El presidente del Gobierno durante una conferencia celebrada en Bulgaria el pasado 15 de mayo
Rajoy bloquea con el Boletín catalán el nombramiento de los consejeros presos y fugados
El presidente trasladó ayer a Rivera y Sánchez su decisión de no publicar los nombramientos, lo que mantiene en vigor el 155 en Cataluña
El Gobierno considera una «provocación» que el nuevo «president» de la Generalitat, Quim Torra, pretenda designar consejeros de su ejecutivo autonómico a cuatro personas que están en situación de prisión provisional o huidos, lo que haría inviable el ejercicio efectivo de sus funciones. Por eso, como adelantó ABC, ha informado al secretario de la Generalitat que bloqueará su nombramiento evitando que el decreto firmado por Torra con sus nombres sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, lo que implica que se mantiene en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El Gobierno central controla el boletín catalán en virtud del artículo 155, que no decaerá hasta que el Govern esté constituido y todos los consejeros hayan tomado posesión de sus cargos. La Moncloa no dará por válido el decreto de nombramiento de Jordi Turull, Josep Rull -en prisión preventiva- ni de Toni Comín y Lluis Puig -fugados en Bélgica- que firmó ayer Torra al considerar que no están en condiciones de ejercer sus funciones.
El ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales que dirige Soraya Sáenz de Santamaría ha transmitido por carta al secretario del Govern de la Generalitat, Víctor Cullel, esta decisión (puedes descargar la carta aquí). Se le informa de que se procederá a la publicación del decreto por el que se crea la estructura del nuevo gobierno autonómico de Quim Torra, pero no así al segundo decreto en el que se precisa el nombramiento de los consejeros. «Se va a proceder a analizar la viabilidad de su publicación», explica por escrito el subsecretario del Ministerio, José María Jover, «atendiendo a las circunstancias que concurren» en los encarcelados y huidos.
Sánchez y Rivera, de acuerdo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó ayer por teléfono al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, su intención de no dar validez a estos cuatro consejeros propuestos por Quim Torra, informa Efe. Los tres se manifestaron de acuerdo en bloquear estos nombramientos, lo que supone ampliar en el tiempo la intervención en Cataluña bajo el 155 hasta que no se proponga un Govern viable.
«Estrategia de confrontación»
En un comunicado difundido ayer por la tarde nada más desvelar Torra sus planes, el Gobierno afirmó que el nuevo «president» demuestra su deseo de «mantener su estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana». La Moncloa le recriminó que «no es sincera» su voluntad de diálogo expresada horas antes en su carta remitida al presidente, Mariano Rajoy. Y habló de «provocación».
«El Presidente de la Generalitat ha desaprovechado hoy una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana», señala la nota gubernamental.
En esta, la Moncloa avisó a Torra de que «dadas las circunstancias personales de algunos de los designados» se estudiará su «viabilidad» y, en consecuencia, se bloqueará su designación. Además, se precisó que el «único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto» por Torra es «el Gobierno de España a través de su Secretariado».
Apoyo de Sánchez y Rivera
Pedro Sánchez, el líder socialista, en una entrevista que publica hoy La Razón, asegura que apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como consejeros de personas en prisión o huidas en el extranjero y que, en consecuencia, mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Por su parte, Rivera ha venido insistiendo en la necesidad de mantener también el 155 por la actitud de Torra.
Quim Torra, el nuevo «president» de la Generalitat, en otra entrevista que publica El Punt-Avui, defiende la «restitución» de los exconsejeros y considera «inimaginable» que el Estado no levante el artículo 155 ya que cree que, de no hacerlo, «infringirá el decreto aprobado» y provocará una «crisis institucional de dimensiones considerables».
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha acusado en Twitter al Gobierno de Mariano Rajoy, al PSOE y a Ciudadanos de «despreciar sus leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes», algo que ha calificado de «vergüenza».
Unas horas después del anuncio del «president», la defensa de Jordi Turull y Josep Rull solicitaban al juez su libertad no ya para acudir a la toma de posesión, sino para poder ejercer sus funciones como consejeros en condiciones de igualdad con el resto. Los exmiembros del equipo de gobierno de Puigdemont, ambos procesados por rebelión, pedían al juez una respuesta antes del próximo miércoles.
La ley de Presidencia de la Generalitat y del Gobierno precisa que el nombramiento de los miembros del Gobierno «surte efecto a partir de la toma de posesión». Antes, deberán ser nombrados y asumir sus cargos todos los consejeros. Según el artículo 17 de Ley de Presidencia catalana, el nombramiento de los consejeros corresponde al presidente autonómico, pero para que se haga efectivo debe publicarse su correspondiente decreto en el Diari Oficial de la Generalitat. Y habrá orden expresa del Gobierno para impedir ese trámite.
Impedir la senda de ilegalidad
Los servicios jurídicos del Estado están estudiando ya todas las opciones posibles para impedir que el nuevo gobierno continúe la senda de la ilegalidad emprendida por el anterior ejecutivo cuyos miembros están procesados por rebelión. Tiene claro que utilizará todos los medios a su alcance para evitar que se reedite un gobierno como el que forzó la aplicación del artículo 155 y recurrirá al Tribunal Constitucional las veces que sea necesario.
En su última impugnación ante el TC, la de la reforma de ley de Presidencia de la Generalitat, el Consejo de Estado dejó claro en su informe que en virtud del Estatuto de Autonomía de Cataluña, «los miembros del Consejo de Gobierno que no estén en Barcelona sólo podrán participar en las sesiones a distancia si se encuentran dentro del territorio de la Comunidad Autónoma». Ni los presos ni los huidos podrían participar de forma efectiva en ese gobierno. Sobre los primeros planea, además, una inhabilitación inminente.
MUY MAL EMPEZAMOS.VAMOS CADA VEZ PEOR
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