BLOG DEDICADO A LA ACTUALIDAD
SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO.PARA DEFENSORES DE LA VERDAD Y DE LA LIBERTAD SIN ESTAR SOMETIDO A SERVIDUMBRE ALGUNA, MI AGRADECIMIENTO A BLOGGER Y GOOGLE. Con más de 5.025.000 de visitas. Unas 3.000 diarias.
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SER BONDADOSO CON POBRES Y MIGRANTES CON LOS AHORROS DE LA CLASE
MEDIA, MEDIANTE LEYES INJUSTAS Y DE CONFISCACIÓN EN UN PAIS LLAMADO DEMÓCRÁTICO.
"Amigo D. Pedro":
¿Ve alucinaciones por la noche o
sueña a ser bueno para los pobres repartiendo propiedades de los ahorradores o está
muy mal aconsejado?. Hagamos un trato y yo le admito su bondad desmedida a través
de decretoleyes, empiece por repartir Vd.
con los más necesitados dando lo que tiene y yo le prometo que hago lo mismo
con las mías exiguas y tras años de ahorro.
Soy una persona que ayudo a los
demás con todo lo que está a mi alcance de una persona socializada, solidaria de
hecho, no de boquilla con espurios intereses que tanto abundan hoy y confunden
a la sociedad y doy mis ayudas a asociaciones, caritas, cruz roja, médicos mundo
etc. y me gustaría conocer las suyas y de su amantísima esposa que tienen ahora unos sueldazos , llovidos del
cielo de aquí no te menes, todo ahorro y además viajes con gastos pagos y el avión
presidencial como la vieja bicicleta mía a la puerta de mi casa que me sirve
para hacer ejercicio, pero los arreglos los hago yo o los pago de mis dineros
después de haber pagado todos los impuestos y medicinas íntegramente y que no
entran por la seguridad social para atender mis enfermedades crónicas y recetadas
por los especialistas de ésta.
Viene todo esto a cuenta de que Vd.,
como Pilatos, no puede dejar la responsabilidad de los desahucios en manos de los
asistentes sociales poniéndoles contra las cuerdas entre ayudar a los pobres desvalidos,
migrantes ,desempleados y enfrentándoles alos propietarios de viviendas que deberán de correr con los gasto de lo
okupas porque estos no son socorridos por la Constitucióny la obligación delestado a cargo del gobierno de turno.
¿No estamos en un estado de derecho?¿qué
entiende Vd. por estado de derecho?¿el
suyo, el de conveniencia, el de su dejadez de funciones como presidente del
gobierno?¿el de la irreflexión y la ocurrencia para quedar bien en las tv y
prensa?
Además dice a bombo y platillo
que va quitar los aforamiento ¿Qué va quitar el afloramiento de la delincuencia
particular pero no el de la responsabilidad política, pública, ni el cohecho
que es donde se corrompen los políticos, eso es una engañifa ¿Cree Vd. qué el pueblo
es tonto como Vd. lo imagina ?
No señor Sánchez ,no acaba Vd. de
subir a la sillón de presidente y ya se ha olvidado de cómo piensa el pueblo
¡bájese del sillón y sondee el pálpito del pueblo y verá cómo se siente y le
puedo asegurar que por mucho que manipule las encuestas o cocine el CIS, Vd. va
a desaparecer el buen socialismo que
tanto bien ha hecho a España, la democracia y a los españoles. ¿Por favor deje
de llamarse socialista y llámese otra cosa porque esto no es socialismo es otra
cosa, que ni Vd. ni su séquito saben lo
que son, no maltrate el término Psoe, tan digno merecedor de honra durante más
de 100 años. ¡Que le sea leve tanta incongruencia y convoque elecciones antes
de que le echen por la bravas¡
Ah y baje del avión, póngase en
traje de faena y a trabajar , arremánguese y vista como un socialista que no le
confundan con un lobista o banquero, hágame caso.
La falta administrativo-financiera exige explicación, mesura y proporcionalidad
El hoy ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cometió un notorio error —e incurrió en una falta administrativa—, hace tres años, al vender un pequeño paquete de acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero.
Esa venta fue polémica. Se produjo poco antes del derrumbe de la cotización de la empresa. Y ha generado ahora, cuando se ha hecho pública la sanción de 30.000 euros dictada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una fuerte reacción política: por el relieve personal de Borrell, por el perfil del ministerio que dirige y porque el caso orilla, como otros anteriores, con la exigencia de ejemplaridad a la que deben sujetarse gobernantes y opositores.
Por estas especiales exigencias, el error debe ser detallado. No basta aducir que el protagonista ha renunciado a recurrir al organismo superior para no entrar en conflicto de interés ya que tendría que dirimir el caso el Gobierno al que pertenece. Si ha habido error hasta llegar a la falta administrativa, se precisa un examen y una crítica —también políticos, no solo personales— que lo subsane.
Es preciso evaluar con rigor las circunstancias del caso. Su cuantía es limitada (vendió 10.000 acciones por 9.030 euros); el paquete no era suyo, sino de su exesposa, aunque él era quien lo gestionaba. Incluso así, parece fuera de duda que Borrell disponía de información privilegiada en el momento de vender, lo que objetivamente puede ser causa de sanción. Pero también parece evidente que al no haber vendido su, mucho más cuantioso, paquete personal de acciones en Abengoa (unos 380.000 euros), no usó directamente para sí tal información.
También en esa tesitura es factible argumentar que la falta por la que se le sanciona entraña una posible quiebra de confianza: pudo haber usado o podría usar esa información relevante en otra ocasión, incluso en asuntos más significativos. Pero el hecho de que no la utilizase simultáneamente con su capital personal deslegitima esa sospecha.
De manera que no parece haber en este caso más que el error detectado y la falta sancionada. Inferir de esa torpeza un grave tráfico de influencias o la predisposición a provocar severos perjuicios a terceros aparece como una presunción de culpabilidad administrativo-política exagerada. Y exenta de la debida proporcionalidad: no conviene matar las moscas a cañonazos. O dicho de otra manera, las sanciones deben ser pertinentes según la gravedad de las conductas que contrarrestan. Resulta difícil mantener un criterio al mismo tiempo riguroso, equilibrado y proporcional en un asunto relacionado con las tan caldeadas exigencias éticas de los actores políticos, ya que en muy poco tiempo hemos pasado oficialmente de la complacencia al calvinismo.
Coincidan o no con estas apreciaciones los rivales de Josep Borrell, algunos de los cuales se han aprestado a exigir una dimisión inmediata, sería útil que se cerciorasen de su propia credibilidad antes de lanzar según qué propuestas. La confusión entre moralizar la vida pública y hacer política con la moral terminará convirtiendo este país en una ciénaga.
ESTE ES EL MEJOR MINISTRO DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ, IMAGINÉNSE EL RESTO.
El plan de Sánchez para limitar los aforamientos no tiene aliados en el Congreso
El Gobierno se da un año ahora para la reducción de esa protección judicial para los cargos públicos.
