Choque entre los poderes del Estado por el fallo de La Manada

Los jueces y fiscales solicitan la dimisión del ministro de Justicia por señalar al magistrado discrepante y sugerir una supuesta pasividad del CGPJ

La sentencia de La Manada ha provocado un choque de trenes entre dos de los tres poderes del Estado, sobre cuya separación se cimienta la democracia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sembró ayer dudas sobre la capacidad del juez discrepante -el magistrado de la Audiencia de Navarra Ricardo González, quien apoyó la absolución de La Manada- y sugirió una supuesta pasividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, en su labor de inspección y sanción sobre este magistrado.

Las palabras del ministro provocaron el cierre de filas de todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, que solicitaron en bloque su dimisión, y encontraron comprensión en el PSOE, que consideró inaceptable el tono del juez discrepante. El CGPJ le replicó sin elevar el tono, solicitando «prudencia y mesura» al Gobierno, y reconociendo que son necesarios esfuerzos «para trabajar por una sociedad más igualitaria».

González se desmarcó de sus dos compañeros del tribunal, que condenaron a La Manada a nueve años de prisión, y concluyó -en un voto particular que ocupa 237 folios, por 134 de sentencia mayoritaria- que hubo sexo consentido «en un ambiente de jolgorio y regocijo». Los dos magistrados que impusieron su tesis condenaron a los cinco acusados por abuso sexual, y descartaron que fuera una agresión sexual, al no apreciar una intimidación suficiente. El tono del relato del juez discrepante y la condena por abuso sexual, en lugar de por violación, desató una ola de indignación en toda España, con ecos políticos.

«Debería haber actuado»

«Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe», fueron las palabras literales de Catalá a primera hora de la mañana en la cadena Cope. El ministro manifestó que el CGJP debería haber ejercitado su «potestad disciplinaria», aludió a «algunos expedientes ya abiertos» contra el juez González, y se refirió a un supuesto problema personal, del que no aportó detalles. «En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente», expresó Catalá. El Ministerio de Justicia tampoco detalló la cuestión personal del juez González a la que se refirió el ministro.

Ninguna inspección

Fuentes del CGPJ salieron al paso e informaron de que en los últimos cuatro años, los correspondientes al último mandato, no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra el juez González. Cualquier antecedente previo a esos cuatro años, habría quedado cancelados, según el artículo 427 de la Ley Órgánica del Poder Judicial. Las mismas fuentes aclararon que tampoco se ha producido ninguna petición de «seguimientos e inspecciones» por parte de la Audiencia de Navarra sobre su actuación profesional.

En la petición de visitas presenciales de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para el 2017 no figuró ninguna reclamación de inspección a la sección segunda de la Audiencia Provincial, la que condenó como un ataque sexual la actuación de La Manada contra una chica de 18 años en un portal de Pamplona en la madrugada del 7 de julio. Solo se ha presentado una petición en este sentido para 2018, sin indicación de un motivo extraordinario que justifique la visita.

Desde el órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, se añadió que tampoco consta que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ haya recibido ninguna petición de los órganos gubernativos de Navarra en estos últimos cuatro años.

En una nota, la comisión permanente del CGPJ hizo una llamada a la «responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los miembros del Poder Judicial. La ley que regula su funcionamiento otorga todas las atribuciones sobre nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces al CGPJ, un órgano creado para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Los jueces y fiscales fueron mucho más lejos y cargaron contra Catalá en un comunicado conjunto. «Exigimos una vez más la dimisión del ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo», expresaron las siete asociaciones principales de ambos colectivos: cuatro de jueces, tres de fiscales. Denunciaron que Catalá ha sembrado públicamente dudas «sobre la capacidad y condición» del juez González, y calificaron de «temeridad» la «intromisión» del Gobierno en las labores que corresponden al CGPJ. «Hoy es por el juicio de La Manada, pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministerio o de su Gobierno. Este es el verdadero peligro», alertaron las asociaciones, que consideran que el ministro ha utilizado el fallo para generar una «confusión intencionada» con «intereses electorales», cuando debería «velar por el respeto de las instituciones». Los jueces y magistrados de Navarra también solicitaron su cese.

El ministro también provocó una cascada de reacciones políticas, informa Victor Ruiz de Almirón. Desde el PSOE no se cargó en ningún momento contra él. Al contrario, la portavoz socialista Margarita Robles aseguró que el CGPJ tenía que haber tomado cartas en el asunto al advertir un retraso en la publicación de la sentencia. «Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil», expresó. Robles añadió que el voto particular contiene «ofensas a la víctima» y que ello era motivo para que el CGPJ actuase. «Hay que proteger las resoluciones judiciales y la independencia de los jueces, pero no es aceptable utilizar un voto particular para ofender a la víctima, e incluso a los propios compañeros del tribunal». Aunque no se manifestó específicamente sobre ellas, señaló que las palabras del ministro debían de haberse realizado con conocimiento de causa.

Una valoración muy diferente hicieron Ciudadanos y Podemos. «Hace un flaco favor a la separación de poderes. No es la primera vez que lo hace», señaló José Manuel Villegas. El número dos de Ciudadanos señaló que «no se puede señalar a los jueces y decir lo que tiene que hacer al CGPJ». Villegas quiso separar estas declaraciones políticas de la legítima indignación de la opinión pública. Desde Unidos Podemos, su portavoz adjunta Ione Belarra, exigió el cese inmediato de Catalá por «inmiscuirse» en el Poder Judicial.

EL ESTADO DEBE DE RESPETAR EL PODER LEGISLATIVO Y NO INTENTAR GANAR VOTOS ATACANDO A LA JUSTICIA.