EL SUPREMO SIENTA EN EL BANQUILLO A JUNQUERAS Y A OTROS 17 LÍDERES INDEPENDENTISTAS

El Supremo sienta en el banquillo a Junqueras y a otros 17 líderes independentistas.

El alto tribunal cierra el sumario del 'procés' y abre juicio por rebelión, malversación y desobediencia.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas catalanes serán juzgados en los próximos meses en el Tribunal Supremo por declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral. La Sala de lo Penal ha decretado el cierre del sumario por rebelión, malversación y desobediencia, abierto el 31 de octubre de 2017, y ha ordenado la apertura de juicio oral, que se celebrará, previsiblemente, a principios de 2019. En el banquillo se sentarán, además de Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Raül Romeva y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

La Sala de lo Penal ha dictado este jueves dos autos: el primero, para confirmar el cierre de la investigación decretado en junio por el instructor del caso, Pablo Llarena, y ratificar los procesamientos que este dictó. Y el segundo, para abrir juicio oral. Con esta decisión, el alto tribunal zanja el intento de los acusados de dilatar la causa y el caso entra en una nueva fase que desembocará en el juicio más importante celebrado en el Supremo desde el del golpe de Estado del 23-F. Ahora se abre un plazo de cinco días para que las acusaciones —Fiscalía, Vox y Abogacía del Estado— concreten su petición provisional de pena contra los encausados. Después será el turno de las defensas de los procesados, entre ellos los nueve que están en prisión preventiva acusados de rebelión.

El Supremo considera que los acusados, junto a los siete procesados que se fugaron y están declarados en rebeldía (entre ellos el expresidente Carles Puigdemont), tuvieron un papel esencial en un plan urdido desde 2012 en la Generalitat para declarar la independencia de Cataluña a toda costa. En medio, se saltaron la Constitución, leyes estatales e incumplieron decenas de resoluciones del Tribunal Constitucional que anulaban las iniciativas que aprobaban el Govern y el Parlament para avanzar en su plan secesionista.

El alto tribunal juzgará por rebelión a los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva: el exvicepresidente Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC y actual diputado del PDeCAT Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Jordi Cuixart. Los exconsejeros, incluidos también Meritxel Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, se sentarán también en el banquillo por malversación de caudales públicos. El Supremo abre asimismo juicio por desobediencia contra Borràs, Vila y Mundó;  los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya.

El alto tribunal ha dejado definitivamente fuera de la causa al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT y actual senadora, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

En sus autos de este jueves, el Supremo ha rechazado la petición de los acusados para que se practicaran nuevas pruebas antes de confirmar los procesamientos dictados por Llarena. "La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento", señala la Sala de lo Penal, que añade que admitir las casi 300 diligencias que han pedido las defensas "conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 de la Constitución)". "La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable", zanja la sala.

El único plazo que precisa el alto tribunal en sus autos de este jueves son los cinco días que tienen las acusaciones para presentar los escritos en los que deben conretar qué delitos atribuyen a cada procesado. Ese plazo vence el próximo 2 de noviembre y la Fiscalía ya ha anunciado que no lo agotará. Vox y la Abogacía del Estado podrían, si quieren, pedir una prórroga. Después se abrirá un plazo para que las defensas entreguen sus escritos.

La previsión del Supremo es iniciar el juicio a principios de 2019, aunque la intención es hacer antes de Navidad la llamada vista de previo pronunciamiento, en la que se dirimen cuestiones previas planteadas por las partes que hay que resolver antes de la vista oral. El alto tribunal da por hecho que el juicio se prolongará al menos tres meses. Si se cumple esa estimación, la sentencia difícilmente estará dictada antes del mes de junio, es decir, no se conocerá antes de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 26 de mayo de 2019.

El tribunal estará formado por siete magistrados. El alto tribunal ha confirmado este jueves que a los cinco que hasta ahora han conformado la sala que ha dictado los autos desde que Llarena dio por cerrada la investigación (el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral) se sumarán dos jueces más: Andrés Palomo y Ana Ferrer.

Los magistrados rechazan en sus autos la petición de las defensas para que la sala que va a juzgar a los procesados se pronuncie acerca de si concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión. Eso será lo que se dilucide en el juicio, no ahora, advierten los jueces.  "El esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta sala, por ejemplo, la necesidad de un pronunciamiento expreso acerca de la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión, es un empeño tan legítimo, en términos de defensa, como inasumible en el plano técnico", señala la sala, que añade: "La apertura del juicio oral sólo descansa en la convicción de esta sala de que los hechos descritos en el procesamiento son hechos típicos. Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación. No requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento. El control de las decisiones del instructor ha tenido un cauce específico a través de las impugnaciones hechas valer ante la Sala de Recursos".

AHORA VER QUÉ PASA ,SE VERÁN LOS PACTOS SI LOS HAY.