UNA JUEZ IMPUTA AL GERENTE DE LA AGENCIA DEL PSOE VALENCIANO.

Imagen de archivo de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor

La juez imputa al gerente de la agencia del PSOE valenciano por un contrato con el Gobierno de Zapatero.

Alberto Gomar declarará el 12 de junio como investigado por un delito de malversación por una adjudicación del Ministerio de Vivienda en la etapa de Beatriz Corredor.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado a Alberto Gomar, exgerente de la agencia Crespo Gomar, investigada por la financiación ilegal del PSOE valenciano, por un delito de malversación de caudales públicos relacionado con un contrato adjudicado por importe de 126.208 euros adjudicado por el Ministerio de Vivienda en el año 2009, cuando estaba dirigido por Beatriz Corredor, actual miembro de la Ejecutiva del PSOE.

En un auto fechado el 21 de mayo al que ha tenido acceso ABC, la juez cita a Crespo Gomar a declarar en calidad de investigado el próximo 12 de junio. La juez expone que consta en la causa la participación en dicho procedimiento del imputado, Administrador Gerente de la empresa adjudicataria.

Según el auto, «del examen del expediente e informe pericial se deduce las existencia de irregularidades en el procedimiento de adjudicación del contrato quue pudieran ser indiciariamente constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos».

Junto a Gomar, se encuentran investigados el que fue subsecretario de Vivienda en la etapa de Corredor, Marcos Vaquer; el director del gabinete de la ministra, Nicolás Mateos; la responsable de comunicación Eva Cuesta; o la subdirectora general Irene Domínguez. Todos ellos declararán también el 12 de junio. El primero había solicitado ser asistidos por la Abogacía del Estado.

También se hallan entre los citados, de acuerdo con un auto fechado este jueves, Pedro Plasencia Fernández, exsubdirector general de la Oficina Presupuestaria en Vivienda; Irene Domínguez-Alcahuz Martín-Peña, abogaba jefe del Estado en el Ministerio de Vivienda en la etapa de que se investiga, quien ya declaró y admitió las irreguladirades, aunque se desvinculó de ellas. Todos ellos participaron en el procedimiento para adjudicar el contrato.

La causa está abierta por los delitos de prevaricación y malversación y pone el foco en la etapa de Beatriz Corredor, actual miembro de la Ejecutiva del PSOE y una de las posibles alcaldables por Madrid.

La investigación que se ha llevado a cabo durante el último año y medio en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) en las elecciones de 2007 ha puesto en la lupa en contrataciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que la Fiscalía aprecia al menos tres delitos.

Doble citación en el Senado y en los Juzgados

Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la magistrada decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm. El PP ha citado a Alberto Gomar en la investigación del Senado sobre la financiación de los partidos el próximo 7 de junio, cinco días antes de la declaración del exgerente de la agencia ante la juez.

Alberto Gomar también está imputado por el juzgado de Benidorm que investiga los contratos a la agencia por parte de dicho Ayuntamiento cuando lo gobernaba el socialista Agustín Navarro para las instalación de unos «Opinómetros» con fondos del Plan E.

LA CORRUPCIÓN  POLÍTICA ES UNA PLAGA QUE DAÑÓ LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA