.200 medicamentos, entre los que destacan el ibuprofeno, fármacos para el asma, antidepresivos como el escitalopram, anticonceptivos orales como el levonorgestrel/etinilestradiol o medicinas para el Parkinson como el ropinirol.
En cuanto a las inversiones, los ahorradores seguirán perdiendo dinero si lo mantienen en la renta fija, con intereses cercanos a cero o incluso negativos. En la ruleta de la renta variable, la Bolsa está en su peor momento desde 2010.
Vivienda, alquiler e IBI siguen subiendo
Con el cierre de noviembre en el -0,146%, el euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, sigue escalando en su regreso a tasas positivas, ya que desde febrero de 2016 se encuentra en terreno negativo. Este repunte se traducirá en un encarecimiento de las hipotecas a las que les toque revisión.
Peor lo tendrán los que quieran adquirir un piso. Los precios de la vivienda en España sumaron en 2018 su quinto año de crecimiento consecutivo y la previsión de los expertos del sector es que la tendencia no se rompa el año próximo, al menos en los precios de venta. La subida calculada está entre el 3% y el 4%, según la consultora inmobiliaria CBRE, aunque otros expertos elevan aún más esta previsión. El portal inmobiliario Pisos.com estima que el precio aumentará entre un 5% y un 6% respecto a 2018, hasta un precio medio de entre 1.750 y 1.800 euros por metro cuadrado.
Para los que opten por alquilar, desde el pasado 18 de diciembre, los nuevos contratos tienen una duración de cinco años en lugar de tres, y de siete en el caso de que el propietario sea una empresa. Las prórrogas también se amplían de uno a tres años. Pero esa ampliación no tiene por qué traducirse en bajada de precios. De hecho, muchos expertos consideran que ocurrirá lo contrario porque los dueños querrán blindarse frente a subidas futuras.
Los impuestos están pendientes de la dura negociación parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Aunque ya se conocen algunos. Para el ejercicio 2019, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales a 1.179 municipios, lo que según el Gobierno se traducirá en la práctica en que el importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) bajará de media un 1,92% a partir del próximo 1 de enero de 2019. No obstante, los municipios son libres de subirlo hasta el 5% y de rebajarlo un 2%.
Además, la actualización de los valores subirá en 728 municipios y bajará en 449 localidades. Y en cualquier caso la factura final de este impuesto dependerá de si los propios consistorios revisan también los tipos del tributo para volver a aplicar el catastrazo a sus vecinos.
Los impuestos, a la espera de que el Gobierno obtenga apoyos
Eso quiere decir que, de aprobarse los Presupuestos y si no hay cambios durante las negociaciones, el Gobierno podrá introducir en ellos la subida del IRPF para las rentas altas con dos nuevos tramos. En el primero, entre 130.000 y 300.000, el tipo subirá del 45% al 47%. En el segundo, a partir de 300.000 euros, el tipo se elevará hasta el 49%. ¿Significa eso que el Estado se quedará con la mitad de lo que cobran? No, esos tipos del 47% y del 49% solo se aplicarán a lo que ganen los contribuyentes por encima de los 130.000 euros y de los 300.000 euros, respectivamente.
En los Presupuestos, el Ejecutivo podrá modificar la base del ahorro para que tributen cuatro puntos porcentuales más hasta el 27% las rentas superiores a 140.000 euros. Y el impuesto de patrimonio, que se planea subir en un punto porcentual hasta el 3,5% para las fortunas por encima de los 10 millones de euros.
Además, se incluiría la equiparación parcial del diésel con la gasolina dejando fuera a los transportistas. Se elevaría la tributación de las grandes empresas para que paguen más por los beneficios generados fuera y un mínimo obligatorio del 15% de la base imponible. Se bajaría el impuesto a las pymes que facturen menos de 1 millón de euros, del 25% al 23%. Se rebajará el IVA de los productos de higiene femenina del 10% al 4%. Y el de los servicios veterinarios, del 21% al 10%.
Por otra parte, el Gobierno quiere crear dos figuras nuevas, y ha empezado a tramitarlas como proyectos de ley. Una de ellas es la llamada tasa Google, que supondrá un gravamen del 3% para servicios digitales como la publicidad online. La otra es el impuesto del 0,2% a la compra de acciones de grandes empresas.
Aunque falta validarlo en el Congreso, el pasado viernes se aprobó un real decreto ley con incrementos de las cotizaciones, del 7% en la base máxima y del 22,3% en la mínima. Tampoco se abonará el impuesto hipotecario. Y las prestaciones de maternidad y paternidad no tendrán que tributar tras dejarlas exentas el Supremo.
TODO SUBE, MENOS EL IPC COCINADO QUE SUBE SÓLO UN TERCIO DEL REAL.
CATALUÑA PIERDE 3.800 EMPRESAS.
Cataluña pierde 3.800 empresas y un 28% de inversión por el secesionismo
La comunidad aún no ha recuperado 22.263 millones de euros de los depósitos que se fugaron a raíz del 1-O.
El Govern de la Generalitat aprovechó un día informativamente apático como un sábado 29 de diciembre para anunciar que Cataluña saldrá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y por tanto del control más estricto del Ministerio de Hacienda a partir de mañana. El vicepresidente, Pere Aragonès, lo anunció como un paso hacia la vuelta a los mercados de la comunidad. Ayer, el presidente, Quim Torra, escogió algunos datos —PIB, paro y exportaciones— para presumir de la evolución económica de la región. Ese discurso omite que desde el pulso secesionista lanzado en el otoño de 2017, Cataluña se desacelera más rápido que la economía nacional y, sobre todo, ha perdido la confianza de ahorradores e inversores. Desde el 1-O Cataluña ha perdido 3.819 empresas, 22.263 millones de euros en depósitos y casi un tercio de la inversión extranjera en la región.
El referendo ilegal desató la inseguridad. En tres meses familias y empresas retiraron de entidades con sede en Cataluña 31.400 millones en depósitos, lo que forzó a grupos como Caixabank y el Sabadell a llevar sus sedes a otras autonomías. A día de hoy, ni esos bancos han vuelto a instalar su domicilio social en Cataluña ni ese volumen de depósitos se ha recuperado del todo.
A pesar de la normalización de los dos últimos trimestres, Cataluña se ha dejado 22.263 millones en ahorros y es la única comunidad que pierde cuota de mercado de forma significativa sobre el total de depósitos del país, al bajar 1,8 puntos porcentuales, del 15,06% al 13,26%, según datos del Banco de España. Solo otras dos regiones, Madrid y Murcia, pierden peso, pero en cuestión de décima, 0,56 y 0,11 puntos respectivamente.
Más preocupante se antoja la salida de empresas de Cataluña por cuanto esta no ha cesado. En 2017 el número de compañías que abandonaron la región ascendió a 2.536, y solo 548 instalaron en esta comunidad su domicilio social, de forma que la región perdió 1.988 sociedades netas. Entre enero y septiembre de este año, con 1.831 salidas netas, la tendencia no ha remitido: Cataluña ha perdido 2.145 compañías y únicamente 314 han apostado por ubicarse en la región más rica del país.
Cataluña parece haber dejado de ser también polo de atracción de la inversión internacional. En los doce meses inmediatamente anteriores al 1-O había recibido 4.028,8 millones de euros de inversión extranjera directa, según datos de la secretaría de Estado de Comercio. En los doce siguientes cayó un 28%, a 2.900,4 millones, y en el conjunto de 2017 perdió el 60% de la inversión.
Esa tendencia contrasta notablemente con lo que sucede en el resto del país. Mientras que entre enero y septiembre de este año Cataluña ya ha perdido un 16,8% de inversión extranjera, en el conjunto de España se ha duplicado. El descenso de la inversión extranjera en Cataluña «estaría relacionado con la paralización, el retraso o la cancelación de decisiones de inversión», analiza el último informe al respecto de Comercio.
Desaceleración económica
«Cerramos un año con buenos datos económicos. 20 trimestres continuados de crecimiento del PIB; más de 60 meses de disminución interanual del paro, que sitúan Cataluña cerca de una barrera que parecía imposible de alcanzar como es llegar al 10% de paro, y también se han registrado más exportaciones que nunca», defendió ayer Torra en su mensaje de fin de año.
Es cierto que la economía catalana, que ha estado tutelada por el Estado tanto a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución como a través del FLA, mantiene el pulso. El año pasado creció un 3,2%, tres décimas menos que en 2016 pero dos más que la media nacional, según los datos de la Contabilidad Regional del INE. Y también es verdad que su desaceleración se enmarca, como en el caso del conjunto de la economía española, en el menor crecimiento global. Pero no menos cierto es que Cataluña empieza a dar síntomas de una desaceleración más acusada que la del resto del país.
Mientras Cataluña creció en el tercer trimestre de 2018 un 0,5% respecto al segundo trimestre, el conjunto de España repuntó un 0,6%. Es más, las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que el PIB de Cataluña estaría creciendo en términos interanuales al 2,5%, por debajo de la media nacional (+2,7%), lo que apunta a una mayor desaceleración.
Más empleo, pero a menos ritmo
El desafío independentista también se estaría notando en las tasas de creación de empleo. Aunque en los últimos meses ha mejorado, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social en esta región, que venía creciendo más que en el conjunto de España, se situó a lo largo del primer semestre por debajo y ahora crece a igual tasa, 2,8% al cierre del pasado noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo.
«En Cataluña se ha dado un shock que no ha pasado en otras comunidades y que ha hecho que el empleo pase de crecer por encima de la economía española a hacerlo por debajo», concluye un reciente estudio de BBVA Research que calcula que sin la incertidumbre política, pero también el efecto en el turismo de los cambios regulatorios y los atentados terroristas Cataluña habría creado unos 30.000 puestos de trabajo más.
Aragonès vendió el pasado sábado la salida de Cataluña del FLA y su paso al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) como un paso intermedio para volver a financiarse a medio plazo en los mercados, pos sí sola y sin la ayuda del Estado, como ya hace Andalucía. Algo a día de hoy impensable. No solo porque a través de ese fondo volverá a pedir este año 7.000 millones más al Estado, que ya acumula 57.513 millones de deuda de la Generalitat, el 73% del total.
Las agencias de «rating», a diferencia de la mejora de la calificación crediticia a España y otras comunidades como Madrid, siguen considerando la deuda catalana como «bono basura», lo que refleja la desconfianza de los inversores, que exigirían a Cataluña un coste inasumible de asumir por el Govern en caso de querer financiarse sin el respaldo del Estado.
ESA ES LA PROSPERIDAD QUE OFRECE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN
LAS CIUDADES CON EL IBI MÁS ALTO,
Tarragona, Lérida y Gerona son las capitales con el tributo más elevado mientras que Madrid es la urbe que más recauda por habitante.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es la joya de la corona de los ayuntamientos: ningún año ha bajado su recaudación y supone un 28,2% de sus ingresos. Sin embargo, no en todos los municipios se paga lo mismo y la diferencia entre lo que afrontan los ciudadanos de una capital de provincia y otra pueden llegar a miles de euros. El Consejo General de Economistas ha calculado cuánto se paga de IBI según cada capital de provincia, de forma que Tarragona, Lérida y Gerona son las ciudades con el IBI más alto en base al tipo, sin tener en cuenta reducciones ni revisiones catastrales, y dejando fuera a País Vasco y Navarra por sus regímenes forales.
Así, para un inmueble con un valor catastral de 50.000 euros, en Tarragona se pagan 477 euros cada año; en Lérida, 472 euros y en Gerona, 454. En Toledo la cuota es de la mitad: 223 euros. El valor catastral medio es de 59.425 euros, por lo que la cuota tributaria se aproxima a la que pagan la mayor parte de los españoles, si bien en las ciudades los valores son más elevados
Llama la atención la distancia de Toledo con la vecina Ciudad Real (435 euros), que es una de las ciudades con un IBI más alto. Málaga (226 euros) y Albacete (226 euros) son las otras ciudades con menor IBI. Estas distancias, con cuotas proporcionales, se repiten con valores de 100.000, 300.000 y 500.000 euros.
Ello es así porque Tarragona (0,953%), Lérida (0,943%) y Gerona (0,907%) tienen los tipos de IBI urbano más altos frente a Toledo (0,446%), que es el más bajo.
Madrid, la mayor recaudación por persona
Pese a ello, Madrid es la ciudad donde más se recauda por habitante en IBI, con 255 euros por cabeza pese a que su tipo (0,51%) está en la gama baja. Ello es así porque los inmuebles de la capital tienen valores más altos que los de otras ciudades. Los ayuntamientos tienen la potestad de fijar un tipo máximo del 1,1% en bienes urbanos.
Esto ocurre con todos los impuestos. Madrid también es la ciudad que más recauda por habitante al coger los principales impuestos municipales debido precisamente a que los valores catastrales y la renta son mayores que en el resto de capitales, si bien ello no quiere decir que sea la que tiene mayor presión fiscal. Con 744,2 euros por habitante, el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena lidera la clasificación, al sumar IBI, Actividades Económicas (IAE), plusvalía municipal (IIVTNU), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Le sigue Barcelona, con 655 euros, y Toledo (597,6 euros). Precisamente, IBI y plusvalía municipal suman más del 70% de la recaudación por impuestos de las ciudades, por lo que realmente son ambos tributos los que marcan la diferencia.
Los tres están por encima de la media de capitales de más de 500.000 habitantes que determina una factura media de 507,6 euros en estos cinco tributos. Por el contrario, Ceuta (133.7 euros), Melilla (151,6 euros) y Bilbao (con 284,5 euros) son los ayuntamientos con menor factura fiscal. Pese a que Bilbao es una de las ciudades con mayores valores y renta, en su caso los tributos son más bajos porque no depende del sistema tributario común y lo hace del foral de su diputación (Vizcaya), con impuestos más bajos. Como ejemplo, si en los municipios de régimen común el tipo mínimo del IBI es un 0,4%, en Bilbao es del 0,19%.
Tributación por triplicado
Los economistas del Consejo y los asesores fiscales del Reaf, que han elaborado el «Panorama de la fiscalidad local de 2018», han denunciado en una rueda de prensa que los inmuebles en ocasiones tributan por triplicado. «Muchos inmuebles además de ser gravados por este impuesto municipal [IBI], tributan también en el IRPF a través de la imputación de rentas y en el Impuesto sobre el Patrimonio», reclaman en un comunicado.
Las diferencias se repiten en otros tributos no exentos de polémica, máxime cuando la presión fiscal de los ayuntamientos ha subido con la crisis. Es el caso del Impuesto de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como plusvalía municipal. La figura acumula miles de recursos despues de que el Tribunal Constitucional lo tumbara cuando hay pérdidas y otras instancias lo cuestionen incluso cuando hay ganancias.
Sin tener en cuenta las bonificaciones y las revalorizaciones catastrales, Castellón es la ciudad con una menor cuota, con 13.950 euros en el caso de una plusvalía de 100.000 euros para una venta a los 18 años de adquirir el inmueble. Le siguen Segovia (15.000) y La Coruña (17.330).
Ciudad Real, Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Huelva, León, Logroño, Murcia, Las Palmas de Gran Canarias, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zaragoza, con una cuota de 30.000 euros para este ejemplo en ventas a los 3, 7, 12 y 18 años de la adquisición del inmueble.
MÁS IMPUESTOS PARA QUE COMAN LOS POLÍTICOS QUE NO SABEMOS LOS QUE TENEMOS Y AUMENTAN COMO LOS HONGOS SIN ENTERARNOS¿TRANSPARENCÍA DÓNDE ESTAS?
SUBE LA GASOLINA:EL MÁXIMO DE IMPUESTOS EN HIDROCARBUROS.
Sube la gasolina: todas las comunidades aplicarán el tipo máximo del Impuesto sobre Hidrocarburos
A partir del 1 de enero será de 4,8 céntimos de euro por litro, lo que afectará especialmente a Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Canarias .
El 1 de enero aumentará la fiscalidad en los carburantes, pero no con la misma intensidad en todas las comunidades autónomas. Esto se debe a que los Presupuestos del Estado del Gobierno de Rajoy aprobados por el Congreso el pasado 23 de mayo recogen una armonización del tramo autonómico del impuesto Especial sobre Hidrocarburos, gravamen que aplican todas las regiones sobre la gasolina y el gasóleo excepto Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco y Canarias. Además, entre las que tienen este impuesto, unas lo hacen conel tramo más alto, de 4,8 céntimos de euro por litro, y otras con tramos más bajos de 3,84 y 1,7 céntimos.
Esta situación -que tiene su origen en el «céntimo sanitario» que aprobó el Gobierno de Aznar en 2002- ocasiona desde entonces un efecto frontera entre las regiones que no tienen este impuesto, o lo tienen en la horquilla más baja, y las que lo tienen. El problema ha sido criticado por las petroleras, los empresarios de estaciones de servicio y los conductores de flotas.
Lo que hacen los Presupuestos es eliminar ese desequilibrio, igualando el citado tramo autonómico. La cuestión es que esa necesariaarmonización se hace utilizando el tramo más alto de la horquilla, por lo que se encarecerán los precios de los carburantes en la mayoría de las regiones, especialmente en Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Canarias, donde el tramo autonómico es de 0 céntimos de euros por litro.
Actualmente hay un impuesto estatal general que grava la gasolina sin plomo de 95 octanos con 40,07 céntimos el litro y 30,7 céntimos el del gasóleo. También está el tipo estatal especial, de 2,4 céntimos de euro por litro para ambos carburantes. En paralelo a este impuesto está el tramo autonómico, que va de 0 a 4,8 céntimos. Este se sumará ahora al tipo estatal especial, por lo que, desde el 1 de enero pasará a ser de 7,2 céntimos de euro por litro.
Es decir, la gasolina de 95 octanos tendrá una fiscalidad de 47,27 céntimos por litro y el gasóleo de 37,9 céntimos. Además, hay que sumar el IVA, que es del 21%. Esto supone que el 56% del precio de venta al público de la gasolina son impuestos, porcentaje que es del 52% en el gasóleo.
El Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro explicó que la armonización al alza se enmarcaba en la normativa europea y tenía como objetivo garantizar la unidad de mercado. Además, los recursos que se obtengan por esta subida irán íntegros a las comunidades autónomas.
Aquellos Presupuestos recogen un aumento de la recaudación del impuesto sobre Hidrocarburos de 689 millones, hasta los 11.570 millones. Como las comunidades tienen el 58% de los ingresos -el resto lo recauda el Estado- y ante el aumento del tipo a las que les repercute, sus ingresos recogerán un alza de 390 millones en 2019, según las cuentas del PP.
Mayor impuesto al gasóleo
El incremento de la fiscalidad de los carburantes no acaba aquí, ya que en los próximos meses el Gobierno socialista elevará el impuesto del gasóleo. En principio, serán 3,8 céntimos más cada litro (desde el 1 de enero son 37,9 céntimos). La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es igualar progresivamente la fiscalidad de este combustible al de la gasolina (47,27 céntimos). Asimismo, contribuye a desincentivar el consumo de gasóleo, carburante que ha sido puesto en la picota por la UE en general y por el Ministerio de Transición Ecológica español en particular.
TODO SON IMPUESTO PARA QUE VIVAN LOS POLÍTICOS QUE NO SABEMOS EXACTAMENTE A CUÁNTOS ALIMENTAMOS.
LA SALIDA DE PODER Y AUSENCIA DE SUCESOR EN EL PSOE ABREN LAS PUERTAS A SÁNCHEZ EN ANDALUCÍA
La salida del poder y la ausencia de sucesor abren a Sánchez las puertas del PSOE andaluz
Susana Díaz ha manifestado que quiere seguir al frente. Ferraz espera a la pérdida efectiva de la Junta y constata que no hay sucesión clara.
Vientos de cambio en el socialismo andaluz. Pedro Sánchez quiere ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Andalucía y esperar a la definitiva pérdida del poder por parte de los socialistas para actuar en la federación más importante del partido, que es a la vez en la que menos presencia tiene la dirección federal. Pero Susana Díaz aguanta y mantiene la idea de resistir. Detrás de ella un partido que no es monolítico en su base pero que en el ámbito de la dirección es fiel a la todavía presidenta. Ese es el mapa de un 2019 que entre la pérdida de la Junta de Andalucía y la sentencia del caso de los ERE convertirán este nuevo año en el peor de la historia para el socialismo andaluz.
Tras el varapalo en las urnas el 2 de diciembre la Ejecutiva del PSOE andaluz renovó por unanimidad la confianza en Susana Díaz. Se acordó que el mensaje sería el de tratar de salvar el Gobierno de la Junta de Andalucía poniendo en valor haber sido la primera fuerza y demonizando el papel de Vox. Una operación que se ha demostrado imposible y que no se ha sustentado en ningún tipo de negociación. Y es que el mensaje iba realmente dirigido a la dirección federal.
El día antes el secretario de Organización, José Luis Ábalos, apuntaba a la «necesaria renovación del PSOE andaluz». Sus palabras causaron conmoción por venir de él, en quien Díaz y sus íntimos mantienen una confianza como único interlocutor en Ferraz. Las palabras de Óscar Puente o Alfonso Gómez de Celis apuntando expresamente a la figura de Díaz no sorprendían. Pero en boca del hombre fuerte del PSOE en el Gobierno todo adquirió la forma de un plan: Pedro Sánchez ha decidido que es el momento de poner fin a la realidad que consiste en que la influencia de la dirección federal en Andalucía brilla por su ausencia. A eso se refirió Ábalos cuando afirmó que «el PSOE en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultado y nosotros queremos también implicarnos en ese proceso, contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía».