El plan anunciado y aprobado este viernes en el Consejo de Ministros por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar con una reforma de la Constitución el número y tipo de aforamientos en España no tiene el apoyo en estos momentos de ningún aliado político en el Congreso de los Diputados. La izquierda, Podemos, los partidos nacionalistas e incluso Ciudadanos desprecian esa oferta de reforma, que consideran limitada. El PP teme, por contra, su alcance si se abre el melón de una reforma constitucional.
El anuncio de esta reforma constitucional para recortar los aforamientos políticos formulado por el propio Pedro Sánchez en septiembre, en la celebración de sus primeros 100 días en La Moncloa, ha pasado así en poco tiempo de tener una vocación exprés, con el objetivo de ejecutarse en 60 días, a darse ahora un año de margen para realizar todos los cambios legales necesarios para acotar esta figura. El Gobierno pretende de esta manera limitar esa protección judicial a los miembros del Ejecutivo y los diputados y senadores en el caso de los “delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo”.
Pero ese cambio no cuenta por ahora con ningún aliado político en las Cortes. El único apoyo seguro es el del Grupo Socialista, que cuenta solo con 84 diputados. Y el Ejecutivo socialista necesitaría el respaldo del PP para sacar adelante cualquier modificación de ese tipo, ya que los populares son indispensables tanto para tener una mayoría (sea absoluta o de tres quintos) en el Senado como de dos tercios en el Congreso.
El PP ha anticipado este viernes su rechazo. "Pedro Sánchez propone eliminar los aforamientos... Si quiere regenerar España, que empiece por cesar a: Borrell, multado por usar información privilegiada; Calviño y Duque por sus sociedades instrumentales para pagar menos impuestos; Dolores Delgado, ministra de Justicia, por mentir", ha indicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un mensaje en su cuenta de Twitter. En la misma línea ha profundizado la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, también en un tuit: "En septiembre, Sánchez propuso eliminar aforamientos para tapar su tesis. Hoy, en pleno caso Borrell, pone en marcha la reforma para eliminarlos. Este Gobierno funciona a golpe de cortinas de humo. Si quiere regenerar, que empiece por limpiar su Consejo de Ministros. #EleccionesYA".
Pablo Casado ya avanzó en septiembre que su partido no "mordería" ese anzuelo de la reforma de los aforamientos, que consideraba una trampa por parte del presidente, y para la que no veía ninguna urgencia.
Fuentes de la dirección de los populares han razonado ahora, además, que cambios en la Constitución sin consenso, con la actual situación política y social crítica en Cataluña y con Podemos pidiendo un referéndum, no les parece lo más apropiado. Y no van más allá, porque constatan como otros partidos que aún queda terreno para que el asunto llegue a la Cámara baja.
Desde Ciudadanos sí se ha asegurado este viernes tajantemente que votarán en contra. Su líder, Albert Rivera, lo ha ratificado: "Votaremos en contra de la estafa de Sánchez sobre los aforamientos. Lo que hay que hacer es eliminar por completo los aforamientos políticos, no blindar a los imputados por corrupción como él pretende. Es lo que piden los españoles y lo que aprobó el Congreso a propuesta de Ciudadanos", ha añadido en Isla Cristina (Huelva), informa Elsa García de Blas.
Los demás partidos ya avanzaron reparos el pasado 18 de septiembre, cuando Sánchez prometió que podría llevar a cabo ese cambio en dos meses.
La reforma tampoco convence al principal socio del Gobierno. Podemos quiere acabar con la condición de aforado del rey emérito, y defiende que se haga una consulta a la ciudadanía para efectuar la reforma de la Constitución, por mínima que sea. El partido de Pablo Iglesias y sus aliados en el Congreso (IU, En Comú Podem y En Marea) cuentan con 67 escaños, muy por encima de los 35 (10%) requeridos para promover ese tipo de consultas populares.
Por parte de ERC, que dispone de nueve diputados en la Cámara, se apuntó que tampoco refrendarán esa propuesta del Gobierno: "No nos sentimos interpelados por ninguna reforma constitucional, porque no nos sentimos representados por esta Constitución ni por la que salga con este nuevo parche de reforma que se propone". Fuentes de esta formación apuntan que ya expresaron su postura en un debate en el Congreso en septiembre, cuando dejaron claro que limitarlos solamente para diputados y senadores se quedaba como un objetivo corto. También apuntaron entonces que, en su opinión, habría que empezar por eliminar los aforamientos de la Casa Real.
El PNV también avisó, en el debate previo, que presentaría una enmienda por su cuenta para exigir que se eliminasen todos los aforamientos y también la inviolabilidad del Rey.
Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, reclamó entonces a Sánchez que hiciera una política "más efectiva que efectista". También señaló que no observaba ninguna demanda ciudadana que justificara la apertura de ese cambio en la Constitución. Y advirtió al presidente de que "una vez que se abre el melón debe saber que el conjunto de grupos políticos va a plantear sus propuestas al margen de las cuestiones de fondo sobre los aforos". El dirigente nacionalista añadió que su partido en ese escenario aprovecharía para insistir en que "la principal cuestión política que hay en relación a la Constitución del 78 en Cataluña es su absoluta falta de legitimidad desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el estatuto [catalán]".
"Nos damos el plazo de un año para hacer toda la transformación que tiene consigo", ha explicado este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la propuesta de modificación de dos artículos de la Constitución. Se realizaría mediante un artículo único que afecta a los artículos 73 y 102 de la Constitución, e incluye tres disposiciones para su entrada en vigor y la adecuación de las normas.
La Ley Fundamental contempla los aforamientos de diputados y senadores en el artículo 71.3, y los del presidente del Gobierno y los ministros, en el artículo 102.1. "Es una reforma cuantitativamente pequeña, por los dos artículos a los que afecta, pero desde el punto de vista político es muy grande", ha argumentado la número dos del Gobierno. El siguiente paso será enviar el anteproyecto de reforma de los artículos citados al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá un mes para emitir su dictamen.
El Gobierno no incluye en su reforma los estatutos de autonomía, que contemplan en su articulado los aforamientos de los diputados regionales. Calvo ha señalado que no es competencia del Ejecutivo, sino de las Cámaras autonómicas. "Tenemos que respetar la estructura territorial de nuestro país y las autonomías. No podemos plantear qué tienen que hacer los Parlamentos autonómicos, aunque es evidente que con el inicio de esta reforma se marca un listón de ética muy alto" que tendría que conllevar una "revisión y armonización" de todo el sistema político.
ES UNA TOMADURA DE PELO 18.000 POLÍTICOS AFORADOS ,CASI NADA.
Preocupación policial ante la llegada de los hinchas más radicales de River y Boca
Los agentes españoles trabajan contra reloj para ultimar el plan para controlar a las dos aficiones argentinas.
La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno en Madrid trabajan contra reloj para ultimar el dispositivo de seguridad del partido que enfrentará el próximo 9 de diciembre a River Plate y Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu. Los agentes de Seguridad Ciudadana reconocen que se enfrentan a un encuentro de alto riesgo, en el que las aficiones no están controladas con antelación, y se desconoce el número exacto de personas que acudirán al estadio. A ello se une la existencia de hinchas radicales en ambos clubes, que ya han protagonizado actos violentos en Argentina. Según la Conmebol, la policía española ya conoce la identidad de los hinchas que tienen prohibida la entrada al estadio.
Uno de los principales problemas al que se enfrentan los agentes es que Madrid se hallará esos días en pleno puente de la Constitución, cuando la ciudad recibe miles de visitantes. En ediciones anteriores, se ha calculado que llegaron hasta 600.000 turistas, en su mayoría españoles. Este alto número de personas, unido a los propios residentes en Madrid, hace que las zonas más céntricas de la capital se colapsen. Esto se traduce en un fuerte despliegue de todas las unidades de Seguridad Ciudadana, en especial de la de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios) en estos lugares. Esto incluye los intercambiadores de transporte, las estaciones de tren y autobús y el aeropuerto.
A ello se une que España se encuentra en nivel 4 de alerta de la lucha antiterrorista, por lo que es necesario mantener la presencia de agentes en los puntos estratégicos, con el consiguiente detrimento para otros actos, como la final de la Copa Libertadores. “Trabajamos a toda velocidad, porque montar un dispositivo de estas características es muy difícil. Hay que evaluar muchos riesgos”, afirma un mando policial.
Está previsto que la próxima semana haya una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participen mandos policiales de la capital, responsables del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento. El despliegue incluirá la presencia del servicio de ambulancias municipales de urgencia y rescate (Samur), de los Bomberos de Madrid y de la Policía Municipal, además de la Guardia Civil de Tráfico. A partir de ahí, podrá saberse cuál es el dispositivo aproximado de efectivos que trabajarán la jornada del domingo.
El jefe de grupo de la Oficina Nacional de Deportes, el inspector Juan Carlos Gil Muñoz, ha explicado este viernes por la mañana que se está en contacto con las autoridades argentinas para recibir información de cuántos aficionados se desplazarán a Madrid. También se están recabando datos de la Federación Española de Fútbol y de los propios clubes. "El dispositivo no se centrará solo en el partido, sino también en el antes y el después, lo que incluye también el aeropuerto", ha explicado Gil Muñoz.
"Todavía es muy pronto para saber cuántos agentes formarán el dispositivo. Va a estar en función de las informaciones que vayamos recibiendo de todas las partes implicadas", ha afirmado el inspector. Este ha adelantado que se podía movilizar a agentes antidisturbios de otras comunidades autónomas en caso de que no sea suficiente el número de funcionarios que hay en Madrid esos días. "Modulamos siempre el número de policías según la afición sea tranquila o más radical. En este último caso, se aumenta más", ha añadido Gil Muñoz. Este ha recordado que en 2010 Madrid acogió la final de la Champions League y no se registraron incidentes.
"Ya tenemos experiencia en este tipo de celebraciones. Es un reto, algo muy interesante y esperemos que todo salga bien", ha concluido.
La única referencia posible ahora mismo son los partidos de la Champions League celebrados en la ciudad, en los que participan unos 1.500 efectivos de los servicios de emergencia. Si el partido es de un riesgo mayor, el número puede llegar a los 2.000. “Es muy difícil saber cuál será la cifra definitiva, porque hay que ver cuántos intervienen y en qué momentos. Dar un número es muy arriesgado”, reconocen fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. Estas se han comprometido a difundir toda la información una vez que concluya la reunión de coordinación.
En un partido de alto riesgo participan antidisturbios, guías caninos, agentes de caballería y subsuelo y helicópteros de la Policía Nacional, junto con funcionarios de la Policía Municipal encargados de regular el tráfico, sanitarios del Samur que despliegan hospitales de campaña para atender a los heridos, y voluntarios de Protección Civil, además de agentes de movilidad.
Otro problema al que se enfrentan los mandos policiales es que también habrá que controlar las fronteras, en especial el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se espera recibir el grueso de las aficiones que lleguen a ver el encuentro. Cuando se celebra un partido de estas características y juega un equipo de Madrid, solo hay que controlar a la afición visitante. Se la trae encapsulada (rodeada de agentes) y se la sitúa en un lugar determinado del estadio.
Con la final de la Copa Libertadores existe el problema añadido de que las dos aficiones llegan de fuera de la ciudad. De esta forma, habrá que aumentar el número de agentes en el despliegue para evitar que los seguidores de Boca y River puedan juntarse y se reproduzcan los enfrentamientos vividos en los partidos anteriores.
NO LE VEO NADA MÁS QUE INCONVENIENTES , DESTROZOS DE MOBILIARIO Y GÁSTO DE DINERO PUBLICO.
La receta de Felipe González para los políticos españoles tras tres elecciones generales: «Váyanse a su casa»
El mensaje central con el que González recorre el mundo -y que ha desarrollado en su libro «¿Quién manda aquí?»- es que la democracia representativa está en peligro.
Felipe González se ha presentado este jueves en Nueva York con falsa timidez, excusando que ya no está acostumbrado a hablar en público. Fue solo un truco de vanidad, una mentirijilla para engordar todavía más la reacción positiva del respetable que llenaba el salón de actos de la Americas Society para escuchar al expresidente del Gobierno de España.
González sigue siendo un animal político que no ha perdido su capacidad de engatusar al público con un cóctel de artificios verbales muy logrados, ingenio, letanía de líderes internacionales con los que se ha codeado -de Castro a Merkel, de Kissinger a Den Xiaoping- y un manto de referente moral en un momento convulso para la democracia representativa. «Yo siempre he sido un moderado. Me he vuelto un radical en la defensa de los valores democráticos», ha dicho.
El líder histórico socialista no ha hecho referencias muy concretas a la situación política en España, con un gobierno inestable liderado por su partido, con el apoyo de nacionalistas vascos, separatistas catalanes y Podemos. «La crisis política en España es seria, y la agudizamos por la banalidad del debate», ha criticado. «El debate no es serio, la crisis, sí».
El mensaje central con el que González recorre el mundo -y que ha desarrollado en su libro «¿Quién manda aquí?»- es que la democracia representativa está en peligro. Y eso incluye a España, donde, en su opinión, los líderes políticos no han estado a la altura de las circunstancias. «En 2015 hice una broma», ha contado. «Que en 2016 tendríamos un parlamento a la italiana por primera vez, pero que no tendríamos italianos para gobernarnos», prosiguió ante la risa del público. «Y ocurrió. Tras tres elecciones generales seguidas, por lo menos habría que exigir a los líderes políticos que no se presenten. No van a decir a los ciudadanos ‘vuelvan a votar hasta que acierten’, ‘el pueblo se ha equivocado’». Su recomendación para los políticos en esta situación: «Si no son capaces de lograr la representación, pues váyanse a su casa». El ex presidente criticó en dos ocasiones que, en la actualidad, las democracias no están muriendo por golpes de estado: «Los líderes llegan por los votos y quieren quedarse por las botas».
González se mostró abierto a «reformas constitucionales», pero, sin considerarse monárquico, ha defendido el éxito de la monarquía constitucional en España. «Cuando pienso en quién podría haber sido un presidente de la república que hubiera hecho mejor papel que los reyes que hemos tenido en la democracia, no lo encuentro», ha defendido.
Buena parte de su discurso estuvo centrado en la política internacional, donde al expresidente le cuesta menos dar nombres y valorar gobiernos que cuando se refiere a la España de Pedro Sánchez. De la Venezuela de Nicolás Maduro ha dicho que es «una tiranía arbitraria que ha destruido la democracia, la economía y la seguridad del país, y ha provocado un éxodo bíblico sin precedentes». De Donald Trump ha asegurado que «ha iniciado el proceso de decadencia de EE.UU.» y que «no es posible gobernar a golpe de tuit». De Jeremy Corbyn, el líder laboralista de Reino Unido y posible próximo primer ministro, ha denunciado que «propone a los británicos volver a los años sesenta», una crítica similar a la que hace de Andrés Manuel López Obrador, el inminente presidente de México. El ascenso de estas figuras, como la de Jair Bolsonaro en Brasil, es el triunfo de «utopías regresivas», según la denominación de Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño.
González se ha mostrado preocupado por un futuro lleno de desafíos -una transición tecnológica rampante, el cambio climático- para el que duda que haya líderes preparados para acometerlos. «Pensé que me iban a olvidar antes», ha dicho con su orgullo inconfundible. «Pero no es verdad: todavía me encuentro un paisano gallego aquí en la puerta y me pide una foto. Para colmo, me pide que vuelva, lo que es aún más inquietante».
FELIPE GONZALEZ TIENE RAZÓN, SE ACABÓ EL SOCIALISMO DE ANTAÑO,EL DE LA ILUSIÓN, AHOR YA NO LO HAY.
El Gobierno da luz verde hoy a la construcción de los submarinos S-80 para la Armada.
Las entregas están previstas entre septiembre de 2022 y julio de 2027.
El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy viernes la orden de ejecución de los cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 de la Armada Española. Se trata de un último trámite administrativo después de que el Gobierno aprobase el 27 de julio el aumento del techo de gasto de este programa militar desde los 2.135 millones iniciales a los 3.905 millones finales.
Hay que recordar que los submarinos S-80 empezaron a construirse en 2005 sufriendo diversos contratiempos ya superados tras el asesoramiento del astillero estadounidense General Dynamics Electric Boat y la US Navy. La última corrección se realizó por un desfase en su peso que obligó a alargar su eslora de los 72 metros iniciales a los 80,81 finales. De ahí, el retraso de este programa y la desviación del presupuesto en 1.771 millones de euros.
Pese a los retrasos y la necesidad de subir el techo de gasto, Navantia continuó con la construcción en sus instalaciones aunque necesitaba este último paso administrativo adoptado hoy por el Consejo de Ministros.
Según las últimas estimaciones del astillero en Cartagena, el calendario de entrega es el siguiente: S-81 Isaac Peral, en septiembre de 2022; S-82 Narciso Monturiol, en mayo de 2024; S-83 Cosme García, en marzo de 2026; y S-84 Mateo García de los Reyes, en julio de 2027.
Estos nuevos sumergibles relevarán a los actuales Galerna (S-71), Mistral (S-73) y Tramontana (S-74), que alcanzarán así los 40 años de servicio al final de su vida útil después de las obras de revisión a las que van a ser sometidos en los próximos años. El Siroco (S-72) fue dado de baja en 2012.
Los submarinos españoles suelen participar en misiones con los grupos navales de la OTAN, forman parte de la misión de la UE Sophia para evitar el tráfico ilícito de personas y realizan operaciones de inteligencia, siendo una capacidad fundamental para la Armada en el contexto del Mediterráneo.
La principal novedad del submarino diésel-eléctrico S-80 es su sistema de propulsión anaerobia que le hará navegar en las profundidades independientemente del aire («Air Independent Propulsion», AIP) lo que le proporcionará mayor autonomía y discreción (no tendrá que ir a flote con la actual frecuencia). Hay dos empresas que desarrollan el AIP y ya han llegado a una solución: Técnicas Reunidas y Abengoa. Aún falta por saber cuál de las dos se adjudicará el contrato final.
Hay que puntualizar que «los dos primeros submarinos entregados no contarán con el sistema AIP, a los que se les acoplará posteriormente en una parada de mantenimiento», destacan fuentes conocedoras del proyecto.
Misiles y torpedos
El S-80 será el primero de la Armada Española con disponibilidad para atacar objetivos terrestres ya que irá provisto con misiles sub-harpoon UGM-84 antibuque y con cierta capacidad de ataque a tierra. Estos misiles son fabricados por la estadounidense Boeing. Navantia y la también estadounidense Lockheed Martin trabajan en la integración de todos sus sensores y sistemas de armas. Por su parte el torpedo elegido es el alemán DM2 A4 (empresa Atlas Elektronik
ESTOS SUBMARIOS TENIAN EL MOTOR MAYOR QUE LA CAJA Y NO LO PODÍAN ACOPLAR,JAJAJA......DE ESO NO HABLAN COSTÓ MUCHO DINERO EL ARREGLARLO.BIEN QUE LO CALLAN.
Así como suena, la agencia de prensa del estado Chino presento a sus nuevos locutores de sus programas de noticias… Y es que el primer presentador de noticias de inteligencia artificial del mundo hizo su debut en la actual conferencia mundial de internet que se esta llevando a cabo en la provincia oriental china de Zhejiang.
La doble ilegalidad en la que ha incurrido Putin, contra el derecho del mar y contra los tratados con Ucrania, se basa en una ilegalidad anterior como fue la anexión de Crimea.
Rusia es una enorme potencia ajedrecista, pero su presidente, Vladímir Putin, acaba de demostrar su talento en el juego chino del go, donde la victoria se obtiene por un lento ahogamiento estratégico del adversario, mediante la ocupación y la conexión de espacios. Así ha caído Crimea, en una partida que empezó en 2014, cuando un misterioso ejército de hombrecillos vestidos de verde, sin galones, ni banderas, echó a la policía y a los militares ucranios de la península, y permitió la súbita organización de un referéndum de anexión a Rusia.
El golpe de 2014 fue incompleto. Crimea quedaba como un exclave de Rusia sin continuidad territorial y rodeado de aguas territoriales ajenas. Faltaban dos jugadas más para el pleno control geopolítico de la disputada península. La primera fue la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch, que separa la península de la región rusa de Krasnodar y abre paso al mar interior de Azov, compartido por Ucrania y Rusia. Con la nueva infraestructura, de 19 kilómetros, un coste de más de 3.600 millones de dólares y construida a toda prisa en dos años, Putin aseguraba dos cosas: la conexión terrestre y la limitación del paso del estrecho, ahora mucho más fácil de cerrar y controlar.
La segunda jugada acaba de producirse, cuando Rusia ha cerrado el canal de navegación con un enorme carguero atravesado y ha impedido el paso e incluso atacado a los pequeños buques de la débil marina ucrania. Ucrania ya puede dar por perdido el control soberano de su costa del mar de Azov y de los puertos industriales de Mariúpol y Berdyansk, vecinos de Donetsk, una de las dos regiones rebeldes prorrusas en la cuenca ucrania del Donbás.
La doble ilegalidad en la que ha incurrido Rusia, contra el derecho del mar y contra los tratados con Ucrania, que garantizan el libre acceso civil y militar de Kiev al mar de Azov, se basa en una ilegalidad anterior, la anexión de Crimea. Rusia cuenta con otro exclave en territorio ucranio, en este caso un Estado prorruso no reconocido internacionalmente como Transdniéster, fruto de la secesión de Moldavia, que permitiría una jugada similar —ocupación y conexión— con la que Ucrania vería amenazada la costa que todavía tiene en el mar Negro y la ciudad de Odesa, apetecida por el nacionalismo ruso casi con tanta glotonería como Sebastopol.
Para seguir jugando al go, ocupar y conectar, Moscú cuenta con seis territorios prorrusos y Estados no reconocidos, fruto de secesiones unilaterales: tres regiones ucranias (Donetsk, Lugansk y Crimea), otra moldava (Transdniéster), una azerí (Nagorno-Karabaj) y otra georgiana (Osetia del Sur). A partir de estas casillas, a las que cabe sumar el exclave ruso de Kaliningrado, entre Lituania y Polonia, Putin puede seguir albergando el sueño de recuperar lo perdido en “la mayor catástrofe política del siglo XX”, según él mismo calificó la desaparición de la Unión Soviética. Aunque cabe considerar el paso actual como la culminación de la anexión de Crimea, no deja de ser también una advertencia.
España firma un nuevo marco con Reino Unido sobre Gibraltar a tres días de las elecciones andaluzas
Los cuatro memorandos pactados buscan reducir el desequilibrio entre el Peñón y el Campo de Gibraltar.
El Brexit ha forzado a Reino Unido a pactar con España el mayor acuerdo bilateral sobre Gibraltar en más de una década. Los Gobiernos español y británico han firmado este jueves ese nuevo marco —cuatro memorandos de entendimiento sobre las áreas más conflictivas en la relación con el Peñón— que entrará en vigor en el momento del divorcio británico. La escenificación de este pacto, que busca un vínculo más equilibrado entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, región andaluza lastrada por el paro y los problemas de tráfico ilegal, se produce a menos de tres días de las elecciones en Andalucía.
Los cuatro textos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, llevan ya la firma del ministro de Exteriores, Josep Borrell, según ha confirmado él mismo por la mañana y ha ratificado a última hora un comunicado del ministerio. También la de David Lidington, número dos del Gobierno británico y encargado del Brexit. Esos acuerdos, relativos al tabaco, el medio ambiente, la cooperación aduanera y policial y los derechos de los trabajadores transfronterizos, representan el primer entendimiento aparentemente viable entre Madrid y Londres respecto a un asunto que los enfrenta desde hace 300 años. Ya hubo otro intento ambicioso en 2006, con los llamados acuerdos de Córdoba, pero no llegaron a aplicarse por desconfianza entre las partes.
Pese al avance, los efectos de este esquema son limitados —en principio solo regirán durante el llamado periodo de transición del Brexit, menos de dos años— y su nivel de ambición, inferior al que buscaba España cuando inició la negociación. Los cuatro textos recogen en sus primeros párrafos que ninguno de estos acuerdos de cooperación “conllevará una modificación de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y de Reino Unido respecto de la soberanía y jurisdicción de Gibraltar”. Es decir, que el Gobierno español no podrá servirse de este marco para hablar de cosoberanía, al menos hasta que expire su vigencia (en principio, en enero de 2021).
Los compromisos más concretos figuran en el capítulo del tabaco. El texto constata que “todas las partes interesadas han convenido en la necesidad de reducir el diferencial del precio de los productos del tabaco” entre ambos territorios. La brecha que existe entre el precio al que se venden en Gibraltar, con una fiscalidad casi inexistente, y el de España hace muy atractivo el contrabando del Peñón a territorio español. Para evitarlo, el diferencial no podrá superar el 32% del precio medio en junio de 2020, según precisa el texto. En la actualidad, la brecha mínima es del 48%, según datos del Ministerio de Exteriores. Tras años sin ningún marco de entendimiento en este terreno, el Gobierno de Gibraltar se declara en el memorando “preocupado por las consecuencias del tabaco para la salud y por la existencia de un comercio ilícito”. España había reclamado en numerosas ocasiones esta medida, sin lograr arrancar compromisos concretos.
El resto de documentos se basan principalmente en el intercambio de información y en la creación de comités conjuntos para gobernar la compleja relación con la colonia británica, considerada por España un paraíso fiscal. Consciente de que la región española que circunda el Peñón es objeto de todo tipo de tráficos ilícitos, ambos territorios consagran una cooperación policial acorde con los principios de la UE. Las autoridades se comprometen a transferirse datos relativos a investigaciones financieras y patrimoniales, así como a colaborar en delitos de seguridad vial, blanqueo de capitales y contrabando de estupefacientes.
Terrenos ganados al mar
Respecto al medio ambiente, se establecerá una comisión técnica para intercambiar información relevante, con la posibilidad de hablar de “recuperación de tierras”, según precisa el texto, que en la versión inglesa alude literalmente a “reclamación de tierras”. Se trata de la práctica que ha realizado Gibraltar de ganar artificialmente terreno al mar mediante la colocación de cemento y otros materiales (el llamado relleno) en aguas cuya soberanía se disputan Madrid y Londres. España ha criticado duramente este comportamiento, que supone realizar vertidos contaminantes al mar con el objetivo de expandir el Peñón. El texto consagra al menos la posibilidad de abordar este asunto en el momento en que la colonia, al igual que Reino Unido, abandone la UE, el 30 de marzo de 2019.
El texto más vago, el relativo a los derechos de los ciudadanos, es el de mayor sensibilidad para las dos partes: las garantías de los ciudadanos a ambos lados de la verja. El motivo es que resulta menos controvertido y, por tanto, ha podido pactarse con más alcance en el protocolo del Brexit incluido en el acuerdo general entre Bruselas y Londres, que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ratificaron el pasado domingo. El texto confirma la voluntad de cumplir lo establecido en ese protocolo europeo, relativo a la no discriminación de los ciudadanos españoles con ocupación o intereses en Gibraltar y viceversa. También crea una comisión conjunta para hacer seguimiento de este capítulo.
A los cuatro memorandos se les unirá un tratado fiscal —para intentar limitar la competencia desleal que ejerce la colonia—, que se formalizará más adelante porque requiere tramitación parlamentaria. Estos documentos de entendimiento llevan ya varios días finalizados, pero su publicación se ha retrasado a la espera de que se solventase el escollo principal de este proceso: la amenaza española de vetar el acuerdo general del Brexit por su disgusto con la forma como el acuerdo general del Brexit abordaba la cuestión de Gibraltar. Una vez cerrado en la cumbre europea, Madrid y Londres han avalado esta otra vía bilateral de entendimiento.
El Gobierno español acepta acoger la final de la Libertadores entre Boca y River
Pedro Sánchez anuncia que las fuerzas de seguridad trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar el buen desarrollo del evento, que se celebraría el 9 de diciembre.
El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, River-Boca, que se suspendió el pasado 24 de noviembre después de los incidentes en los alrededores del estadio Monumental de Buenos Aires, está cerca de cerrar una nueva sede, el Santiago Bernabéu, en Madrid, después de un acuerdo en el que han estado trabajando en las últimas horas la Conmebol, la FIFA, la UEFA, la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Real Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha confirmado la cercanía del acuerdo. "España está dispuesta a organizar la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] y los servicios implicados, con amplia experiencia en dispositivos de este tipo, trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar la seguridad del evento", ha comunicado Sánchez a través de Twitter mientras volaba a Buenos Aires para la cumbre del G20.
Este mismo jueves por la tarde, a las 17.00, la Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía Nacional recibieron a un grupo de enviados de la Conmebol y la FIFA, que en el transcurso del encuentro solicitaron formalmente la celebración del partido en el Santiago Bernabéu, acompañados de representantes del Real Madrid. La Delegación del Gobierno ha recibido la petición y las fuerzas de seguridad han comenzado a estudiar las implicaciones y el plan necesario. Se han comprometido a dar una contestación en breve, pero sin precisar tiempos.
Después de los altercados del sábado 24, la final se había programado para el domingo 25, en el mismo escenario, el Monumental, pero tampoco se disputó ese día, y los dirigentes acordaron aplazar el partido. Se citaron el martes, en Asunción, capital de Paraguay, junto con la cúpula de la Conmebol, para intentar encontrar una solución. Sobre la mesa, tenían, además, la reclamación de Boca de que se le concediera el título de campeones de la Libertadores sin que se disputara ya el partido de vuelta. Esta posibilidad sigue pendiente de fallo definitivo, mientras se ha seguido trabajando para desatascar el conflicto.
Poco después se llegó a cerrar una fecha tentativa: el partido se disputaría el 8 o 9 de diciembre, y sería fuera de Argentina. Se exploró entonces la opción de jugar el partido en Doha (Qatar), que tenía en cuenta que pocos días después, del 12 al 22 de diciembre, se disputaría el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos, y allí tendría que competir el vencedor del título de la Libertadores. Esa opción tampoco se cerró. Como tampoco se pusieron de acuerdo las partes en llevar el partido a Asunción, lugar principal de las negociaciones.
La FIFA y la Conmebol abrieron entonces la vía española, junto con la UEFA. Los tres organismos se pusieron en contacto con la FEF para estudiar la posibilidad de llevar el partido a España. La federación dio su visto bueno a ese plan, que apuntaba al estadio Santiago Bernabéu como sede del partido. Según fuentes conocedoras de la negociación, tanto la FEF como el Real Madrid están de acuerdo en que el encuentro se celebre en el recinto madridista, el sábado 8 de diciembre o el domingo 9. Ese fin de semana el estadio no tiene programado partido del Real Madrid, que juega su encuentro de Liga el domingo 9 a las 16.15 contra el Huesca en El Alcoraz.
Las negociaciones para llevar el encuentro decisivo de la Libertadores al Bernabéu (el resultado de la ida fue 2-2, sin valor doble de los goles fuera de casa) se encuentran muy avanzadas, "al 90%", según fuentes cercanas a las conversaciones, que esperan que el anuncio definitivo se realice este mismo jueves por la tarde. Para ello, la federación debe recibir un acuerdo firmado por las tres organizaciones futbolísticas que se han implicado en el proceso, Conmebol, FIFA y UEFA.
El Real Madrid, de acuerdo con este plan, no cedió en cambio en 2012 su estadio para que se jugara allí la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Barcelona. Alegó entonces que necesitaba emprender obras en los baños y en algunos asientos del recinto nada más terminar la temporada. El partido se jugó en el Vicente Calderón. Las últimas tres finales de Copa también se han disputado en Madrid, pero ninguna de ellas ha sido en el Bernabéu: en 2016 y 2017 fue en el Calderón; y en 2018, en el Wanda Metropolitano, que acogerá el próximo sábado 1 de junio la final de la Champions League.
¿ CUÁNTO NOS VA A COSTAR A LOS ESPAÑOLES LA SEGURIDAD? Y PROPONGO QUE LOS TRAIGA SÁNCHEZ EN SU AVIÓN PARA AHORRAR ALGO.
Robles destituye a un general asesor del Jemad por críticas en un WhatsApp.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destituido al general de brigada del Ejército de Tierra Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés como director del Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Jemad), general Fernando Alejandre.
La orden de destitución, a la que ha tenido acceso Servimedia, fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y en ella se precisa que el cese ha tenido lugar a petición del Jemad.
En la orden se indica lo siguiente: «A propuesta del Jemad, dispongo el cese del general de brigada del Ejército de Tierra Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés como director del Gabinete Técnico del Jemad».
Fuentes de Defensa rehusaron comentar las razones que han provocado este cese. No obstante, el diario «El País» indica que la destitución podría estar motivada por los comentarios despectivos que el general Díaz Rodríguez-Valdés habría proferido en un foro de WhatsApp contra la directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce, y contra el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre.
Precisamente estas dos personas tienen a su cargo la decisión de la participación de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, que aún no se ha concretado, según fuentes de toda solvencia consultadas por ABC. En un primer momento el Ministerio de Defensa iba a desistir de participar, una decisión insólita en los últimos 18 años.
Posteriormente, la ministra Robles rectificó y aseguró la participación militar en la principal cita educativa y laboral de la comunidad catalana: «El Ejército español sí que va a estar en la feria de Barcelona como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad», dijo.
Aún está por ver el espacio que ocupan las Fuerzas Armadas en la feria y los metros cuadrados adquiridos.
ROBLES QUE NO JUEGUE CON EL EJÉRCITO QUE ESTÁ MUY CANSADITO YA
Casado promete aprobar un 155 «sin complejos» en su primer Consejo de Ministros
El líder del PP acusa al Gobierno de Sánchez de perder la dignidad por no defender a su ministro cuando le escupen sus socios independentistas, y llama «cómplice» a Susana Díaz.
El presidente del PP, Pablo Casado, de campaña electoral hoy en la provincia de Málaga, acompañado de Adolfo Suáez Illana, ha exigido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, «de inmediato y sin complejos». El líder del PP ha prometido que cuando sea presidente del Gobierno lo aprobará en el primer Consejo de Ministros.
Casado se ha referido a las huelgas y protestas en Cataluña. «Ya no es culpa de Madrid, ni es España nos roba. A Cataluña se le ha ido la autonomía de las manos, ya no hay enemigo exterior al que echarle la culpa». «Hay que aplicar el 155 de inmediato, con la duración que haga falta y en el ámbito competencial que sea necesario», ha señalado.
Por eso, Casado ha pedido un 155 «como el que aplicó el PP, pero con las cosas que no nos dejaron aplicar los de Ciudadanos ni los del PSOE, que enmendaron en el Senado cualquier competencia en educación, medios públicos e Interior».
«Es un 155 para recuperar la autonomía de Cataluña. La Generalitat es un Gobierno fallido, una autonomía desleal, prevarica al usar sus fondos públicos para el proceso independentista, en vez de dedicarlos a las demandas de los ciudadanos».
«Sin complejos, aplicación del 155, con nombramiento del Govern desde el Gobierno de la Nación, hay que poner orden en Cataluña», ha pedido Casado desde Málaga.
Casado ha culpado al Gobierno de Sánchez de perder la dignidad, por no defender a su ministro de Exteriores cuando sus socios independentistas «le escupen».
Por eso, Casado cree que estas elecciones autonómicas en Andalucía, las del próximo domingo, son fundamentales para esta Comunidad, pero también para España: «Estas elecciones son fundamentales para España, son el primer paso para echar a Pedro Sánchez de Moncloa», ha advertido Casado, quien ha denunciado la «complicidad de Susana Díaz».
En un acto en el Centro Pompidou de Málaga, Casado ha destacado que el PP no quiere mutilar la educación pública andaluza, como dice Susana Díaz, sino rescatarla y restaurarla. «Nuestro modelo es educación de competencia estatal, administrado por autonomías responsables».
El líder del PP ha insistido en otra propuesta de los populares: la reforma de la ley del Menor para endurecerla y la ampliación de los supuestos para la prisión permanente revisable. En ese sentido, propone bajar la edad de responsabilidad penal en los casos más graves, y el ingreso en prisión cuando se cumpla la mayoría de edad.
Casado ha aprovechado la presencia de Suárez Illana para agradecerle el compromiso con el nuevo PP: «Es una persona que siempre se ha arrimado al toro, cuando ha hecho falta que lo hiciera por su país. Representa el combate de ideas, siendo una referencia dese hace dos décadas con sus escritos, y un avanzadilla fundamental en la marca España en el mundo jurídico a nivel internacional».
LO PROMETE PORQUE VE LEJOS LA POSIBILIDAD DE GOBERNAR Y ASI NO ADELANTARÍA NADA.
El Gobierno recuperará la obligación de jubilarse cumplida la edad legal.
La extinción forzosa se recogerá en los convenios colectivos y estará vinculada a objetivos de empleo .
El Ejecutivo se ha propuesto poner patas arriba la legislación laboral y deshacer el camino andado por el anterior Gobierno. El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales cambios normativos que persiguen descafeinar la reforma del mercado de trabajo, entre ellos volver a introducir cláusulas en la negociación colectiva que obliguen a la jubilación forzosa por edad. Un asunto en el que el acuerdo con los agentes sociales es total, dado que fueron empresarios y sindicatos los que reclamaron esta medidas al Ejecutivo el pasado julio cuando sellaron el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).
La reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 prohibió la inclusión de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios en un contexto de fuerte crisis. Aquel año la destrucción de empleo se convirtió en una amenaza para la viabilidad del sistema de Seguridad Social, motivo por el que se buscaron medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad, fomentando así la prolongación de la vida laboral como objetivo compartido por la mayoría de los países de la Unión Europea.
«Sin perjuicio de reconocer el carácter voluntario para el trabajar de la jubilación, la mesa del diálogo social ha considera oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta causa de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación», asegura la propuesta de acuerdo enviada por el Ejecutivo a los agentes sociales a la que ha tenido acceso ABC.
El texto especifica que para que la jubilación forzosa sea viable el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos para tener derecho a la pensión completa de jubilación en su modalidad contributiva. Además, la extinción deberá vincularse a objetivos de políticas de empleo expresadas en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o «cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad en el empleo».
Cambiar el Estatuto
La posibilidad legal de que los convenios colectivos establecieran la jubilación forzosa se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, y desde el texto refundido del año 1995 se regulaba en la disposición adicional 10ª del mismo, que es la que se modificó en 2012 y ahora el Gobierno socialista volverá a modificar.
Por efecto de la Ley 5/2001 se suprimió, para luego volverse a permitir en el año 2005, mediante la Ley 14/2005, siempre que se vinculara a objetivos coherentes con la política de empleo, tales como la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo o la contratación de nuevos trabajadores, y siempre que el afectado reuniera los requisitos para acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social.
La Ley 27/2011 mantuvo la jubilación forzosa y únicamente la modificó con la finalidad de que no afectara a trabajadores con pensiones de jubilación claramente mejorables. En este sentido, estableció que el trabajador afectado tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización que le permitiera aplicar un porcentaje de un 80% sobre la base reguladora para el cálculo.
En la propuesta de acuerdo remitida por el departamento que dirige Magdalena Valerio a los agentes sociales también se incluye la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años que fue uno de los que recortó la reforma de 2012. Entonces se elevó la edad mínima para empezar a percibirlo de 52 a 55 años. Además se adaptarán los requisitos a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que derogó la exigencia de que la prueba de rentas tenga en cuenta los ingresos de toda la familia. Así que, de nuevo, volverá a requerirse solo la renta individual del beneficiario. Los perceptores percibirán esta ayuda hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y será el Estado el que cotizará por esta contingencia por jubilación durante la percepción del subsidio.
Mayores de 52 años
El Ejecutivo justifica la recuperación de este subsidio en «mejorar las condiciones de acceso de los mayores de 52 años, colectivo especialmente vulnerable por su edad y por tratarse de parados de larga duración». La memoria económica adjunta especifica que 372.000 personas se beneficiarán por una medida que solo en 2019 costará 377 millones, cifra que se elevará hasta los 1.250 millones anuales cuando esté plenamente en vigor.
AHORA EL GASTO DE LAS PENSIONES SUBIRÁ Y POR OTRA LADO JUBILARÁN A MI MÉDICA DE CABECERA QUE YA ERA HORA.
Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875-Colliure, 22 de febrero de 1939)
Cuando sea mi vida…
Cuando sea mi vida, toda clara y ligera como un buen río que corre alegremente a la mar, a la mar ignota que espera llena de sol y de canción. Y cuando brote en mi corazón la primavera serás tú, vida mía, la inspiración de mi nuevo poema. Una canción de paz y amor al ritmo de la sangre que corre por las venas. Una canción de amor y paz. Tan solo de dulces cosas y palabras. Mientras, mientras, guarda la llave de oro de mis versos entre tus joyas. Guárdala y espera
La marina de Ucrania dice que Rusia disparó y se apoderó de tres de sus buques frente a las costas de Crimea, en un gran aumento de las tensiones.
Dijo que dos cañoneras y un remolcador fueron capturados por las fuerzas especiales rusas después de una persecución. Dos tripulantes ucranianos resultaron heridos.
¿Por qué hay un centenar de tribus que quieren seguir aisladas?
Se han enfrentado a la colonización, a la explotación de sus tierras y a enfermedades.
Hay en torno a un centenar de pueblos aislados o no contactados, la mayor parte en Sudamérica y en Nueva Guinea, además de en el centro de África y en algunas islas del Índico. De ahí son los sentineleses, que habitan la isla de Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán (India). De ellos se está hablando en los últimos días después de que asesinaran a John Allen Chau, un misionero estadounidense que pretendía evangelizarlos.
“No hay que pensar que por el hecho de que un pueblo esté aislado por decisión propia desconozca el mundo por completo”, explica a VerneFernando Monge, profesor de Antropología en la UNED. Simplemente “no tienen interés por establecer contactos con su entorno”.
Un entorno que rehúyen, pero que conocen, apunta Luisa Abad, antropóloga de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Todos los contactos que estas comunidades han establecido con la población dominante han tenido consecuencias negativas”.
En el caso del Amazonas, donde ella estuvo trabajando, Abad recuerda la “experiencia traumática que supuso el genocidio a finales del siglo XIX a consecuencia de la extracción del caucho” en esta región, que “probablemente se ha transmitido desde entonces mediante narraciones orales”. Actualmente, estas comunidades siguen enfrentándose a los intereses “de las compañías extractivistas de gas, hidrocarburos y madera”.
Campaña de la ONG Survival en defensa de los indígenas aislados
Colonización y enfermedades
La situación de estas tribus es similar en todo el mundo. La página web de la ONG Survival, que defiende los derechos de los pueblos indígenas, recoge testimonios parecidos de tribus de Perú como los catacaibo y los isconahua, por ejemplo. En cuanto a los sentineleses, recuerda que las tribus vecinas “fueron aniquiladas después de que los británicos colonizaran sus islas”.
Otro de los riesgos que corren estos grupos es el hecho de que no tienen inmunidad a enfermedades comunes como el sarampión o la gripe, que suponen un riesgo mortal para ellos. Abad recuerda que este es otro motivo por el que estas comunidades quieren evitar el contacto con extraños: en muchas ocasiones estas experiencias han terminado con miembros de la comunidad falleciendo tras un contagio. Esta es también una de las razones por las que las autoridades indias han renunciado a recuperar el cadáver de Chau, al menos por el momento.
Abad añade que estas tribus sí establecen contactos esporádicos con otros pueblos vecinos cuando lo necesitan, antes de volver a replegarse, uno de los motivos por los que no se considera correcto hablar de “pueblos no contactados o aislados” y es mejor referirse a “pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial”.
Al respecto, Abad recuerda que, estando en Perú, los machiringas le hablaron de estos contactos que habían mantenido con personas de algunas comunidades aisladas con las que comparten idioma. “Su principal preocupación era que estaban rodeados”.
En el Amazonas es precisamente donde se estima que hay más tribus sin contactar: la web Big Think recoge que el Gobierno brasileño estima que hay unas 77, mientras que National Geographic eleva la cifra a 84. Las estimaciones no son fáciles, ya que a menudo se trata de observaciones hechas sobrevolando la zona o según el testimonio de otras comunidades que viven cerca. De hecho, en 2005 un helicóptero sobrevoló Sentinel del Norte para comprobar los efectos de un tsunami en la zona. Uno de los habitantes le recibió lanzándole una flecha con su arco.
Grabación aérea de una tribu aislada del Amazonas publicada por la ONG Survival
Derechos poco respetados
¿Qué ocurre si alguien hace caso omiso a todas estas precauciones y quiere visitar uno de estos pueblos? La cuestión legal es más compleja y depende de cada país. En el caso de Sentinel del Norte y según recogía EL PAÍS, “la presencia de extranjeros está prohibida en las inmediaciones, aunque investigadores locales alegan falta de control marítimo en la zona”.
Monge apunta que a este respecto hay un marco básico que es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU en 2007. Este documento, votado tras 20 años de negociaciones, reconoce su derecho a la propiedad de la tierra, a los recursos naturales de estos territorios, al respeto a sus tradiciones y a la autodeterminación.
Sin embargo y como explica Abad, la legislación nacional e internacional no se respeta por culpa de los intereses económicos que hay detrás, especialmente en el Amazonas. “Si en Sentinel del Norte hubiera petróleo, no se habría dejado en paz a los sentineleses como hasta ahora. Y tampoco se les habría respetado si no se hubieran defendido continuamente”.
Sin dejar de lamentar la muerte de Chau, Abad apunta que lo que hizo fue un “gravísimo error”, fruto de “la falta de información y de la prepotencia”. Y añade: “Ellos no nos han pedido que vayamos. Hay que respetar su decisión”.
No siempre se ha hecho: Survival recoge en su web la experiencia de los jarawa, una tribu nómada de unas 400 personas, también de las islas Andamán. Algunos de los jarawenses rompieron su aislamiento en 1998 y desde entonces la comunidad se ha enfrentado a intentos de “sedentarización” por parte de las autoridades locales, además de a los cazadores ilegales que se hacen con los animales que necesitan para su subsistencia. A esto hay que sumar dos epidemias de sarampión en los últimos 20 años y el turismo masivo. Survival usa el término “safaris humanos” por cómo los turistas conducen por su territorio con la esperanza de “avistarlos”.
Tribu aislada del Amazonas. AFPMEJOR VIVIR COMO UN INDIO QUE HACIENDO EL INDIO EN ESTA SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN Y EXCLAVITUD SIBILINA.
La juez del ‘caso máster’ procesa a Cristina Cifuentes
La magistrada también propone juzgar a Enrique Álvarez Conde, considerado cerebro de la trama.
La juez del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que cursó en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En un auto fechado este miércoles, la magistrada toma la misma decisión contra el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama; Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta; y Teresa Feito, la exasesora del Gobierno regional que supuestamente acudió a la URJC cuando saltó el escándalo para presionar a los profesores.
La propia juez considera en su auto que Feito actuó "indiciariamente siguiendo instrucciones" de Cifuentes, "con la finalidad de ocultar los hechos descritos y para evitar perjuicios" a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Según la magistrada, Feito "instó" a Álvarez Conde a "que creara [...] los documentos necesarios" para justificar que Cifuentes "había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para disfrutar del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".
Cifuentes dimitió en abril tras aguantar más de 30 días en el cargo después de que saltara la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y al haberse publicado un vídeo en la que se la veía robando cremas en un supermercado. El caso del IDP de la URJC acabó por afectar también al líder del PP, Pablo Casado, y a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, que dimitió por otra polémica relacionada con el mismo máster.
La juez del caso máster decidió archivar la principal línea de investigación de la causa tras la decisión del Tribunal Supremo de no imputar al líder del PP, Pablo Casado, por no existir indicios suficientes.
Aguado: "Tenemos que dirimir quiénes lo sabían"
Ciudadanos no cree que las investigaciones por el caso máster hayan acabado todavía. El líder autonómico del partido, Ignacio Aguado, ha insistido este miércoles que, tras la decisión de la juez de procesar a la expresidenta, cobra todavía más sentido la comisión de investigación sobre universidades que se prevé conformar en la Asamblea de Madrid. "Cifuentes mintió a todos los madrileños en sede parlamentaria y tomó el pelo a los universitarios. La justicia tiene que dirimir si ha habido responsabilidades penales. Pero a nosotros nos corresponde dirimir si ha habido responsabilidades políticas y qué personas han participado en este asunto. Quiénes lo sabían". "A pesar de que el PP siga poniendo palos en las ruedas, ya no tiene mayoría y esa comisión va a salir. Todos los que se hayan beneficiado de un trato de favor en la universidad, tendrán que comparecer", ha apostillado Aguado. ESTO ESTA AL ORDEN DEL DÍA,A ESAS PERSONAS EN ALGÚN MOMENTO PENSAMOS QUE ERAN HONRADAS Y LAS CREIMOS.