Un día después dio un paso atrás. En Ferraz son conscientes de que se precipitaron. La consigna ahora es esperar a que se produzca la pérdida efectiva del poder institucional para tomar alguna decisión. Pero tampoco se tiene claro de en qué dirección. Una cosa sí está clara, y es que Sánchez quiere participar en el proceso que se abrirá: «Ferraz estará presente en Andalucía», asegura un miembro de la dirección. Un proceso que se asume que será de sucesión, pese a la voluntad de Díaz de resistir y encabezar la oposición. «No sabemos qué va a hacer el día siguiente a la investidura de un presidente del PP», asegura un integrante del Gobierno central.
También se quiere esperar para ver cuál es la respuesta y la reacción que empiezan a tener los secretarios provinciales y los candidatos a las alcaldías. En la dirección andaluza no se expresa en privado certezas sobre lo que va a hacer Díaz. Si bien nadie se anima todavía a recomendar su relevo, pero incluso en su dirección tampoco existe un fervor por su continuidad. El momento actual se enmarca en pedir que se le conceda tiempo para reflexionar. Aseguran personas de la dirección andaluza que la presidenta en funciones está haciendo autocrítica sobre lo sucedido.
Los socialistas andaluces, aunque no exentos de pugnas y facciones, siempre han esquivado las sucesiones convulsas. «No puede pasarnos lo mismo que al PP», reflexiona un veterano dirigente andaluz que pone de ejemplo cómo después de un liderazgo sin contestación la sucesión se solucionó con unas primarias con múltiples contendientes. Solo a partir de la decisión de Díaz y de cómo se posicionen los líderes provinciales se podrían abrir otros escenarios.
Un diputado recomienda «no descabezar» el partido en estos momentos. Otros apuntan que el momento debe ser «a partir de ahora», en referencia a la salida de la Junta, cuando debe estudiarse si procede un relevo.
Las posibilidades de Sánchez
La posibilidad de implantar una comisión gestora, por lo que se preguntó abiertamente a Ábalos y que rechazó un día después para no provocar una fractura irreversible, es un elemento que está encima de la mesa de esta partida. Sánchez tiene instrumentos para hacerlo. Ya lo hizo con Tomás Gómez en febrero de 2015 a solo tres meses de las autonómicas.
Está claro que Andalucía no es la Comunidad de Madrid. Pero el precedente está encima de la mesa. También como advertencia para quienes dudan de que pueda hacerlo tan cerca de unas elecciones. Aunque no es la hipótesis más clara, apuntándose más a la celebración de un Congreso Extraordinario.
Sánchez no lo tiene sencillo. En las primarias de 2017 se plasmó el siguiente reparto de fuerzas: el 63,2% de la militancia apoyó a Díaz, un 31,7% votó por Sánchez y un 5,2% por Patxi López. Cerca de un 40% de la militancia andaluza no votó por Díaz, en un momento en el que su figura no tenía esa erosión y era la presidenta de la Junta. Ferraz interpreta este escenario como muy abierto. Aunque hay perfiles más prudentes que insisten en «esperar» a Díaz. Además se apunta a que la pérdida del poder institucional puede provocar un terremoto de lealtades en torno a Díaz.
En cualquier caso es la falta de sucesión clara a Díaz lo que anima a la dirección federal a plantear que hay que «corregir», en palabras de un dirigente cercano a Sánchez, la imagen de Andalucía como una suerte de aldea gala frente al poder de Ferraz, multiplicado con la llegada de Sánchez a La Moncloa. «Sea quien sea el líder, incluso si siguiese Susana, eso hay que corregirlo», apuntan en la dirección.
Esa base de apoyo militante no se traslada en el ámbito orgánico del partido. Tras llegar a Ferraz como responsable de Organización Ábalos priorizó la pacificación y no desembarcó en Andalucía. No se presentó un rival contra Díaz en 2017 a nivel regional y ahora se le ha permitido confeccionar las listas a su voluntad. Algo que no gustó a muchos sanchistas andaluces. Sánchez ha colocado a su fiel Gómez de Celis como Delegado del Gobierno y dio un golpe de efecto al quitar a Díaz los servicios de María Jesús Montero para convertirla en su ministra de Hacienda. Ella lo niega, pero su nombre suena fuerte para la sucesión. Aunque en el entorno de Díaz se la rechaza por no tener conocimiento del partido.
EL PSOE VA DE CAPA CAIDA Y SIN PARACAIDAS.